Los cambios que la tropa de Gustavo Sáenz impulsó en el texto no enfrentan obstáculos en la Legislatura. Una por una, todas las modificaciones aprobadas.
La reforma de la Carta Municipal de la ciudad de Salta se encamina a ser una derrota para La Libertad Avanza. Después de que el Senado provincial la aprobara con modificaciones sustanciales, no se espera que la Cámara de Diputados salteña presente obstáculos a los cambios. Así, el desguace que impulsó la tropa de Gustavo Sáenz quedará firme.
El resultado expone los límites de la victoria electoral que pareció darle a La Libertad Avanza el control de la discusión institucional. Los libertarios habían conseguido 12 de las 21 bancas de la Convención Municipal, pero esa mayoría no alcanzó para blindar su propuesta frente a la intervención de la Legislatura. Allí, el oficialismo desarmó varias de las disposiciones que más incomodaban al poder municipal.
En el recinto quedaron enfrentadas dos lecturas. Para el saencismo, la Legislatura debía compatibilizar la Carta Orgánica con las constituciones nacional y provincial; para el senador libertario Roque Cornejo, el procedimiento fue una operación política para neutralizar el resultado de las urnas. Las mismas lecturas se replicarían en Diputados, donde el oficialismo también tiene amplia mayoría.
Los cambios dejaron afuera varias de las principales herramientas con las que la tropa libertaria pretendía limitar el gasto, regular el empleo público y modificar los mecanismos de control municipal. El argumento que atravesó buena parte de los recortes fue que la Convención se había excedido en las atribuciones que le otorgó la ordenanza de convocatoria.
La discusión remite a la Ordenanza 16.337, sancionada en diciembre de 2024, que declaró la necesidad de una reforma y delimitó los artículos que podían modificarse. Para el oficialismo, ese mandato funcionaba como un límite, pues la Convención podía revisar los puntos habilitados, pero no incorporar por su cuenta nuevas restricciones ni modificar instituciones sobre las que no tenía autorización expresa.
El senador Dani Nolasco defendió esa interpretación. Sostuvo que la Legislatura debía verificar que el texto respetara las constituciones nacional y provincial y se mantuviera dentro de los temas autorizados. El artículo 174 de la Constitución salteña, que establece la intervención legislativa en la aprobación y compatibilización de las cartas municipales, fue uno de los fundamentos de esa revisión.
Uno de los recortes más significativos fue la eliminación del límite al personal municipal. La propuesta de la Convención establecía que la cantidad de trabajadores del municipio no podía superar el 1% de su población, cualquiera fuera el régimen de contratación. El Senado quitó ese límite.
Otro recorte alcanzó a la publicidad oficial. La Convención había fijado que el gasto municipal destinado a publicidad no podía superar el 0,35% del presupuesto. El Senado eliminó ese tope, con lo que desapareció el porcentaje que buscaba limitar por adelantado los recursos destinados a ese rubro.
Además, la poda alcanzó disposiciones vinculadas con la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Entre los puntos cuestionados estuvieron las previsiones sobre el seguimiento de partidas presupuestarias y la intervención de los vecinos en la definición de prioridades del plan anual de obras.
El Senado también recortó modificaciones que afectaban la organización y el funcionamiento de instituciones municipales. Uno de los casos fue el Tribunal de Cuentas Municipal. La comisión sostuvo que la ordenanza de convocatoria no autorizó cambios vinculados con la duración de los mandatos y la permanencia en los cargos.
Un criterio parecido se aplicó al Tribunal Administrativo de Faltas. Aunque la convocatoria permitía revisar aspectos de su organización y funcionamiento, el Senado entendió que esa habilitación no autorizaba a modificar indirectamente el régimen de designación de sus jueces.
La Defensoría del Pueblo también quedó en el centro de la controversia. Cornejo cuestionó la eliminación de referencias a su independencia y a la prohibición de responder al intendente de turno. Nolasco defendió las adecuaciones a partir de la necesidad de preservar la protección de los vecinos sin alterar el esquema constitucional de competencias municipales.
La Legislatura también revisó artículos relacionados con servicios públicos, derechos de consumidores y usuarios, obligaciones tributarias y simbología municipal. El criterio invocado fue que la incorporación de nuevos derechos o principios no podía traducirse en atribuciones que excedieran las competencias del municipio ni desconocer normas de jerarquía superior.
En estos puntos, la discusión mostró otra de las limitaciones que enfrentó la mayoría libertaria: la posibilidad de incorporar contenidos a la Carta Orgánica no significaba que la Convención pudiera regular cualquier materia vinculada con la vida municipal. Para el oficialismo provincial, había que distinguir entre reconocer derechos, establecer objetivos de gestión y crear obligaciones o mecanismos regulatorios.
Los senadores también defendieron la necesidad de respetar el alcance de la convocatoria. Ese criterio explica por qué algunas propuestas no fueron simplemente corregidas en su redacción, sino directamente eliminadas. La decisión de la cámara alta provincial fue sostener que una reforma parcial no habilitaba a revisar de manera integral todo el diseño institucional de la ciudad.
Entre los cambios que quedaron afuera también figura el requisito de tener el secundario completo para acceder a una banca en el Concejo Deliberante. El Senado salteño la eliminó porque entendió que la ordenanza de convocatoria no autorizaba a sumar ese requisito y que los derechos políticos no podían restringirse de esa manera por decisión de un órgano sin competencia para hacerlo.
