El ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro apuntala la avanzada contra la Corte Suprema. Mucha expectativa por la aprobación de la reforma previsional.
Fabián Bastia, el ministro político del gobernador Maximiliano Pullaro.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, es el brazo político ejecutor del gobernador Maximiliano Pullaro. Sobre él recae por estos días el proyecto de reforma previsional que seguramente sea aprobado este jueves en el Senado y el deseo ferviente de la Casa Gris de renovar a fondo la Corte Suprema de la provincia.
En diálogo con Letra P, el funcionario le pegó duro al máximo tribunal de justicia santafesino al afirmar que el Poder Judicial “no son seis integrantes, es mucho más que eso”. Pero, como todo poder, tiene una conducción, que es quien “tiene que empezar a dar el ejemplo”. En ese sentido, Bastia recordó que las constituciones provincial y nacional establecen “límites” y, por ende, los jueces que superen los 75 años de edad deben dar un paso al costado y renunciar a sus “privilegios”.
-¿Está todo dado para que este jueves se apruebe la reforma previsional en el Senado?
-El proyecto fue ingresado a la Legislatura el miércoles pasado y el Senado le dio ingreso en la sesión pasada, fijando una preferencia de una sesión. Todo indica que va a tener tratamiento este día jueves, y de ahí será remitido a la Cámara de Diputados.
-Hubo tensiones dentro de Unidos, sobre todo con el socialismo, para encauzar el proyecto. ¿Eso está saldado?
-Este es un proyecto que lleva más de cinco meses de debate dentro de Unidos y con todo el arco político, más todo el arco de representación de los distintos gremios que representan distintos trabajadores, con actores académicos, especialistas, distintos exfuncionarios, distintas jurisdicciones provinciales y nacionales, y también con representantes del mundo empresario. Dentro de Unidos hemos llevado una propuesta que hemos ido consensuando y presentado al resto de los actores. Ahora, ha sido nada más que eso, el camino natural, en busca de los consensos, de una ley transformadora, con cambios muy profundos.
-¿Qué se pretende corregir?
-El déficit estructural y ascendente de manera espiralizada. Quienes más tienen, más ganan, más van a aportar. Cuando tengamos el beneficio, entre los beneficios más bajos y los más altos, va a haber una diferencia más racional que ahora, porque va a haber un tope, y dentro, entre el tope y la base de la pirámide, también va a haber progresividad. Esta es una ley que corrige el déficit, que es justa, es equitativa, que tiene progresividad en los aportes y en los beneficios, y que en definitiva viene a dar sustentabilidad en el tiempo, porque no hay que pensar solamente en quienes ya tienen el beneficio o quienes están por acceder al mismo en uno, tres, cinco años, sino también tenemos que pensar en los que tienen hoy 30 o 40 años y están aportando a esa caja. Para que esos aportantes sean beneficiarios en el futuro, tiene que haber sustentabilidad.
-Una de las principales críticas de los gremios y un sector del peronismo es que se quita el 82% móvil.
-No, no es así. Lo que pasa es que el 82% móvil está vinculado a lo que te dije recién, de la progresividad de los beneficios. En la base social y en distintos niveles lo vas a encontrar, pero si vos tenés un tope que ordenás, no es justo que una persona gane 30 o 32 veces su beneficio sobre el mínimo. Y hoy tenemos beneficio jubilatorio de 30 veces, hasta 32 ha llegado, del mínimo. Entonces, evidentemente, si queremos hacer un sistema justo y que sea sustentable en el tiempo, tenemos que dar herramientas jurídicas que apunten en esa dirección. Si no, nos quedaríamos en un mero relato. Máxime, como tenemos el caso de los jueces que tienen fijada su política salarial a nivel nacional, o sea, nos estarían fijando, hoy el tope lo fija la política salarial nacional. No pagan IAPOS, no pagan impuesto a las ganancias. Esos planteos corporativos casi de privilegio no le hacen bien a un sistema solidario y de reparto como es el sistema público de la caja de jubilaciones de empleados públicos y funcionarios públicos de la Provincia.
