Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo frente a la rebelión de caciques del interior. Acoples y el sincericidio de Mansilla. Malestar por las movidas de Rossana Chahla.
Al oficialismo de Tucumán se le avecinan dos etapas. Una finalizará el 26 de octubre a las 18. La otra comenzará inmediatamente después y promete ser mucho menos amena que la primera, porque el gobernador Osvaldo Jaldo deberá abordar los asuntos pendientes que hoy el peronismo pateó para adelante.
Varias charlas dentro del Partido Justicialista quedaron postergadas con el pretexto de la unidad y de la necesidad de blindar la provincia ante la invasión libertaria liderada por Javier Milei. La más incómoda tiene que ver con la reforma política y electoral.
Al gobernador lo apremia el compromiso público que asumió el 1 de marzo de 2024, durante la apertura de las sesiones legislativas. Aquella mañana, el mandatario instó a la Legislatura a trabajar en un nuevo sistema electoral “para que la elección de representantes exprese y garantice las preferencias del voto popular”. Repitió luego esos conceptos durante meses y fue más allá, al plantear que los demonizados acoples debían ser eliminados.
El asunto es que el tiempo pasó y ese intento se topó, como era previsible, con una férrea resistencia interna. Primero se truncó la posibilidad de una reforma constitucional, como había sugerido Jaldo. ¿Ese plan quedó descartado? Las voces más entusiastas en el oficialismo creen que 2026 puede ser un buen año para retomar esa idea.
Sin embargo, la mayoría entiende que lo mejor es avanzar en un maquillaje electoral. ¿Por qué? Porque el peronismo no suele pegarse un tiro en los pies y avanzar con cambios profundos podría implicar una herida autoinfligida.
En momentos de idilio político con el Presidente, Jaldo apoyó la sanción de la Boleta Única de Papel, al punto que sus tres diputados votaron a favor. Sin embargo, el resquemor que generan las modificaciones al régimen electoral no se disimulan. De hecho, el peronismo tucumano admite en cada acto con dirigentes su temor al impacto que puede tener el 26 de octubre el debut de la BUP.
Hace unos días, en El Cadillal, el senador Juan Manzur afirmó que el mileísmo avanzó con la BUP para perjudicar, esencialmente, al peronismo. Más efusivo fue en ese mismo mitin el legislador Sergio Mansilla, tercera autoridad de la provincia. El presidente subrogante de la Cámara tildó a Milei de “loco” y pasó de cuestionar la Boleta Única de Papel a blanquear la disputa que en realidad mantiene en vilo al PJ de Tucumán: el futuro de los acoples.
“Ya quieren una ley electoral nueva. Quieren boleta electrónica. Quieren matarnos a nosotros. ¿Saben cuántos candidatos va a haber acá? Si nosotros tenemos Boleta Electrónica y cambiamos la ley electoral, ninguno. Porque hoy ustedes si quieren salir de candidatos, tienen un partido y salen. Cuando tengamos boleta, voto electrónico y cambiemos la ley electoral, ustedes no van a poder salir”, lanzó Mansilla ante un salón repleto de candidatos a comisionados rurales que perdieron en los comicios de 2023.
Fue aún más elocuente: “Nosotros podemos decir de la boca para fuera: 'Mirá, vamos a conversar, vamos a ver qué hacemos, vamos a estudiar…”.
Dos datos del momento en que se produjo ese sincericidio de Mansilla. El primero es que, al ser la tercera autoridad institucional, es un hecho que a lo largo de un mes quedará al frente de la Gobernación, porque tanto Jaldo como el vicegobernador, Miguel Acevedo, son candidatos del frente Tucumán Primero. Ambos dijeron que tomarán licencia 30 días antes de los comicios. El segundo tiene que ver con una ausencia: en ese mitin, el único “pope” ausente fue el propio Acevedo.
¿Cuál es la importancia de ese hecho? Así como Mansilla encabeza la resistencia en contra de los cambios en el régimen electoral provincial, porque asegura que perjudicarán al peronismo, Acevedo se puso al frente de la movida para replicar en Tucumán la Boleta Única Electrónica (BUE) que aplica Salta desde 2009.
