El aumento anterior abrió un frente en la interna con La Cámpora. El gobierno bonaerense llama a una audiencia pública para fijar las tarifas de cinco años.
El gobierno de Axel Kicillof convocó este martes a las distribuidoras eléctricas a una audiencia pública para discutir el nuevo esquema de tarifas para los próximos cinco años en Buenos Aires. El llamado llega después de la polémica por la suba de la luz, que terminó en tribunales y abrió un frente de polémica con La Cámpora.
La Resolución 827 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, se publicó el martes en el Boletín Oficial. La audiencia será virtual, el 16 de diciembre. La presidirá la Subsecretaría de Energía y participarán el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, y las federaciones de concesionarias municipales. Es el paso formal hacia una nueva Revisión Tarifaria Integral: las empresas presentarán los ingresos que requieren y sus planes de inversión, y se discutirán cambios en el mecanismo del Fondo Provincial Compensador Tarifario, que busca que usuarios con consumos parecidos paguen importes equivalentes sin importar dónde vivan.
El gobierno llega a ese debate con el tema todavía abierto en tribunales. Los aumentos de entre 1,5% y 3,5% que aplicó desde agosto sobre los componentes provinciales de las facturas habían quedado suspendidos el 18 de septiembre por el juez Agustín López Coppola, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca. Lo había pedido el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que reclamaba una audiencia previa, el mismo mecanismo que ahora abre el Ejecutivo.
La Fiscalía de Estado apeló y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dio efecto suspensivo al recurso el 15 de octubre: las subas volvieron a regir para unos 1,4 millones de usuarios. La Justicia todavía no resolvió si son legales.
La suba tuvo su réplica en el peronismo. El 7 de octubre, con la apelación del Ejecutivo y las distribuidoras ya en marcha, el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados y referente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, no escribió una línea: compartió la publicación de Lorenzino con el emoji de pulgar hacia abajo. Allí, el defensor del Pueblo sostenía que la cautelar beneficia a los usuarios porque evita que paguen aumentos sometidos a revisión judicial, y rechazaba que el fallo busque administrar el servicio desde los tribunales. El gesto marcó otro contrapunto con el gobierno de los legisladores camporistas.
El segundo capítulo llegó con el fallo de la Cámara. El 22 de octubre, la diputada provincial de La Cámpora Mayra Mendoza citó en X una publicación que cuestionaba la apelación y escribió apenas: “¿Esto es real?”. La agrupación no se pronunció formalmente sobre las tarifas. Le contestó el diputado provincial radical Diego Garciarena, que recordó que la Justicia había aceptado el pedido de Lorenzino y que el Ejecutivo recurrió, y habló de un “tarifazo en la luz” que atribuyó al gobierno bonaerense.
La explicación oficial llegó de la mano del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien defendió la apelación y dijo que el Ejecutivo se limitó a explicar por qué no hacían falta nuevas audiencias, porque “ya se habían hecho en el pasado”. Aclaró que la discusión judicial no pasa por el monto de las subas sino por ese punto. Sostuvo además que el esquema heredado de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal preveía aumentos mucho mayores a los aplicados, y adelantó que se prepara un nuevo sistema de redeterminación tarifaria, que estaría vigente hacia fines de 2027.
