El gobernador quiere evitar que las deudas absorban los ingresos de los trabajadores públicos. La reducción será progresiva, hasta alcanzar el 33% del sueldo.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó un decreto que establece nuevos límites a las retenciones sobre los salarios públicos provinciales por deudas con bancos, financieras, mutuales y gremios. El esquema comenzará a regir de manera escalonada en enero y llegará a un máximo del 33% de los haberes desde marzo, con el objetivo de evitar que los compromisos financieros comprometan la mayor parte de los ingresos.
La decisión busca una salida a la complicada situación del endeudamiento que se vive en todoel país. Medidas similares ya se tomaron en Santa Fe y Misiones, aunque también hay casos como Entre Ríos y Corrientes que lanzaron planes para refinanciar las deudas de los trabajadores estatales.
La normativa impulsada por el Ejecutivo provincial prevé una disminución progresiva de las retenciones que se realizan sobre los sueldos de los agentes estatales de la Patagonia norte. Durante enero, los descuentos tendrán un límite del 50% del salario, mientras que en febrero el porcentaje máximo se ubicará en el 40%.
A partir de marzo, el tope definitivo será del 33% de los haberes. La regulación comprenderá las deducciones destinadas a entidades bancarias, financieras, mutuales y organizaciones gremiales, que hasta ahora podían absorber una proporción mayor de los ingresos mensuales de los trabajadores.
La decisión apunta a garantizar que los empleados públicos dispongan de una mayor parte de sus salarios y puedan afrontar sus gastos cotidianos sin que las obligaciones financieras condicionen de manera excesiva sus ingresos.
Según informan desde la provincia, la reducción de los descuentos estará acompañada por una instancia de negociación entre la administración provincial y las instituciones que mantienen créditos con los trabajadores estatales. El Ejecutivo buscará revisar los compromisos vigentes y acordar alternativas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.
Entre los objetivos de las conversaciones se encuentran la redefinición de los mecanismos de pago y la fijación de límites para las tasas de interés. La intención oficial es que los empleados puedan reorganizar sus deudas sin destinar una porción desproporcionada de sus remuneraciones a cubrirlas.
Al anunciar la firma del decreto, Weretilneck defendió la iniciativa como una herramienta para resguardar los ingresos de las familias rionegrinas y poner orden en el esquema de retenciones. “Sabemos que falta, pero tenemos rumbo”, afirmó.
El Gobierno provincial había reconocido previamente la situación de endeudamiento. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda presentada ante la Legislatura, cerca de 19.000 agentes del Poder Ejecutivo registraban deducciones salariales a favor de 14 entidades habilitadas.
Ese universo representa aproximadamente un tercio de la planta de empleados públicos provinciales y dimensiona el alcance de la decisión que tomó Weretilneck.
