El diputado Esteban Paulón intimó a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Si el martes no aplica la emergencia, visitará Tribunales.
María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica de Javier Milei.
La resistencia de Javier Milei en implementar la ley de emergencia en discapacidad, que implica un aumento de las prestaciones y un nuevo esquema de pensiones, podría traerle consecuencias a su equipo legal. El viernes, el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón, intimó con carta documento a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
El diputado socialista le dio a la funcionaria 24 horas de plazo para publicar la ley 27.793, bajo apercibimiento de ser denunciada penalmente "por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El plazo vence este martes, cuando Paulón exige que el Boletín Oficial incluya la norma en su contenido para no ir a Comodoro Py.
Ibarzábal Murphy es una funcionaria cercana al asesor Santiago Caputo. Al inicio del Gobierno de Milei cumplió funciones en jefatura de Gabinete: junto a José Rolandi era la encargada de negociar los proyectos en el Congreso, como la ley Bases. El mago del Kremlin les asignó esa tarea en enero, cuando el proyecto fracasó, y continuaron luego para ayudar a la sanción a mediados de ese año.
Con Caputo en baja, enfrentado a Karina Milei por no tener lugares en las listas, la secretaria de Legal y Técnica se quedó con la lapicera principal del Presidente y la oposición quiere hacerla cargo de sus torpezas. Como explicó Letra P, ya hay castigos preparados para otros funcionarios si la emergencia sigue escondida bajo siete llaves. El principal sería una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una atribución que tiene el Congreso para correrlo del cargo.
La emergencia en discapacidad fue sancionada el 10 de julio. Milei la vetó, pero ambas cámaras del Congreso rechazaron la medida, con los dos tercios que exige la Constitución y de esta manera la ley quedó firme. El remate fue en el Senado, el 4 de septiembre; y el lunes último Victoria Villarruel giró el expediente al Ejecutivo.
Pero Milei está encaprichado en no cumplir la ley, si es necesario, sumando un prontuario judicial a Ibarzábal Murphy, con quién parece no entenderse muy bien. La semana pasada, el Presidente filtró en los medios que estaba dispuesto a judicializar el veto, pero luego no existieron presentaciones en Tribunales.
No sólo eso: Alejandro Vilches, interventor de la ANDIS -cercano al ministro de Salud Mario Lugones- asistió al Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) y prometió cumplir con la emergencia. Para aportar confusión, este domingo, en una entrevista con Clarín, Francos garantizó la promulgación pero advirtió que la reglamentación podría retrasar su implementación.
El jefe de Gabinete explicó que la demora se debe a que el Gobierno no encontró la forma de financiar la ley. Sin embargo, el artículo 19 le da al Ejecutivo la chance de buscar recursos en todas las partidas, menos en las destinadas a servicios sociales.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el aporte inicial, para recomponer las prestaciones, implica sólo el 0.03% del PBI. La indexación de estas partidas debería financiarse en su mayoría con aportes que ya está haciendo el propio sistema de salud.
En cuanto a las pensiones, el universo de beneficiarios podría ampliarse, aunque no hay costo estimado porque la norma le permite al Gobierno de reducir al mínimo estos aportes si aplica un efectivo plan de inclusión laboral, que hasta ahora no está en la agenda de Milei.
La oposición no acepta excusas por la demora en implementar la emergencia y está dispuesta a ir a fondo. "Le dimos 24 horas a Ibarzábal Murphy. Tiene hasta hoy para responder. De lo contrario, avanzamos con la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público", advirtió Paulón a Letra P.
Los asesores letrados de las bancadas opositoras entienden que el único plazo que podría esgrimir el Gobierno son los ocho días hábiles que contempla el Código Civil y Comercial para promulgar leyes. Pero como en este caso se trata de un rechazo a un veto, no está claro si corren estos plazos. "Es un disparate. La tiene que poner en marcha y punto", sostuvo el diputado de UP Daniel Arroyo, autor del proyecto de Emergencia, finalmente sancionado.
De la misma manera que tampoco Milei puede escudarse en el mes de tiempo que se fija en la propia ley para ponerla en marcha, porque ese tiempo se establece después de la sanción. La cerrazón del Presidente ya le empezó a traer problemas en la Justicia.
El juzgado federal 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la ANDIS restablecer en 24 horas las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia.
Hace un mes, antes del tratamiento del veto, hubo un fallo de la justicia de Campana ratificado luego por la Cámara de Apelaciones que obligó a Milei aplicar la norma, por considerar que constituye una obligación impuesta en la convención sobre discapacidad. El veto llegó igual. Pero chocó con el Congreso.