Dos sanatorios de Carlos Tita son los únicos prestadores con convenio con PAMI. Reciben 35 mil pesos por beneficiario y en la provincia hay más de cien mil.
En Santa Fe, sólo dos sanatorios privados concentran la totalidad del negocio de las auditorías médicas sobre las pensiones por discapacidad que paga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos pertenecen al Grupo Tita, del empresario Carlos Tita, y operan bajo convenio con el PAMI, que oficia de intermediario en el esquema.
Se trata del Sanatorio Nosti, en Rafaela, y de Mutual Abril, antes llamado Sanatorio Diagnóstico de la capital provincial. “Es decisión del nivel central”, explicó a Letra P una fuente de la obra social de los jubilados, al referirse a la elección de los prestadores. La definición dejó en manos de un solo grupo empresario santafesino un flujo millonario de fondos nacionales destinados al control de las personas con discapacidad.
El caso santafesino se inscribe en el marco de las controversias que rodean la política del gobierno de Javier Milei hacia las personas con discapacidad, marcada tanto por los recortes presupuestarios como por las denuncias del supuesto pago de coimas que involucran a la hermana del Presidente y que generaron una profunda crisis política en el corazón de la gestión libertaria.
Según pudo verificar este medio, el Sanatorio Nosti cobró en mayo $5.380.000, mientras que Mutual Abril recibió $26.910.000. Luego, los pagos se incrementaron: en julio y agosto, Nosti percibió otros $5.380.000 y $8.750.000, y en septiembre, Mutual Abril sumó $71.060.000 y $32.280.000 en dos tramos. En total, son 155.140.000 pesos transferidos hasta el momento por las auditorías a los beneficiarios santafesinos.
En la provincia hay 126.431 personas que cobran la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, sobre un total nacional de 1.680.723. A razón de $35.000 por beneficiario, el sistema implica miles de millones de pesos destinados a los prestadores privados que realizan los controles. Parte de las revisiones son efectuadas por personal propio del PAMI, pero la decisión final sobre quién mantiene o pierde la pensión depende exclusivamente de la ANDIS.
La estructura de este esquema se formalizó a través de la resolución 3223 del 15 de diciembre de 2024, que aprobó la firma del Convenio Marco entre PAMI y ANDIS. El texto estableció que el acuerdo tenía por objeto “formalizar las acciones de cooperación institucional” entre ambos organismos, con el fin de “fortalecer y ampliar la atención de la salud pública” y garantizar un “mejor y más efectivo acceso de la población” al sistema.
Ese marco habilitó la posterior suscripción de convenios específicos, como el aprobado por la resolución 3411, en la que se recordó que “la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica”, tanto para los beneficios ya otorgados como para los futuros.
Según la documentación oficial, la ANDIS solicitó al PAMI “apoyo necesario para llevar adelante el operativo de auditorías y revisión de la totalidad de pensiones de la manera más óptima, práctica y eficiente”, dado que el organismo previsional “cuenta con la estructura y la capacidad prestacional necesaria para implementar un sistema” que verifique la condición médica de los beneficiarios.
En el mismo instrumento se determinó que ANDIS transferirá, por adelantado, los fondos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio. Como es habitual, las firmas correspondieron a los titulares de cada entidad: por el PAMI, Esteban Ernesto Leguizamo; por la ANDIS, una figura que poco después se haría conocida: Diego Orlando Spagnuolo.
Un convenio posterior, aprobado el 21 de enero de 2025, fijó en $35.000 por persona atendida el monto que recibiría cada prestador que adhiriera a las tareas de control: $10.000 por “Gastos Administrativos y Gestión de Turno” y $25.000 por “Evaluación del Paciente y Estudios Proporcionados”.
Los gastos administrativos incluyen “el turno asignado al paciente con Certificado Médico Oficial (CMO) que no asiste al mismo”, además del tiempo del profesional y el uso del espacio físico. La segunda parte contempla “la consulta con el profesional, la evaluación de los estudios médicos respaldatorios del CMO, el examen físico completo y el informe correspondiente con la conclusión”, aunque excluye la atención domiciliaria.
