El Concejo Deliberante apartó a Marcelo Román. La Justicia lo investiga por administración fraudulenta. Asume Fabián Figueroa.
El Concejo Deliberante de Allen suspendió al intendente Marcelo Román, el única de La Libertad Avanza en Río Negro, por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La suspensión fue respaldada por 6 votos a favor y 3 en contra y se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva en la causa penal.
Tal como anticipó Letra P, el avance del expediente judicial terminó por modificar el mapa político de la ciudad. Con la iniciativa ciudadana comenzó a poner contra las cuerdas al libertario, la oposición ya contaba con los votos para desplazarlo provisoriamente y poner al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), al frente del Ejecutivo municipal.
Así, ahora la UCR sumará otro municipio en Río Negro, donde ya gobierna Guardia Mitre y Darwin. Román no percibirá dieta ni ningún tipo de remuneración.
Un antecedente había ocurrido en 1999, cuando el entonces intendente radical Ulises Gentile enfrentó un proceso de revocatoria impulsado por vecinos. Fue la primera gran utilización de los mecanismos de democracia participativa previstos en la Carta Orgánica de Allen, aunque en este caso fue el Concejo que por los votos decidió suspenderlo.
La sesión comenzó cerca de las 11 de este miércoles con el tratamiento del proyecto elaborado sobre la base del dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante, Néstor Soler, quien consideró que correspondía aplicar el artículo 109 de la Carta Orgánica luego de la formulación de cargos dispuesta por la Justicia.
La normativa municipal establece que, cuando un funcionario es imputado en una causa penal y existe intervención del tribunal competente, el Concejo Deliberante debe resolver, previo dictamen jurídico, si corresponde disponer su suspensión preventiva. También determina que, si el funcionario resulta absuelto, recuperará automáticamente el cargo, mientras que una eventual condena firme derivará en su destitución.
En su análisis, Soler sostuvo que la medida "tiene como principal y única finalidad la preservación de las pruebas que aún restan producirse". El dictamen advierte que todavía quedan pendientes las declaraciones de diez empleados municipales y pericias contables solicitadas por la fiscalía y la querella, por lo que la permanencia del intendente podría afectar el normal desarrollo de la investigación.
Antes de la sesión, Marcelo Roman difundió una carta pública en la que cuestionó el avance del Concejo y acusó a la oposición de intentar quedarse con el gobierno municipal sin haber ganado las elecciones.
"Hoy estaríamos ante un golpe institucional antidemocrático y no estará solamente en discusión este intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo y violar la Carta Orgánica Municipal", sostuvo el jefe comunal.
Los tres concejales oficialistas acompañaron esa postura y rechazaron la ordenanza. La edil Valeria Bezic afirmó que el Concejo estaba invadiendo competencias propias del Poder Judicial y advirtió sobre el precedente institucional que podría dejar la decisión si la Justicia finalmente determina la inocencia del intendente.
Desde la oposición sostuvieron que la suspensión no constituye una sanción anticipada sino el cumplimiento de una obligación prevista en la Carta Orgánica Municipal.
La concejala Agustina Sánchez (JSRN) afirmó que la medida busca preservar la institucionalidad y brindar transparencia mientras avanza la investigación penal. En la misma línea, Gustavo Addamo rechazó las acusaciones de "golpe de Estado" formuladas por el oficialismo y sostuvo que el Concejo simplemente está haciendo cumplir la normativa vigente.
Por su parte, Guillermo Pennesi remarcó que el proceso se originó a partir de una resolución judicial y no de una decisión política aislada. "Llegamos a esta instancia por los numerosos errores cometidos por el intendente y por un dictamen de la Justicia. Hay una cuestión legal y también ética; no somos seis locos los que promovemos esto", afirmó durante el debate.
La investigación tuvo un punto de inflexión el pasado 18 de junio, cuando la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra Marcelo Román y el empresario Sebastián Ocampo por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega.
Según la hipótesis de la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo habría adquirido un teléfono celular valuado en 479.999 pesos mediante un plan corporativo contratado por el municipio. El dispositivo permaneció asociado a una línea telefónica abonada con recursos públicos, lo que habría generado un gasto total de 596.812,38 pesos.
La magistrada fijó un plazo inicial de dos meses para la investigación y ordenó avanzar con nuevas medidas probatorias. Precisamente sobre ese punto se apoyó el dictamen jurídico que recomendó el apartamiento preventivo del jefe comunal, al considerar que todavía restan testimonios y pericias relevantes para esclarecer los hechos investigados.
Aún resta por definirse también la iniciativa ciudadana presentada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que aseguró haber llevado adelante la campaña de recolección de firmas de manera independiente y sin respaldo partidario. El expediente ingresó con sello oficial al Concejo Deliberante amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que contempla el mecanismo de revocatoria para autoridades electas cuando existe un pedido ciudadano respaldado por un 10% del padrón electoral.
