El municipio del sur de Córdoba perdió $1.150 millones de ingresos en tres meses y arrastra déficit mensual. Prioridad al gasto social y diálogo con Llaryora.
Con el gobierno de Córdoba siguiendo de cerca la caída de la recaudación, el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, empieza a recalibrar variables clave: entre ellas, el ritmo de la obra pública, que podría ajustarse para priorizar gastos urgentes.
Dentro del Palacio de Mójica, como se conoce a la sede del municipio ubicado al sur provincial, las conversaciones suelen orbitar alrededor de los números rojos de la economía. No siempre el tono es formal, pero de todos modos refleja preocupación.
“Qué malaria”, suelta, sin acartonar el discurso, un alto funcionario municipal que cree que la suerte de la administración local está atada a la del gobernador Martín Llaryora.
El entorno de De Rivas recuerda que el desplome de la coparticipación nacional golpeó al gobierno cordobés, que por eso aplicó un fuerte torniquete sobre el flujo de fondos. La caída libre de ocho meses consecutivos en el giro de recursos nacionales —fue de 8,1% en marzo— encendió todas las alarmas en el tablero del poder provincial, que centralizó al máximo el gasto, cerró las billeteras de los ministros y suspendió pagos.
En el Ejecutivo del "Imperio del sur" tomaron nota de esas medidas, sobre todo porque la Provincia financia prácticamente el 100% de la infraestructura pública que se construye en Río Cuarto. El Presupuesto local 2026 estipula un total de $6.992 millones para el funcionamiento de los programas de asistencia y el deporte social. Para la obra pública, contempla una inversión de más de $24 mil millones, por encima de lo estimado para las dos áreas mencionadas antes. El interrogante es si esa hoja de ruta se mantendrá inalterada o si sufrirá adaptaciones y recálculos.
El cemento tiene un rol clave en los planes para este 2026, pero De Rivas empieza a abrir el paraguas. "Pese a todo, sigue adelante la obra pública, como las 100 cuadras de pavimento y otras. En algún momento, habrá que evaluar si se sigue con el mismo ritmo o si se atienden otras prioridades", advierten en el gabinete.
El municipio y el Gobierno provincial son socios políticos, y las dos administraciones articulan los proyectos de infraestructura que se ejecutan en la capital alterna de Córdoba, por lo que surge el interrogante de cómo y quién decidiría parar la pelota para recalcular ese gasto.
Además, toman como referencia las medidas de austeridad de Córdoba para acomodar el cuerpo al temporal. "Llaryora armó una comisión de análisis del gasto y frenó todo por dos semanas", dicen, como si la Provincia fuera un espejo que anticipa el escenario.
En la antesala de la campaña electoral, la obra pública es parte central del proyecto de De Rivas y Llaryora para la capital alterna de la provincia. El cemento es siempre tentador y políticamente rentable: mueve la economía, genera empleo, abre negocios para las constructoras y deja mejoras permanentes para el espacio público, que por lo general quedan asociadas a su hacedor.
La segunda ciudad de la provincia concentra una amplia batería de proyectos en ejecución. Una de las más promocionadas es la de 100 cuadras de pavimento, que beneficiará a los barrios Fénix y Alberdi; el nuevo parque que construirán en este último sector; la renovación de luminarias con tecnología LED y las mejoras en el acceso por avenida Sabattini.
La obra de infraestructura más “pesada”, en cambio, no es tan cercana a los vecinos, pero tiene impacto directo en la ciudad. Es el caso de la nueva circunvalación, a la que Llaryora no dudó en calificar como la obra civil más grande del país en la actualidad, o de las obras estructurales de la Cuenca Sur, que mejorarán el acceso a las zonas suburbanas y rurales.
Todos estos proyectos se llevan adelante con un esquema similar, donde la Provincia pone el financiamiento y la Municipalidad, la administración y ejecución.
En paralelo, el Municipio también padece la asfixia financiera que aqueja al Panal, como se conoce al centro cívico provincial. Según detallaron fuentes con acceso de primera mano a los números de la administración local, entre enero y marzo de este año, Río Cuarto perdió $ 1.150 millones de coparticipación en comparación con el mismo trimestre de 2025.
Esos recursos, que son girados mensualmente por el gobierno cordobés, provienen tanto de los impuestos que pagan los contribuyentes (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos) como de los fondos de Coparticipación Federal, Aportes del Tesoro Nacional y otros, que Córdoba recibe del poder central para luego derramar al interior provincial.
También la recaudación propia cayó fuertemente por la retracción económica, sobre todo por el mal desempeño del Comercio e Industria, un tributo que está atado a la economía local, hoy en día, sin capacidad de reacción.
En la administración local no ocultan que la asfixia financiera es el principal dolor de cabeza. "Nos preocupa la caída de actividad y la recesión. Tenemos atraso en el pago a proveedores; todos los días me escriben para preguntar cuándo pagamos”, graficó al respecto una fuente con conocimiento de los números del municipio.
En el mismo sentido, Río Cuarto no pudo salir del déficit corriente y, para el tercer trimestre del año pasado, arrastraba un rojo de $5.480 millones. Eso quiere decir que el gobierno local gasta $1.800 millones más de lo que recauda por mes.
Este año parece plantear serios desafíos a los gobernantes y administradores de las arcas públicas. Buena parte de lo proyectado puede entrar en revisión en cualquier momento.
En términos generales, De Rivas planteó un presupuesto 2026 acoplado a la inflación del INDEC, con un ajuste de tributos municipales bastante por encima de esa referencia y un gasto total estimado en $229.880 millones para todo el año.
En materia de salud, el cálculo de ingresos y gastos prevé un gasto de poco menos de $ 15 mil millones en prestaciones de salud, para sostener el servicio de atención primaria en este rubro. En este punto, dentro del Palacio de Mójica advierten que este año viene en aumento "la presión sobre el sistema de salud público por el incremento de la pobreza y el desempleo". Por eso, entienden, la "salud es la nueva política social".
Es que, a medida que queda desocupada, una parte importante de la población sale del sistema de cobertura de salud de las obras sociales sindicales y prepagas. Por otro lado, muchos trabajadores formales ya no pueden afrontar los costos de cuotas y coseguros. En ambos casos, pasan a engrosar la población usuaria del sistema público de salud.
