Es la primera sanción penal en el país por una causa que involucra a "ñoquis". El exgobernador se desentendió de las designaciones de Cecilia Torres Otarola.
Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia de Chubut durante la gestión de Mariano Arcioni, fue condenada por corrupción.
La Justicia de Chubut condenó a Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia de Mariano Arcioni, por la contratación de empleados en la administración provincial, a los cuales les exigía el 50 por ciento de sus salarios y algunos de los cuales incluso eran familiares suyos.
La sentencia, que ahora deberá ser confirmada por el tribunal que presidió el juicio, llegó en un momento en que el gobernador Ignacio Torres avanza en una cruzada contra los "ñoquis" en el Estado, al tiempo que a nivel nacional, el presidente Javier Milei también hizo lo propio y ya dejaron de trabajar en el Estado nacional más de 40 mil empleados públicos. Promete ir por más, y mientras promete leyes que penalicen la emisión monetaria, mira de reojo el caso de Chubut y deja escapar una mueca.
La investigación, que derivó en la causa "Ñoquis Calientes", determinó que la titular de una de las carteras más sensibles en términos sociales, había contratado a personas que no iban a trabajar, sosteniendo un equipo integrado, entre otros, por un jardinero y la entonces niñera de la funcionaria, que no concurría al ministerio sino que continuaba desempeñándose en el domicilio particular de Torres Otarola.
Se trata de la primera condena a nivel país por una causa que involucra a "ñoquis", como comúnmente se denomina a aquellas personas que perciben un salario del Estado, ya sea este nacional, provincial o municipal, y que no van a trabajar.
Así las cosas, Torres Otarola fue eyectada de su cargo al frente de Familia cuando estalló la causa, en julio de 2020, y días atrás, en la Oficina Judicial de Rawson, concluyó el juicio que mantuvo en vilo a sus siete imputados y en el que la ex funcionaria fue sentenciada a tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Si bien en Argentina suelen criticarse las condenas laxas hacia los hechos de corrupción en el ámbito público, lo cierto es que la Fiscalía, a cargo de Omar Rodríguez, solicitó la pena máxima que prevé el Código Procesal Penal, la cual sería ratificada en una nueva audiencia por parte del tribunal colegiado que preside el juicio.
Al inicio de su gestión al frente del Ejecutivo chubutense, el mandatario del PRO ordenó dar de baja miles de contrataciones y pases a planta permanente que habían sido efectivizados sobre el final de la gestión de Arcioni. A ello se le sumó el censo de empleados provinciales realizado meses atrás, lo que permitió al Ejecutivo contar con información acabada respecto de la estructura del empleo público en la provincia y, precisamente, de aquellos empleados a los que no se les conoce ni la cara, pero que perciben un salario mensual abonado por todos los contribuyentes.
De profesión terapista ocupacional, Cecilia Torres Otarola trabajó en un hospital rural de la cordillera a partir de sus 30 años. Oriunda de Trevelin, la exfuncionaria luego pasó a desempeñarse en el Hospital de Esquel, militando en el espacio político de Mario Das Neves pero luego protagonizando un controvertido momento, cuando en 2015, en pleno conflicto entre el mandatario y Martín Buzzi, el local partidario que Torres Otarola administraba pasó de ser dasnevista a buzzista en menos de 24 horas.
A pesar de que Das Neves triunfó en esas elecciones, Torres Otarola se aseguró una banca como diputada provincial por el buzzismo, pero luego abandonaría el espacio para conformar su propio bloque denominado Juntos para Chubut.
En el caso de Torres Otarola, la hipótesis luego confirmada en el juicio expuso que la funcionaria del gobierno de Arcioni habría facilitado el ingreso de personas conocidas, algunas de ellas familiares, en carácter de "asesores" en la Legislatura, y les habría exigido un "retorno" del cincuenta por ciento de sus sueldos .
Al frente de la cartera de Familia, la ministra había designado en cargos de jerarquía a personas cercanas, algunas de las cuales ni siquiera vivían en la zona y mucho menos realizaban contraprestación alguna para el Estado de Chubut.
Las acusaciones se vieron reflejadas en la imputación a la exfuncionaria, acusada de "fraude a la administración pública en calidad de autora" por ocho hechos concretos, tres de ellos por el delito de concusión, y cinco por fraude propiamente dicho, "en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Acompañaron a la ex ministra, en calidad de acusados, Silvana Adriana Cañumil, quien figuraba como empleada de la Legislatura pero que en realidad cuidaba de los hijos de su "jefa"; Jaquelina Rodera, subsecretaria de Familia de Chubut, fue acusada por fraude a la administración pública, y el mismo delito le fue endilgado a Facundo Solari Rodera.
Otro de los acusados, Branco Rodera Neira, también recibió la misma acusación, mientras que Miguel Ángel Reto Trelles, ex jardinero de Torres Otarola, también fue imputado por fraude a la administración pública.
De los siete, Branco Rodera Neira y Jackelina Rodera fueron los únicos absueltos.
Por su parte, el defensor de la ex ministra realizó un particular ofrecimiento como compensación por el perjuicio provocado al Estado en los hechos de corrupción por los que esta fuera condenada: la donación de armazones de anteojos para la tercera edad. Y solicitó una pena de dos años de ejecución condicional, aduciendo que la ex funcionaria no cuenta con antecedentes penales, "solamente haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja", según indicó durante la audiencia.
En el marco del juicio, Arcioni fue citado a declarar en calidad de testigo. Las respuestas fueron calificadas como "evasivas" por parte de la Fiscalía, y el mandatario fue determinante al observar parte de la documentación sobre designaciones y adscripciones que le fueron mostradas, advirtiendo que no le costaban dichos nombramientos.
También, negó recordar cuestiones relativas a las designaciones y a ciertos aspectos de su gestión durante el paso de Torres Otarola por el Ministerio de Familia. Además, sostuvo durante su declaración, que no se extendió por más de treinta minutos, que las designaciones de los colaboradores de la entonces ministra “eran de su responsabilidad”.
Mientras el escándalo llega a sus primeras consecuancias judiciales, Nacho Torres ya ratificó que avanzará con el saneamiento de la estructura estatal, en el marco de una fuerte impronta de austeridad y transparencia con la que mancilló desde el inicio de su gestión.
Se trata del denominado Plan Integral de Reordenamiento del Estado incluye la eliminación de 168 cargos políticos considerados ineficientes y costosos para el erario provincial, y también avanzarán contra los "ñoquis" en el Estado provincial.