El proyecto sobre la planta en Río Grande discute el rol del Estado ante el avance de la crisis del empleo. Urgencia social y viabilidad económica.
La crisis del empleo sumó un nuevo capítulo en Tierra del Fuego, una de las provincias más castigadas por la caída industrial y la apertura de importaciones. La Unión Obrera Metalúrgica impulsa un proyecto de ley para expropiar Aires del Sur, la fábrica que en febrero presentó un pedido de quiebra y dejó en un limbo a 140 empleados.
A un mes de que sus trabajadores tomaran la planta que produce aires acondicionados, dueña de las marcas Electra y Fedders, la iniciativa llega al Parlamento provincial y empieza a ordenar posiciones.
Se trata del más reciente episodio de una crisis en la que, entre noviembre de 2023 y principios de 2026, se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado.
El proyecto, impulsado por el gremio metalúrgico y presentado por el legislador riograndense Raúl von der Thusen (Somos Fueguinos) declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el establecimiento de Aires del Sur, con el objetivo de garantizar la continuidad laboral y productiva.
La iniciativa contempla la intervención estatal para sostener la actividad y abre la puerta a una gestión por parte de los trabajadores organizados, en línea con el planteo de la Unión Obrera Metalúrgica.
El expediente todavía no tiene estado parlamentario, pero será incorporado en la próxima sesión, convocada para el 27 de marzo. En ese escenario, el conflicto laboral empieza a escalar hacia una discusión política más amplia, atravesada por la caída del empleo industrial y el rol del Estado frente a empresas que abandonan su actividad.
“La iniciativa surge como respuesta a la profunda incertidumbre en la que se encuentran los 140 trabajadores de la firma que hoy no son los responsables de la crisis financiera que atraviesa la misma , la cual ha derivado en el incumplimiento de obligaciones laborales y la paralización total de la producción”, informó el legislador.
Von Der Thusen fue categórico al señalar que la planta constituye un componente significativo dentro del entramado industrial de Tierra del Fuego y que su situación trasciende lo empresarial. “La preservación del empleo de las familias fueguinas afectadas, la continuidad de la producción y la estabilidad social constituyen objetivos que justifican plenamente la intervención estatal cuando se encuentran en riesgo”, sostuvo.
El proyecto de expropiación ya cuenta con el respaldo de el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien se reunió con delegados de la empresa y avaló avanzar con una ley como herramienta para garantizar la continuidad laboral.
El posicionamiento de Vuoto impacta directamente en el bloque del PJ en la Legislatura, donde sus tres representantes acompañarían la iniciativa. El jefe comunal también se puso a disposición para articular gestiones con distintos niveles del Estado y sostuvo la necesidad de preservar la actividad industrial.
Durante el encuentro, los representantes gremiales expusieron el impacto social del conflicto: salarios impagos, incertidumbre laboral y la falta de respuestas empresarias. Vuoto, en ese marco, reforzó la idea de que el Municipio acompañará todas las instancias necesarias para sostener el empleo.
En términos legislativos, el escenario es ajustado. Somos Fueguinos —el espacio de Raúl von der Thusen— cuenta con dos votos y, sumados a los tres del PJ, alcanzaría cinco voluntades.
Para llegar a la mitad más uno, el proyecto necesitará al menos tres apoyos adicionales. En ese esquema, Forja aparece como un actor clave, aunque también se abre la posibilidad de negociar con monobloques. En cambio, en la Legislatura descuentan que La Libertad Avanza no acompañará una iniciativa de este tipo.
Del lado del Ejecutivo provincial, el tema todavía no tiene una definición cerrada. Fuentes del gobierno de Gustavo Melella deslizaron a Letra P que ven con escepticismo la salida cooperativa: “Lamentablemente ninguna de las experiencias de este tipo funciona”, señalaron, marcando reparos sobre la expropiación como solución estructural.
Sin embargo, el propio Melella endureció el tono contra la empresa. “El caso de Aires del Sur es vergonzoso. Los dueños no quieren hablar, no les importa nada”, disparó. Y dejó en claro que la provincia se alineará con los trabajadores en la vía judicial y administrativa: desde la conciliación obligatoria —que la empresa no acató— hasta medidas para evitar el retiro de insumos de la planta.
El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de retracción del empleo industrial. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, puso números a esa caída: más de 10 mil puestos perdidos entre empleos directos e indirectos en el sector privado, con fuerte impacto en la industria.
En paralelo, Pérez impulsa un esquema de sostenimiento de ingresos con capacitación laboral, financiado a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que apunta a contener a trabajadores desvinculados del subrégimen industrial.
“Modernizar no es precarizar”, advirtió el jefe comunal, en una crítica implícita a las políticas nacionales y su impacto en el entramado productivo local.
Con el proyecto a punto de tomar estado parlamentario, la Legislatura se encamina a un debate que combina urgencia social, viabilidad económica y definición política. La expropiación de Aires del Sur aparece como una respuesta posible frente al vaciamiento empresario, pero también como un test sobre los límites —y alcances— de la intervención estatal en la crisis industrial fueguina.
Recientemente, el ministro de Economía Alejandro Barrozo, trazó un panorama dramático de la situación de las finanzas del Estado provincial y blanqueó un déficit mensual de 27.000 millones de pesos.
Al fuerte desequilibrio estructural entre ingresos y gastos en la provincia más austral de la Patagonia, se sumó otra afirmación alarmante: los números del último trimestre indican que la recaudación por regalías hidrocarburíferas, luego de transferir los fondos correspondientes a los municipios, no alcanzan para cubrir el pago de los bonos de la deuda garantizados.