En la Legislatura ya se realizaron plenarios con ese propósito y se compartieron experiencias de otras latitudes, pero no se avanzó de manera concreta. El vicegobernador repite y se muestra comprometido a hacerlo, aunque enfrente se topa con negativas cerradas. Incluso advierte que no dará el brazo a torcer y que la discusión legislativa se retomará una vez que concluya el actual proceso electoral.
En la Casa de Gobierno provincial ya hubo varias conversaciones para analizar la conveniencia o no de ir hacia la BUE. En el medio, los reparos que mayoritariamente surgieron desde el interior tucumano llevaron a la cúpula del poder a enfriar el debate. Desde luego, no es adecuado mantener intranquila a la dirigencia que debe traccionar el voto en octubre. Por eso Jaldo se preocupó por dilatar la discusión. Inclusive, cuentan que ha dicho en más de una charla informal que la idea acevedista de emular el modelo salteño “no prosperará”.
La cuestión es que el rechazo abre también la posibilidad de una disputa entre la capital y el interior. Ocurre que los jefes territoriales de San Miguel de Tucumán no son tan reacios a la disolución de las colectoras. El acople, en una gran urbe que tradicionalmente es hostil al peronismo, los impulsa a una disputa sangrienta entre ellos de la que sólo se benefician los candidatos a intendente, a gobernador y a vice. Es un viejo reclamo de la política capitalina: en el interior reciben proporcionalmente más fondos y les resulta más fácil obtener una banca legislativa.
Una salida intermedia que exploran referentes del peronismo cercanos a la Legislatura es establecer una aplicación progresiva de la BUE, tal como se hizo en Salta. De esa manera, se podrían escoger de manera selectiva las ciudades que en las que podría debutar el nuevo sistema y patear para más adelante aquellas en las que los caciques territoriales del peronismo ofrecen mayor resistencia.
Más allá de que la reforma política regirá la dinámica de las relaciones internas en el justicialismo, nadie duda de que el resultado que obtenga Jaldo el 26 de octubre será clave para saber en qué dirección avanzará la política. Un gobernador fortalecido por el apoyo en las urnas tendrá mayor margen de imposición que uno debilitado por la voluntad popular.
Esta advertencia sirve también para los otros asuntos que inquietan al gobierno provincial. Por ejemplo, la reaparición del senador Manzur por las calles tucumanas y el rol de líbero, desafiante, que ejerce la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Si el triunfo del frente Tucumán Primero es holgado, no sólo festejará Jaldo. Su excompañero de fórmula también pretenderá adjudicarse el mérito de la unidad y erigirse como el referente del sector antimileísta que acercó a la lista jaldista. Claro, con la mira en un eventual regreso en 2027.
Por las dudas, el gobernador avisó esta semana que constitucionalmente está en condiciones de aspirar a un nuevo mandato. Esto, dijo, para desestimar las dudas que algunos sectores del PJ, más por travesura política que por convencimiento jurídico, habían comenzado a instalar.
Jaldo, Manzur y Acevedo también deberán seguir de cerca los pasos de Chahla, quien con sus modos irreverentes desafía de manera permanente al trío de poder. La jefa municipal no sólo rechazó ser candidata testimonial en la lista, sino que criticó esa modalidad justo un día antes de que se presentara la nómina con el gobernador, el senador y el vicegobernador como postulantes. Aquella mañana, durante el acto de presentación, varios de los presentes percibieron la incomodidad de la exministra de Salud tucumana.
Si bien se sumó de manera activa a la campaña, sus apariciones son esporádicas y mantiene una agenda institucional, pero fundamentalmente política, independiente. Eso incomoda al verticalismo del PJ.
Hace un par de días, por ejemplo, se mostró con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Luego, en una entrevista con La Nación, afirmó que Jaldo se “inmoló” cuando apoyó algunas propuestas libertarias y afirmó que no conoce personalmente a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, ese es uno de los silencios que más le reprocha el kirchnerismo: no dijo nada sobre la condena a la expresidenta.
Con este escenario, hasta el 26 de octubre nada alterará la unidad pactada dentro del peronismo tucumano. Después de ese domingo, las fichas se desordenarán y el rompecabezas deberá volver a completarse. Porque una cosa es acordar una tregua que convenga a todos los sectores y otra muy distinta es bajar las armas para dar por finalizada la guerra.
