Mariano Ríos acaba de cumplir una sanción. Los motivos del alejamiento y la crítica de la Justicia Federal a su labor en un caso relacionado a Vicentin.
El fiscal renunciante Mariano Ríos se desempeña en la Oficina de Delitos Económicos del MPA.
El fiscal Mariano Ríos, que se desempeñaba en la Oficina de Delitos Económicos de Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) renunció este martes. El funcionario venía de una suspensión aplicada por la Legislatura de Santa Fe y se va cuando asoma un cuestionamiento a su actuación en un caso derivado de la investigación por estafa contra la agroexportadora Vicentin.
Ríos había sido suspendido del cargo el 18 de abril pasado por 60 días a raíz de una controvertida cesión de dos vehículos, uno de los cuales, a su nombre, fue encontrado en usufructo de un conocido policía exonerado, con pedido de captura en una causa por comercio de drogas.
El fiscal comentó a Letra P que presentó su renuncia al MPA como corolario de una situación que lo afectó emocionalmente y para evitar otras controversias a la institución a la que pertenece. Eso ocurre en momentos en que el nombre del fiscal estaba a punto de quedar bajo una nueva circunstancia polémica.
Se trata de su intervención para conceder una probation al ex titular de la AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, favorecido con esa medida en un hecho derivado de la investigación por estafas que la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario sigue a directivos de la agroexportadora Vicentin.
El caso se ventiló en el diario La Capital en mayo de 2022, en un artículo que indicaba que Vaudagna había sido imputado por un caso de falsedad ideológica. Los fiscales actuantes advirtieron que el jefe provincial de la AFIP había aceptado que eran suyos 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin. Vaudagna afirmó que ese dinero era suyo y que lo había dejado como parte de una operación con una inmobiliaria. La franquicia de esa inmobiliaria, que es Remax, la tenía el hijo de Scarel.
En base a la aceptación del funcionario se llegó a un acuerdo por el cual Vaudagna pagó una multa de un millón de pesos para lograr el cese de la acción penal en su contra más una serie de reglas de conducta. Mariano Ríos fue quien suscribió por el MPA la probation concedida a Vaudagna, que estaba imputado por falsedad de una escritura.
La referencia a Vaudagna apareció luego de que el fiscal provincial Miguel Moreno, que impulsa el trámite por estafa donde están imputados los directivos de Vicentin, reveló escuchas en las que Omar Scarel y un abogado hablan sin disimulo sobre cómo justificar el origen del dinero. “Si vos no tenés respaldo de esa guita lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar”, le dice el letrado, a lo que Scarel replica qué tipos de respaldos puede tener.
Al trascender que se había asignado esta probation, la fiscalía federal de Reconquista, que tiene a cargo la acción penal por lavado de dinero contra la agroexportadora en default desde 2020, reclamó la intervención en el caso. Para el fiscal federal Roberto Salum esa causa no puede ser por falsedad de escritura sino que se trata de lavado de activos. También aduce que nunca debió asignarse una probation a una persona como Vaudagna porque este tipo de salidas alternativas no son aplicables para funcionarios públicos nacionales.
Por eso mismo se inició un conflicto de competencia, ya que la fiscalía federal de Reconquista reclama la causa y el MPA se opuso. Al tratarse de fueros distintos, el caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este momento el expediente por el litigio se encuentra en la oficina de la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, a la espera de dictamen.
La fiscalía federal entiende como improcedente y contraria a procedimiento la salida que el MPA acordó para Vaudagna con la firma del fiscal Ríos. Con este conflicto de fondo se produce la renuncia de Ríos que ahora deberá ser considerada por la fiscal general María Cecilia Vranicich.
El caso que terminó con la probation al jefe de la AFIP Santa Fe será difícil de ser reabierto en caso de que la Corte Nacional asigne la competencia a la Justicia Federal. Esto porque ya la representación legal de Vaudagna indica que la probation fue concedida y cumplida. Lo que equivale a cosa juzgada y a la imposibilidad de someter dos veces al mismo trámite a cualquier acusado.
Esos 200 mil dólares encontrados en la caja fuerte de Scarel, que Vaudagna reconoció como propios, están cautelados en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Reconquista. En esa ocasión, la abogada querellante por acreedores damnificados por Vicentin, Viviana Cosetino, tuvo una referencia muy crítica al argumento de Vaudagna, el que consideró una coartada para la agroexportadora.
“Si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un exdirector de la AFIP para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o están haciendo para entorpecer el proceso”, dedujo.
Ríos fue sancionado el 18 de abril pasado por la Legislatura de Santa Fe tras una investigación hecha por la Auditoría General del MPA, que en ese momento estaba a cargo de quien hoy es la fiscal general de la provincia, y se inició al trascender que un exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Rosario le había avisado a Ríos que un policía investigado por conexiones con actores del narcotráfico local, Juan José Raffo, se movía en un auto de su propiedad.
El mismo fiscal Ríos, al recibir la información, se lo contó a los fiscales del caso. Adujo que él había vendido el auto que terminó en manos de Raffo a un comisario llamado Álvaro Rosales (a su vez imputado por delitos de abuso laboral contra una cadete de la Policía), pero que nunca supo que había llegado a manos de Raffo, que es un exsuboficial condenado a cinco años y diez meses de prisión como miembro activo de la banda de Los Monos en 2018, a la que le pasaba información.
A fines de 2022 Raffo era seguido por fiscales federales de la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar) en una causa que investigaba cómo Los Monos actuaban en el comercio de drogas del cordón industrial norte del Gran Rosario, entre Granadero Baigorria y San Lorenzo. Allí se advirtió que Raffo se había trasladado hasta el Aeropuerto de Ezeiza en un Chevrolet Cruze negro dominio AE618SR que, según el dominio registral, era propiedad del fiscal Ríos.
Ríos dijo que supo que su auto había terminado en manos de Raffo porque el exjefe de la AFI, a quien conocía, se lo había dicho. Este ex funcionario está en libertad bajo pedido de imputación y solicitud de indagatoria de la Justicia Federal de Rosario.
En breve diálogo con Letra P, Ríos dijo que toda la publicidad de su trámite disciplinario le había supuesto una afectación anímica y que por eso había considerado dejar el cargo. Este fiscal en su momento renunció a conceder un fallido juicio abreviado por considerar que se trataba de penas bajas para los principales miembros de la llamada banda de Los Monos, lo que finalmente derivó en que se hiciera un juicio oral y público en el que los referentes máximos de la banda recibieron fuertes condenas.