El gobernador tumbó la norma que puso en duda la convocatoria a las constituyentes y la que reformaba la coparticipación municipal. Se vota el 9 de agosto.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cumplió con su promesa y vetó las dos leyes que impulsó la oposición semanas atrás. Una que reformaba la coparticipación municipal. La otra dergaba la norma que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial. Así, aseguró la marcha el proceso electoral para elegir convencionales constituyentes en el sur de la Patagonia.
Aunque persisten dudas judiciales y tensiones políticas, en el oficialismo aseguran que el 9 de agosto habrá elecciones y que el cronograma deberá activarse en los próximos días, aunque la disputa ya excede el plano jurídico.
La elección de constituyentes aparece como un ensayo general de cara a 2027, cuando lo que estará en juego es la gobernación. Con alianzas rotas, espacios en reconfiguración y liderazgos que buscan consolidarse, el mapa político fueguino empieza a ordenarse alrededor de la reforma constitucional.
FORJA, el partido del gobernador, llega a la discusión constituyente con el desgaste de la gestión y con la necesidad de ordenar su frente político luego de la ruptura con el PJ. El espacio que conduce Melella desembarcó en Tierra del Fuego en 2014, con un discurso de justicia social y fuerte impronta kirchnerista, aunque el propio mandatario proviene del radicalismo.
Actualmente, FORJA cuenta con tres legisladores provinciales, cinco concejales y un diputado nacional. La reforma constitucional representa para el oficialismo una oportunidad de recuperar centralidad política en medio de un escenario económico complejo y de crecientes tensiones con sectores aliados.
Partido Justicialista de Tierra del Fuego, presidido por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, rompió este año su alianza con el gobernador en medio de la pelea por los recursos coparticipables. Fue el principal impulsor de la denominada "Ley Goteo", la otra norma que Melella tumbó este viernes, al filo del plazo establecido por la carta magna.
Con línea directa con La Cámpora, el armado peronista mantiene volumen político propio. Entre sus principales figuras aparecen la senadora Cristina López; el legislador Juan Carlos Pino; y la legisladora Victoria Vuoto, además de el funcionariado municipal de Ushuaia, base del partido que comanda el intendente, ahora en soledad.
La distancia con Melella modificó por completo el tablero del oficialismo provincial y abrió una disputa que también tendrá impacto en la elección constituyente.
La Libertad Avanza aparece luego de la elección de 2025 como el espacio con mayor proyección electoral en la provincia. El armado libertario ya tiene representación en el Concejo Deliberante de Ushuaia, dos legisladores provinciales, dos senadores y dos diputados nacionales.
Los nombres con mayor volumen político son el diputado Santiago Pauli y el senador Agustín Coto, quienes buscan consolidar territorialidad en una provincia donde el voto a Javier Milei mostró un crecimiento sostenido. Separados en la estrategia interna del partido violeta, saben que la conducción nacional no permitirá quiebres.
Luego del triunfo en las legisaltivas del año pasado, la elección de convencionales será la primera gran prueba local para medir cuánto puede traducirse el fenómeno libertario en estructura política propia dentro de Tierra del Fuego. De todos modos, los representantes del mileísmo advierten que la ciudadanía sabe reconocer las diferencias entre una contienda y otra, un clásico en los distritos que históricamente desdoblan sus batallas de las peleas nacionales.
Provincia Grande es la principal plataforma política del intendente de Río Grande, Martín Pérez, que empieza a perfilarse como uno de los dirigentes con aspiraciones para disputar la gobernación en 2027.
El espacio tiene como aliado central al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y logró sumar el año pasado a gran parte del histórico Movimiento Popular Fueguino (Mopof), especialmente al sector vinculado al clan Löffler, con fuerte presencia en Río Grande.
El Mopof conserva un bloque propio de dos legisladores en la Legislatura provincial. La vicegobernadora Mónica Urquiza pertenece formalmente a ese espacio, aunque mantiene distancia política con el sector dominante del partido. La forma en que participarán de la constituyente de agosto es todavía uno de los enigmas que irán resolviendo con el avance del calendario electoral.
La Unión Cívica Radical atraviesa uno de sus momentos de menor representación en Tierra del Fuego. Conserva apenas una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande, ocupada por Maxi Ybars, presidente del comité provincial. En las últimas elecciones, apostó a la candidatura del senador Pablo Blanco dentro de la alianza Provincias Unidas, pero no logró sostener competitividad.
