Uno de los acusados en un juicio a miembros de una banda narco que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sur de Santa Fe es el principal sospechoso de ser el promotor de una serie de amenazas a políticos y funcionarios judiciales de la provincia. Se trata de una persona que actualmente cumple sentencia en la Unidad 6 de Rawson (Chubut) por delitos como venta de droga, abuso de armas de fuego y organizador del funcionamiento de esta banda delictiva llevada al banquillo.
Las características del contenido y las identificaciones que arrojaron las torres de comunicación son los indicios que apuntan al acusado que presencia el juicio a través de conexión virtual desde la cárcel de Chubut como instigador de mensajes amenazantes vía WhatsApp al senador provincial Lisandro Enrico, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Peppino, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa.
Los mensajes intimidatorios, que fueron acompañados con una foto de un arma de fuego, fueron recibidos por Enrico en su teléfono en la noche del jueves. “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el (Javier) Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, fue el mensaje que recibió el legislador.
Este episodio se suma a otras amenazas que padecieron en las últimas semanas Enrico, Chiarella y Peppino. Esta vez los mensajes no tuvieron firmantes, pero uno de los celulares involucrados vuelve a tener característica de Trelew (Chubut), ciudad cercana a Rawson, donde se encuentra el imputado cumpliendo condena en la Unidad 6, lo que enciende alarmas sobre el funcionamiento de ese servicio penitenciario por el acceso a la comunicación (vía celular) que mantienen los presos y las visitas que reciben donde pueden encontrar complicidad para ejecutar las amenazas.
La causa en la que está involucrado el sospechoso de las amenazas surgió de denuncias de políticos por venta de droga y está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario. Tras distintas abreviaciones de sentencias, finalmente quedaron cinco imputados a la espera del fallos.
