Fue la principal recomendación que realizó la comisión investigadora, en su informe final. El documento consensuado por todos los bloques.
Victoria Tolosa Paz y Viviana Fein, durante el informe de fentanilo en Diputados.
La comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado, que ya causó al menos 173 muertes, concluyó su tarea en Diputados con un informe final firmado por todos los bloques, en el que realiza 20 recomendaciones. Las principales apuntan a la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, quien se negó a exponer ante el Congreso.
En uno de los capítulos, el texto recuerda que Lugones pudo incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público por faltar a la comisión. Todas las fuerzas le pidieron al ministro mejorar la comunicación con el sector privado de salud y los gobiernos provinciales, como también las "transferencias comerciales de laboratorios".
El informe final fue elaborado por las tres diputadas que lideraron la investigación: Mónica Fein (Encuentro Federal), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quien motorizó la idea de armar una comisión investigadora, cuando aún integraba las filas del PRO.
El oficialismo nunca estuvo de acuerdo con la comisión, pero cedió cuando se quedó en minoría en el recinto. Guidici fue la encargada de recibir a familiares y pedir la acción del Congreso, cuando se produjeron las primeras muertes por consumo de fentanilo adulterado. Los principales casos fueron en Rosario y en La Plata, donde se instruye una investigación judicial a cargo del juez federal Ernesto Kreplatz, quien ordenó la detención de Hernán García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma.
El informe final toma algunas recomendaciones de Kreplatz, como la de pedirle a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizar un "las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados". Le piden que esta información sea de acceso libre para que la ciudadania sepa quién proveyó medicamentos en mal estado y quiénes son los culpables.
ANMAT pertenece al Ministerio de Salud, donde recayó la mayor parte de la recomendaciones, aun cuando el informe tuvo la firma del oficialismo. "Los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos”, reconoció Giudici.
La comisión le dio dos tareas a Lugones. Una es poner "en funcionamiento una red de articulación entre el sector público y privado, cuyo objeto sea homologar los procesos de comunicación y respuesta frente a situaciones de afectación general de la salud pública". En esa red están incluidos hospitales, clínicas y laboratorios.
Otro trabajo que deberá realizar será promover en el Consejo Federal de Salud (COFESA) "la elaboración de pautas de control y alertas epidemiológicas y/o de eventos sanitarios masivos de obligatorio cumplimiento para los efectores públicos y privados". El diagnóstico es claro: con las reglas actuales, Lugones puede ignorar la trazabilidad de los medicamentos que circulan por el país. Para la comisión, no hizo demasiados esfuerzos por evitar que el fentanilo contaminado llegue a los centros de salud.
La comisión le pidió a Lugones no volver a desentenderse de los medicamentos que circulan por el país. Por eso, le exigió crear "un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides" con "la trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores" y "fortalecer los controles sobre transferencias comerciales de laboratorios que adquieran monografías, habilitaciones o licencias para la elaboración de inyectables de drogas exigibles de trazabilidad para uso hospitalario".
Los diputados recomiendan que en estos casos se requiera "la obligación de la autoridad regulatoria de la inspección del primer lote productivo luego de obtener la autorización de comercialización".
La comisión le solicitó a la ANMAT elaborar un manual de buenas prácticas y un sistema de "incompatibilidades laborales temporales específicas para los altos funcionarios" del mencionado organismo, que además exigen crear por ley, para que cada presidente no tenga la chance de ubicarlo en el organigrama como quiera.
A Lugones le recomiendan "mejorar los mecanismos de alerta sanitaria para establecer un sistema que opere con distintos niveles de graduación del riesgo, capaz de determinar las urgencias clasificando los hechos".
Exigen tener en cuenta la detección de defectos de calidad subestándar que pueden ser potencialmente mortales, que asigne a estas situaciones una prioridad de tratamiento ALTA para asegurar una respuesta rápida y eficaz que permita tomar medidas rápidas de minimización de riesgos en casos de extrema gravedad".
Tolosa Paz apuntó a Lugones. "Incorporamos un capítulo aparte respecto del incumplimiento de los deberes de funcionario público en reclamo de la presencia de los funcionarios nacionales, que también incluye una cronología de los hechos", informó la diputada.
Fein celebró que el oficialismo haya firmado el informe, aun cuando compromete a un funcionario. “Este es un punto de partida que permitirá al Congreso y otros ámbitos que se escuchen las recomendaciones de la comisión para que se tengan en cuenta a partir de esta tragedia algunas modificaciones o aportes a hacer”, concluyó la rosarina.
