Los allanamientos en la casa del exministro Gutiérrez sumaron al descontento. Armas, dinero y viejas disputas. La Justicia y las disculpas del gobernador.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
Los cambios en el gabinete del gobernador Claudio Vidal evidencian cómo el poder político de Santa Cruz quedó en jaque y vuelve a estar en el centro del debate público luego de los allanamientos en la casa del renunciado ministro Julio Gutiérrez y su esposa, Iris Rasguido. Una historia de internas, rencillas políticas y acuerdos de ocasión que empiezan a resquebrajarse.
Tras el accidente protagonizado por el director general de Relaciones Legislativas Municipales, Pablo Mandatori, y el posterior atrincheramiento en la casa que comparten el ahora exministro de Trabajo Gutiérrez y Rasguido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, las primeras informaciones oficiales dan cuenta de la detención de Mandatori, Iván Agaforo y Roberto Velásquez, chofer de Gutiérrez indicado como el responsable de abrir las puertas de la vivienda.
Según se desprende de las primeras versiones que circularon en la provincia, la intención de Mandatori y Agaforo habría sido que las autoridades no descubrieran que el accidente se produjo en un momento en que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. También se investiga si los dos estaban armados.
Como ya contó Letra P, el propio ministro de Seguridad, Pedro Prodrómos, fue personalmente hasta el lugar y, acompañado por el subsecretario de Trabajo, Mario Mamáni, llevaron adelante la “negociación” con los atrincherados, que habían sido denunciados por los vecinos.
Esos primeros movimientos se realizaron sin la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que habitualmente se ocupa los hechos en los que se encuentran involucradas personas armadas. De la instancia tampoco participó el personal policial, que finalmente detuvo a Mandatori, Agaforo y Velásquez tras la intervención de la jueza de turno, Marcela Quintana.
El primer allanamiento a la vivienda se realizó recién el lunes, un día después, y estuvo a cargo del fiscal Federico Heinz. Encontraron un total de nueve armas, incluyendo un rifle con silenciador, armas de guerra y una cuyo certificado de titularidad responde a Pedro Luxen, el ministro de Gobierno de Vidal.
Entre los medios locales también surgió una versión que rápidamente sumó a las dudas en torno a la gestión. Habría testigos que escucharon a Mamáni decir que en la casa había "mucho dinero". No hubo información oficial al respecto.
Horas después de conocerse la información en torno a los allanamientos, el gobernador le pidió la renuncia Gutiérrez y la incluyó en un combo en el que, por diferentes razones, fueron apartados de la gestión otros siete funcionarios.
“Yo no llegué a este gobierno para cubrir a nadie. No voy a cubrir a nadie. No voy a defender lo indefendible”, dijo Vidal que, de todos modos, aclaró que considera que Gutiérrez “no es responsable directo”. “No se encontraba en la ciudad”, afirmó, aunque no hubo demasiadas explicaciones en torno a las razones de su apartamiento. En la oposición se preguntan por qué no se procedió de la misma manera con Rasguido.
Como el gobernador, Gutiérrez es un hombre surgido del sindicalismo provincial que luego de una histórica militancia en el peronismo pegó el salto al universo de dirigentes más proclives al diálogo con la gestión de Javier Milei.
Referente del gremio de vigiladores, en 2023 fue elegido para representar a su provincia en el Parlasur, obteniendo el 45,3% de los votos en la boleta de la alianza Por Santa Cruz que llevó como candidato a gobernador a Vidal, su otrora rival en el mundo sindical del sur del país.
El ahora exministro fue secretario general del Sindicato Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia y presidente de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada.
En 2005, siendo delegado de UPSRA y empleado de Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas en Santa Cruz, fue denunciado por retener los aportes sindicales y de la obra social. Ante la denuncia en el fuero penal se vio obligado a devolver los aportes de los trabajadores. Entre los referentes que por entonces cuestionaban su creciente poder en el mundo sindical, se encontraba su ¿todavía? jefe político, el gobernador Vidal.
En marzo último, Gutiérrez concentró gran parte de la atención pública al denunciar un fraude contra Estado cometido por una exfuncionaria que habría desviado más de 27 millones de pesos para la compra irregular de autopartes y repuestos.
Para esa causa, que el oficialismo presentó como un avance en la lucha contra la corrupción en la cuna del kirchnerismo, se presentaron filmaciones de cámaras de seguridad, análisis de redes sociales, cruce de datos financieros, vigilancia en el domicilio con detalles de todas las personas que ingresaban y salían, vestimenta, nombre y todos los datos personales de los supuestos implicados. El curioso y detallado informe alertó a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción Penal N° 3, por la celeridad de las diligencias, pero, sobre todo por la falta de autorización judicial para realizar estas medidas.
En Río Gallegos recuerdan que ese tipo de acciones sólo pueden ser ordenadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y trazan un paralelo con lo ocurrido el fin de semana. Al día siguiente de la denuncia por las autopartes, la fiscalía ordenó un allanamiento al que asistió, por su propia decisión, el ministro Prodrómos.
En su dictamen, la Fiscalía sostuvo: “Resulta penoso advertir cómo en este caso concretamente se avasalló la investidura de los funcionarios judiciales competentes, pues se llevó a cabo una investigación sin orden judicial previa, en donde los suscriptos en su afán por hallar la verdad real de los hechos comprometieron la pesquisa, atribuyéndose de hecho la facultad de decidir qué medidas eran pertinentes y útiles para esclarecer el delito, medidas que reitero, son facultad exclusiva del órgano judicial, con las excepciones marcadas precedentemente, las cuales, como se expusiera eran ajenas a la presente causa”.