El peronista confía en acomodar la interna y salir a buscar desencantos con el gobernador y Milei. Con quiénes conversa. ¿Hay fórmula?
Pablo Grasso publicó una foto en redes sociales junto al intendente del Calafate, Javier Belloni y podría ser la posible fórmula de alternativa en Santa Cruz para el 2027.
Una foto alcanzó para agitar el tablero político de Santa Cruz. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, publicó una imagen junto a su par de El Calafate, Javier Belloni, acompañada por una frase breve y electoral: “Juntos rumbo al 2027”. La postal alimentó las versiones sobre una posible fórmula para disputar la gobernación y recuperar para el peronismo el poder perdido en 2023.
Si bien el orden de los nombres todavía no está definido y los protagonistas evitan confirmar candidaturas, todo parece estar dado para que Grasso, también presidente del PJ santacruceño, se quede con la candidatura y que Belloni, que se bajó de la disputa interna para evitar enfrentar al intendente de Río Gallegos, acompañe. Sin embargo, todavía falta.
En diálogo con Letra P, Grasso sostuvo que la construcción no quedará limitada al Partido Justicialista y aseguró que mantiene conversaciones con sectores del radicalismo, partidos vecinalistas, dirigentes independientes y espacios libertarios relegados por La Libertad Avanza de Río Gallegos y Caleta Olivia. En esa amplitud aparecen las dudas sobre una fórmula que, en principio, parece responder a la pureza partidaria que el peronismo se propone esquivar.
La publicación apareció pocos días después de la reorganización interna del justicialismo. Grasso quedó al frente del partido luego de que Belloni y el exvicepresidente de YPF Pablo González retiraran sus postulaciones, una decisión que permitió evitar una competencia provincial y avanzar con una conducción de unidad.
La foto funcionó como una segunda señal. En el entorno de ambos dirigentes reconocen que todavía falta tiempo para discutir los lugares de una eventual fórmula, pero admiten que existe una decisión compartida de construir una alternativa competitiva.
Grasso gobierna la capital provincial, concentra la conducción partidaria y busca proyectarse hacia el resto del territorio provincial. Belloni aporta su peso político en El Calafate, experiencia electoral y una estructura propia dentro del peronismo. Ambos fueron candidatos a gobernador en 2023 y quedaron detrás de Vidal en una elección atravesada por la dispersión opositora y una ley electoral aún no resuelta.
La nueva etapa pretende evitar aquella fragmentación. Grasso dijo a este medio que el armado debe superar los límites tradicionales del justicialismo y contener a todos los sectores dispuestos a acordar un programa común. “En el camino hacia la candidatura hay espacio para todos, siempre en pos de la unidad”, afirmó.
“Hoy hablo con casí todos, porque de eso se trata la política. Nadie es enemigo de nadie; somos adversarios”, explicó. Esa definición busca diferenciar su estrategia de la confrontación abierta que domina la relación entre el municipio de Río Gallegos y el gobierno provincial. Las excepciones, admitió, son Vidal y el diputado nacional de La Libertad Avanza Jairo Guzmán. A los dos los ve parte de un mismo proceso que se propone dejar atrás.
La estrategia del presidente del PJ consiste en construir un frente provincial más amplio que el peronismo. El objetivo es incorporar sectores del radicalismo, partidos vecinalistas y dirigentes independientes, además de expresiones libertarias que no responden al armado de Guzmán.
Las conversaciones se extienden por Río Gallegos, Caleta Olivia y otras localidades de la provincia. La crisis de la actividad petrolera, la caída del empleo formal y el deterioro del poder adquisitivo comenzaron a generar movimientos internos en distintos espacios políticos, incluso dentro de la coalición gobernante.
Grasso sostuvo que el armado no se limita a los sectores que hoy se ubican formalmente en la oposición. Según reveló, también existen funcionarios de la administración provincial que mantienen contactos con su espacio y comenzaron a trabajar para una alternativa electoral.
“Parte de los funcionarios del actual gobernador está trabajando con nosotros para 2027”, afirmó ante Letra P. La declaración expone las fisuras que, según el intendente, atraviesan al oficialismo cuando todavía falta más de un año para la definición de las candidaturas. Todos suponen que Vidal buscará la reelección, pero eso tampoco está definido.
La frase de Grasso también busca instalar la idea de que el ciclo político de Vidal empezó a perder cohesión. El intendente apuesta a que las dificultades económicas, los conflictos salariales y las disputas internas empujen a dirigentes del oficialismo hacia una construcción opositora con posibilidades concretas de tener una visión diferente de gobierno.
La posibilidad de un frente marcado por la amplitud obligará a Grasso a administrar diferencias. El PJ seguirá ocupando un papel central por su estructura territorial, pero la intención es que la eventual coalición no sea presentada únicamente como el regreso del peronismo, sino como un acuerdo político y social más amplio para gobernar la provincia. "Hay lugar para todos", repite cuando le preguntan, aunque desde un lugar de liderazgo.
Antes de discutir nombres, el jefe comunal propone avanzar con un programa común. “Tenemos que trabajar sobre cinco puntos principales: el trabajo, la salud, la seguridad, una administración y la producción”, señaló y dijo que tienen que ser puntos acelerados, "hoy necesitamos dar respuestas rápidas".
La situación laboral será uno de los principales argumentos de la oposición. Santa Cruz perdió más de 10.000 puestos privados registrados desde finales de 2023 y alcanzó uno de los niveles de empleo formal más bajos de su historia reciente. La caída golpeó especialmente a la actividad petrolera, la construcción, el comercio y los servicios asociados con las principales industrias provinciales.
“Somos la provincia que mayor empleo formal perdió, llegando al 10,4%. Hoy tenemos al 59% de los menores de 30 años sin trabajo”, aseguró Grasso. El intendente considera que el deterioro laboral dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para convertir sus promesas de campaña en políticas concretas.
La salida de YPF de las áreas convencionales y la reestructuración del sector hidrocarburífero profundizaron las tensiones en la zona norte. “Hemos perdido productividad en el petróleo y el sector perdió 5.000 puestos de trabajo”, expresó el presidente del PJ.
El gobierno no logró aún cerrar las disputas con los gremios docentes. Los reclamos salariales, los paros y los cuestionamientos por los descuentos atravesaron el ciclo lectivo. El pago extraordinario destinado a quienes no adhirieron a medidas de fuerza fue interpretado por el gremio como un mecanismo para dividir a los trabajadores y castigar la protesta.
“El discurso político de Vidal no se cumplió”, sentenció Grasso, que busca contrastar las promesas de renovación formuladas por el gobernador durante la campaña de 2023 con los resultados económicos, laborales y sociales de su administración.
Grasso también elevó el tono contra los movimientos institucionales impulsados por Vidal. Acusó al gobernador de intentar asegurarse protección para cuando deje el poder mediante la designación de dirigentes y funcionarios cercanos en organismos de control y en la Justicia.
Según dice, el oficialismo busca ocupar espacios en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones encargadas de revisar las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Grasso relaciona esos movimientos con un intento de evitar futuras investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
El cuestionamiento aparece en medio de la disputa por la conformación del Tribunal Superior de Justicia. La ampliación de cinco a nueve integrantes, las jubilaciones de magistradas que resistieron la reforma y la incorporación de vocales promovidos por el Ejecutivo fueron interpretadas por distintos sectores opositores como parte de una estrategia de control judicial.
Desde el Gobierno rechazan esas interpretaciones. Vidal sostiene que las modificaciones apuntan a terminar con estructuras judiciales vinculadas con administraciones anteriores y construir organismos independientes.
