La Legislatura aprobará una batería de cargos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Gesto de paz al tribunal superior en una batalla ganada. El impugnado.
Maximiliano Pullaro charla con Eduardo Spuler, el cortesano de Santa Fe protagonista de versiones sobre su renuncia.
El gobernador Maximiliano Pullaro prepara el terreno en la transición final para la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe. La Asamblea Legislativa votará este jueves un récord de 86 pliegos que envió el Ejecutivo para cubrir la mayoría de las vacantes críticas que reclamaba la cúpula judicial.
El gesto de buena voluntad, que pedía también el Colegio de la Magistratura para redistribuir las cargas de trabajo, se suma a más de un centenar de decretos que firmó el gobernador en las últimas semanas con ascensos, traslados y jubilaciones que también habían pedido los cortesanos y estaban frenados desde hacía meses.
La rúbrica cierra una etapa de tensión extrema por la renovación del máximo tribunal y abre una ventana de diálogo. Con la nueva Constitución en mano, que pone límites innegociables a la edad tope para el ejercicio de la magistratura, el Ejecutivo considera que la guerra ya está ganada. Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco, los últimos tres jueces con más de 75 años, juraron esta semana por la nueva Carta Magna y se quedaron sin margen de negociación. "La renovación se materializa en 2026, sí o sí", dicen en la Casa Gris. Ahora sólo les resta una salida ordenada, con la mayor cantidad de compromisos internos cumplidos. Para apaciguar las aguas, Pullaro repite cada vez que puede que no se trata de "cuestionamientos personales", sino de un ciclo terminado y una nueva mirada de la Justicia.
El paquete de 86 pliegos de jueces, fiscales y defensores, que tiene entre los puestos críticos tres camaristas del fuero laboral y cuatro para el fuero penal, fue pensado para no forzar la máquina: el gobierno priorizó el acuerdo político y fueron consultados los colegios de magistrados y de abogados. Eligió perfiles profesionales y buscó un equilibrio de género, con una postulación final que incluye más mujeres que varones. Como resultado de esa estrategia, llegó a la previa de la Asamblea sin desgaste en la negociación y con la seguridad de la aprobación casi plena.
La batería de pliegos busca rediseñar la estructura institucional del Poder Judicial y mejorar la prestación del servicio de justicia. En reuniones previas con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, la Corte provincial confeccionó un orden de prioridad entre los cargos vacantes. Pullaro se los había pedido al inicio de su gestión, cuando les dijo a los cortesanos que la justicia santafesina era “cara e ineficiente”. Le contestaron con un reclamo de casi 150 vacantes. Fue recién después de los primeros tres recambios en la Corte que afinaron el lápiz.
Uno de los postulantes se convirtió en epicentro de la polémica: Marcelo Gelcich, abogado ligado al Opus Dei, fue propuesto como juez civil y comercial de Rafaela. Su pliego fue impugnado por la Mesa Ni Una Menos y la Asamblea Lesbotransfeminista, que denuncian su historial de declaraciones contra mujeres y minorías y su oposición a la ampliación de derechos reproductivos.
Gelcich ya había sido rechazado en 2017, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, por motivos similares. En una esas declaraciones públicas que generaron controversia, calificó de “inmorales” a las mujeres que acceden a métodos anticonceptivos o a interrupciones del embarazo. Esas organizaciones señalan que la eventual designación de Gelcich representaría un retroceso frente a los principios de la nueva Constitución.