-¿Qué reflexión le merece la manifestación de jueces y juezas en los tribunales de Rosario?
-Estamos en un Estado de Derecho, soy muy respetuoso de los actos de cualquier ciudadano. Después, la legitimidad o el consenso o las motivaciones de cada uno forman parte del ámbito de las personas. Yo no voy a ser intérprete de los actos de otros actores y menos de otro poder. Sí llama la atención que la manifestación sea solamente en defensa de un status quo o de situaciones que son, digamos, un poco, no digo injustas, pero apresuradas. Atento que lo que se busca con el resultado de esta reforma es lo que te dije, corregir un déficit estructural que es imposible seguir sosteniendo y darle sustentabilidad a la caja. En una mirada que es contemplar la situación de todos los beneficiarios actuales y los aportantes que son beneficiarios futuros en un momento de profunda crisis económica y donde lo que deben corregir los Estados, en este caso provincial, son los déficits que le hacemos pagar con impuestos, a los industriales, a los productores agropecuarios, al prestador de servicios, al periodista, al monotributista, al que está trabajando juntando la basura, que paga su jubilación para tener la jubilación del ANSES que no llega a 300 mil pesos y a su vez con impuestos tiene que sostener un régimen. Cuando un beneficio se empieza a correr de límites razonables, deja de ser un beneficio para ser un privilegio.
-¿Teme que una vez sancionada la reforma previsional, este sector que se manifestó el viernes pueda impulsar algún recurso de inconstitucionalidad?
-Mire, le vuelvo a decir, estamos en un estado de derecho, todos los ciudadanos estamos habilitados a hacer uso de las herramientas jurídicas y legales constitucionales que tenemos, todos pueden actuar en lo que crean que es conveniente. Ahora, es bastante llamativo que quienes deben aplicar la ley hagan los planteos a sí mismos, casi que estarían en un lugar de juez y parte, primero. Segundo, le recuerdo que su salario, el tope hoy de las jubilaciones en la provincia está fijado desde afuera de la provincia, porque quien fija el sueldo de los señores jueces son los salarios que fija la Corte Nacional, por la ley de enganche y una situación legal que así lo tiene establecido. Hay que llamar a la razonabilidad que tiene esta ley. Todos tenemos que entender que la ley es muy razonable y que 20 jubilaciones mínimas de la provincia de Santa Fe como tope no nos parece que estén lesionando ningún derecho.
-¿Sigue avanzando el gobierno en el intento de reformar la Corte Suprema?
-La justicia es cara e ineficiente, como lo hemos dicho mucho antes de asumir. Ustedes tienen que recordar que nosotros éramos diputados y nos oponíamos a decisiones que llevaba adelante el anterior gobierno con pretendidos nombramientos, cargos vacantes que querían cubrir, que no tenían explicación. La justicia tiene que modernizarse, tiene que hacer cambios, tiene que ser mucho más eficiente, tiene que tener más resultados por los recursos que se invierten, y para eso tiene que haber cambios en toda la estructura de la justicia. El Poder Judicial no son seis integrantes, es mucho más que eso. Pero, como todo poder, tiene una conducción. Y quien debe empezar por dar los cambios, ordenarlos, planificarlos, es quien conduce. Y sobre todo tienen que empezar a dar el ejemplo, y la ejemplaridad ética es un valor para este gobierno. Nuestro gobernador es el primero en cada acción que lleva adelante o que propone la ciudadanía en el hacer. Hoy la sociedad necesita buenos ejemplos, necesita que se lo demuestre de los más altos niveles de los poderes del Estado, el camino de cambio, el camino de austeridad, de esfuerzo, de transformación.
-¿Confía que los jueces de la Corte mayores de 75 años van a dar un paso al costado antes del fin de año?
-Yo confío que cualquier ciudadano de Santa Fe, y sobre todo los que ocupan cargos públicos, cumplan con la ley, y la constitución provincial y nacional, y la acordada que ellos mismos han dado, establecen límites.