La Cámara de Casación Penal dio luz verde a los fiscales que investigan la corrupción judicial en Rosario. La definición llegó tras apelaciones del escribano y operador judicial de Santa Fe Santiago Busaniche, hombre de vínculos con la cúpula judicial local y nacional, y cercanía con el supremo Ricardo Lorenzetti.
La investigación es un desprendimiento de las acusaciones contra el exjuez federal de Rosario —con prisión domiciliaria— Marcelo Bailaque, por cobro de coimas a empresarios locales. La maniobra se formó con el extitular del ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sobre ellos pesa la acusación de prevaricato, falsedad ideológica y allanamientos ilegales, y Busaniche, según la acusación, sería un partícipe necesario de ese armado.
De los tres jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci votaron a favor del avance de la investigación. Sostuvieron que no se advertía vulneración a las garantías constitucionales de defensa del escribano. Mientras que, en minoría, Mariano Borinsky votó razonables los planteos de Busaniche sobre la falta de objetividad de los investigadores y las quejas sobre cómo fue notificado de la investigación en su contra. Los cuestionamientos de Busaniche pesan sobre fiscales de distintas jurisdicciones como Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Sergio Leonardo Rodríguez, Diego Velasco, Matías Scilabra y Esteban Venditti.
Carta y crisis nerviosa
Al tiempo que se conoció la definición de la Cámara, en la ciudad de Santa Fe, Busaniche fue internado en el sanatorio San Jerónimo con una crisis de nervios. Circuló también, en ese momento, una carta que habría escrito para familiares y allegados con un descargo sobre los hechos y sus vínculos en las sombras con actores de la Justicia Federal en la provincia y en la Nación. Sin embargo, esa misiva no fue entregada a la Justicia, por lo que no tiene validez legal.
En concreto, sobre Busaniche pesa la sospecha de que actuaba como intermediario o gestor de coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario y Santa Fe, con terminales en Comodoro Py, y la pena en expectativa por esos delitos es de seis años de prisión. Los hechos que están bajo la lupa judicial sucedieron entre 2019 y 2024, y la hipótesis de los fiscales es que direccionaron actuaciones administrativas y judiciales contra empresarios para presionarlos, entre otros a un directivo del grupo San Cristóbal. El caso avanza hacia el juicio oral.
La declaración de los arrepentidos
El nombre de Busaniche toma fuerza como nexo operativo de las maniobras ilícitas con la declaración de arrepentidos. En particular, tenía frecuentes comunicaciones con Vaudagna, que fue uno de los imputados que terminó revelando mayores detalles de cómo ejecutaban las maniobras.
En paralelo, Busaniche también está procesado en la investigación contra el juez rosarino Gastón Salmain, un magistrado sospechado de cobrar coimas a cambio de un fallo que habilitó al financista Whpei a comprarle al BCRA 10 millones de dólares cuando aún regía el cepo cambiario, durante los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández.
En octubre del año pasado, Gendarmería Nacional allanó varios domicilios vinculados a Busaniche, incluido su estudio y un departamento en la capital provincial y otro en Buenos Aires. También le secuestraron su teléfono y pidieron un embargo por un millón de dólares y la inhibición general de sus bienes.
El exjugador de rugby en el CRAI, un club que concentra a las familias más poderosas de Santa Fe, era buscado por la Procelac, organismo nacional dedicado a investigaciones de delitos económicos complejos. El foco está puesto no solo en las relaciones que construyó con el poder profundo, sino también en los frecuentes viajes al exterior que realizaba. Busaniche, de 50 años, cumplió funciones en el Consejo de la Magistratura Nacional, en el Congreso y en la legislatura provincial. En la década del 90, fue armador del exgobernador Carlos Reutemann, que era primo del suegro de Busaniche.