Otro de los espacios que buscará jugar fuerte es Somos Fueguinos, el sello conducido por Liliana "Chispita" Fadul. El espacio tiene dos legisladores provinciales, concejales en Ushuaia y Río Grande y fue uno de los principales impulsores de la judicialización de la reforma constitucional.
Aunque no participó de las elecciones del año pasado, mantiene un piso electoral cercano a los ocho puntos y aspira a capitalizar el rechazo de sectores opositores al proceso impulsado por Melella.
La Ley 1529 declaró la necesidad de reformar 70 de los 210 artículos de la Constitución fueguina. La Convención Constituyente tendrá la misma cantidad de miembros que la Legislatura provincial y será elegida mediante idéntico sistema electoral. La propia Constitución establece que la Convención no podrá apartarse de los artículos incluidos en la convocatoria y que incluso podría decidir no avanzar con modificaciones si así lo considerara.
Uno de los principales debates jurídicos gira alrededor de la posibilidad de que el gobernador, la vice o los intendentes puedan ser candidatos a convencionales. La Constitución provincial contiene interpretaciones contrapuestas ya que mientras algunos artículos lo prohíben de manera taxativa, otros habilitarían esa posibilidad por analogía con las incompatibilidades previstas para los legisladores.
La definición final quedará en manos de la Justicia Electoral y, eventualmente, del Superior Tribunal de Justicia.
Por el momento, la jueza electoral Mariel Zanini decidió no avanzar de inmediato con el cronograma electoral tras recibir el decreto de convocatoria firmado por Melella. En cambio, remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para analizar el escenario jurídico abierto. Detrás de la cautela judicial aparecen dos factores. Por un lado, la incertidumbre generada por la ley aprobada en la Legislatura para dejar sin efecto el proceso preconstituyente. Por otro, la existencia de recursos y planteos judiciales pendientes que podrían alterar el escenario electoral.
Entre las modificaciones que plantea el mandatario que se ubica en el lote de gobernadores opositores a Javer Milei se encuentra una gran reforma electoral que incluiría diversas aristas. Entre ellas, establecer un nuevo plazo para la realización de las elecciones provinciales y así acortar los tiempos de transición para evitar “vacíos de poder”.
Otro de los puntos que el oficialismo busca discutir es la metodología de sufragio para los cargos legislativos. Actualmente, las boletas son individuales y están separadas, lo que deja a quien triunfe en los comicios para la gobernación con posibilidades concretas de no contar con mayoría en el parlamento. De hecho, Melella hoy tiene solo tres bancas que le responden en la Legislatura.
El proyecto del mandatario buscará, además, dar la discusión en el plano tributario y pretende que la provincia comience a recaudar el impuesto inmobiliario, hoy potestad de los municipios.
Con todo, el proyecto también baraja la posibilidad de cambiarle el nombre al territorio. Es que, paradójicamente, la provincia que incluye a las Islas Malvinas no tiene ninguna mención en su texto constitutivo que aluda directamente al archipiélago.
En este contexto, queda en el aire la posibilidad de que Melella pueda pelear por un tercer mandato en 2027, ya que una reforma constitucional lo habilitaría para hacerlo. De hecho, así ocurrió con el intendente Vuoto en Ushuaia. La ciudad más austral modificó su carta orgánica en 2022 y el intendente quedó habilitado para competir por un tercer mandato consecutivo, que logró en 2023. Se basó en una interpretación jurídica extendida que no contempla el primer mandato de quien gobierna, ya que se produjo con un texto constitucional anterior a la nueva carta magna en vigencia.
Una vez electa, la Convención Constituyente podrá únicamente debatir sobre los 70 artículos puestos a consideración en el proyecto de necesidad de reforma. El cuerpo estará conformado por 15 integrantes y su elección se hará por el mismo sistema con que se elige representantes en la Legislatura: boleta única con sistema de tachas.
La Convención sesionará en Ushuaia e iniciará su labor dentro de los diez días posteriores a que la Justicia Electoral haya proclamado a la totalidad de convencionales electos. Deberá concluir su cometido y expedirse dentro de los 60 días hábiles de haberse constituido.
