La UCR y HCF quieren recortar las facultades que pide la ministra para investigar y detener sin orden judicial. Reclaman que la edad de imputabilidad baje a 14 años y no a 13.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
Patricia Bullrich es la única funcionaria que puja por conseguir leyes y la oposición dialoguista le puso un freno. Este miércoles, en Diputados podría dictaminarse la ley para aumentar penas al crimen organizado, conocida como antimafia, pero los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) recortarán las facultades que pide la ministra de Seguridad.
La excandidata presidencial solicita, entre otras cosas, que las fuerzas federales apliquen detenciones exprés e iniciar una investigación sin orden judicial. Ninguna de estas facultades pasaría el filtro del Congreso.
El miércoles también comenzará el debate del proyecto para bajar la edad de imputabilidad y tampoco hay acuerdo. La UCR, HCF y el PRO, no aceptan que el límite sea a a los 13 años. Piden que bajarlo a los 14 -actualmente es de 16-, como en casi todos los países de América Latina.
Bullrich se dedicó este lunes a negociar y confía en tener al menos el dictamen de la ley antimafia, aunque al cierre de esta nota los textos estaban en proceso de elaboración. La ministra negocia sin pedir ayuda al asesor Santiago Caputo o al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes se encargan del diálogo con la oposición.
El encargado de intercambiar borradores con los opositores es Fernando Soto, funcionario de Seguridad, mientras que puertas adentro del Congreso gestiona la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, que el miércoles tendrá a cargo los dos debates que pide la excandidata presidencial.
La ley antimafia, como la denomina la ministra, es un proyecto para aumentar las penas a quienes integren una organización delictiva, para de esa manera desbaratar redes dedicadas a delitos como el narcotráfico, lavado, estupefacientes, pornografía infantil y secuestros.
Se establecen penas de entre 8 y 20 años por pertenecer a una organización criminal y para las condenas se tomará el delito más grave en determinadas ocasiones, como los casos en que se encuentren faltas reiteradas, toma de territorio o aniquilaciones.
Bullrich exhibió esta herramienta como indispensable para combatir el narcotráfico y por eso uno de los expositores en los plenarios fue el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro. Sin embargo, la oposición dialoguista consideró que la ministra exige facultades excesivas y puso límites.
Los artículos 5 y 6 son los más cuestionados. El primero concede facultades especiales a las Fuerzas Policiales y de Seguridad, como detener a una persona hasta por 48 horas, dando recién después aviso a la autoridad judicial.
También la habilita a incautar mercadería, realizar requisas, inmovilizar activos, realizar allanamientos e interceptar llamados telefónicos y mensajes. De mínima, los dialoguistas exigen que haya un trabajo mancomunado con las provincias.
El artículo sexto es el más polémico. Permite que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad, sin mediar orden judicial, pueda "requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados" o "transmitir" datos sobre cuestiones penales. No sería parte del dictamen.
El otro choque de Bullrich con los dialoguistas es por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, que la ministra elaboró junto el titular de la cartera de justicia, Mariano Cúneo Libarona. La UCR y el PRO no están de acuerdo, porque en sus iniciativas proponen que la edad tope sea 14, como en la mayoría de los países de América Latina.
El debate comenzará a la 12.30 del miércoles con la visita de especialistas y sin ninguna expectativa de acordar un dictamen. Uno de los primeros que pidió llevar la límite a 14 años fue Cristian Ritondo, jefe del PRO, en un proyecto que presentó junto a Diego Santilli.
Este lunes se sumó un planteo del bloque UCR, a través de la diputada Roxana Reyes, quien presentó un proyecto para reducir la edad a 14. El proyecto además busca establecer un régimen específico para menores de dieciocho años que hayan infringido la ley penal, adecuándose a los estándares internacionales y garantizando los derechos fundamentales de los adolescentes.
Propone que el nuevo régimen se aplique a menores de entre catorce y dieciocho años que cometan delitos según el Código Penal, que incluyan penas como la prestación de servicios comunitarios, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida y privación de libertad en centros especializados.
"Estas sanciones se ejecutarán con la participación de la familia y de especialistas, buscando siempre la reintegración del adolescente", solicitó Reyes. Un proyecto similar habían presentado los radicales Carla Carrizo y Manuel Aguirre. Se tratarán desde el jueves.
Otro proyecto que se tratará en comisiones este miércoles será para establecer penas de entre cuatro a ocho años por trata de personas. Fue presentado por el cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal.