La Legislatura ratificó la norma que deroga la ley que declaró la necesidad de los cambios en la Carta Magna. ¿Qué pasa con la convocatoria a elecciones?
La pelea por la reforma constitucional en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo y dejó el proceso al borde de una definición judicial. La Legislatura insistió este viernes con la derogación de la ley que había declarado la necesidad de reformar la Carta Magna provincial y rechazó el veto del gobernador Gustavo Melella.
La votación volvió a exponer la fractura política en torno a una discusión que ahora marcha inevitablemente rumbo a los tribunales.
La insistencia legislativa se aprobó por 11 votos contra 3. En contra votaron Federico Greve y Myriam Martínez, del oficialista FORJA, y Natalia Dos Santos, de Sumemos Tolhuin. El radical Federico Sciurano estuvo ausente, según explicó, por cuestiones familiares. El mapa de votos fue idéntico al de la sesión anterior, ya que ningún opositor modificó su postura.
Con este escenario, la principal incógnita es qué ocurrirá con la elección de convencionales constituyentes convocada para el 9 de agosto. Mientras el oficialismo sostiene que el proceso ya está en marcha y no puede detenerse, la oposición asegura que la Legislatura conserva plenamente sus facultades para dejar sin efecto la declaración de necesidad de reforma, cosa que ya hizo, y truncar definitivamente los deseos de Melella.
La Justicia Electoral todavía no fijó el cronograma electoral, aunque la convocatoria realizada por decreto por el Ejecutivo sigue vigente. En paralelo, la jueza electoral Mariel Zanini remitió actuaciones al Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que la presentación de un recurso de queja que ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no suspende automáticamente el proceso electoral.
Según el dictamen fiscal, el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que el trámite sólo se interrumpe si la Corte Suprema admite formalmente la queja, algo que todavía no ocurrió.
Con ese marco, tanto el oficialismo como la oposición exhiben interpretaciones jurídicas contrapuestas sobre el alcance de la ley y las atribuciones de cada poder del Estado.
En el entorno de Melella sostienen que la ley que tumbó la oposición ya cumplió su finalidad cuando el Ejecutivo convocó a elecciones de convencionales constituyentes. Bajo esa interpretación, el proceso constituyente quedó abierto y excede las facultades de la Legislatura.
El jefe del bloque FORJA, Federico Greve, defendió esa postura durante el debate parlamentario. Argumentó que la Constitución fueguina establece una “ley especial” para declarar la necesidad de reforma, diferenciándola de las leyes ordinarias y otorgándole un rango institucional distinto.
Para el oficialismo, permitir que la Legislatura deje sin efecto la convocatoria luego de iniciado el procedimiento atentaría contra la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. Greve incluso calificó de “absurdo” que pueda frenarse una elección de convencionales cuando ya existe una convocatoria oficial.
El legislador también rechazó las críticas opositoras que califican la reforma como un proyecto personal de Melella. Según planteó, la ley fue producto de acuerdos políticos y ya había atravesado controles judiciales y legislativos.
Frente a quienes cuestionan la oportunidad del debate en medio de la crisis económica, Greve respondió con una frase que sintetiza la mirada oficialista: “Lo urgente nunca deja tiempo a lo importante”. Desde FORJA consideran que discutir la Constitución implica definir las reglas institucionales de la provincia para las próximas décadas.
La oposición construyó su rechazo a la reforma sobre una doble base de argumentos jurídicos y cuestionamientos políticos al contexto en que se impulsa el proceso. El eje central es que el poder preconstituyente pertenece exclusivamente a la Legislatura y que, por lo tanto, el cuerpo no pierde facultades sobre el proceso luego de sancionar la declaración de necesidad de reforma.
La principal vocera de esa postura fue Victoria Vuoto, quien encabezó la insistencia legislativa y sostuvo que la ley de reforma ni siquiera podía ser vetada por el Ejecutivo.
La legisladora del PJ y hermana de Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente en el antecedente “Polino”, que sirvió para sostener que un veto presidencial o gubernamental no resulta admisible en leyes que declaran la necesidad de reforma constitucional.
Además, planteó que la etapa constituyente todavía no comenzó formalmente porque los convencionales aún no fueron electos, y remarcó que el decreto de convocatoria tampoco estaba firme al momento en que la Legislatura avanzó con la derogación.
Desde ese enfoque, la oposición sostiene que así como la declaración de necesidad se aprobó con mayoría agravada, también puede ser dejada sin efecto con la misma robustez parlamentaria si cambian las circunstancias políticas y sociales.
Más allá de las discusiones jurídicas, buena parte de la oposición centró sus argumentos en el contexto económico y social de la provincia.
Durante el debate, distintos bloques plantearon que Tierra del Fuego atraviesa una crisis marcada por problemas en salud y educación, conflictos laborales y despidos en el sector industrial. Bajo esa mirada, consideran inoportuno abrir una discusión constituyente.
También cuestionaron que el Gobierno avance con el proceso sin consensos amplios y mediante una dinámica de confrontación política. Para la oposición, la energía del Estado debería enfocarse en resolver urgencias cotidianas, como los recortes en subsidios al gas envasado y la situación económica de las familias fueguinas.
Con la insistencia legislativa ya aprobada y el Ejecutivo decidido a sostener la convocatoria electoral, el expediente parece encaminado a una resolución judicial. Será finalmente la Justicia la que deberá determinar si la reforma constitucional sigue en pie o si el proceso queda definitivamente enterrado antes de llegar a las urnas.
