La nueva gestión denunció presuntas maniobras irregulares. Puso bajo la lupa vínculos entre el colegio y empresas que financiaron la campaña de Bornoroni.
El pasado persigue a la diputada de La Libertad Avanza, Laura Soldano. Su paso por el Instituto Carson de Río Cuarto, donde intentó un salvataje financiero y tuvo influencia hasta 2025, le explotó en las manos a la nueva conducción. Perdió sus 130 alumnos y acumuló $ 41 millones en cheques sin fondos.
El vaciamiento de la escuela, administrada por una fundación, expuso vínculos con empresarios aportantes a la campaña libertaria para las legislativas del año pasado, precisamente, para la lista de Gabriel Bornoroni que sentó a la influencer del sur de Córdoba en la Cámara de Diputados.
Soldano llegó al centro educativo en un operativo de salvataje económico cuando el instituto estaba al borde del colapso. Junto a su marido, el empresario agroindustrial Gastón González, aportaron una inyección de capital que evitó su cierre.
En 2024, desembolsaron al menos 55 mil dólares, lo que permitió cubrir salarios y otros compromisos financieros. Luego continuaron colaborando, aunque no se hicieron públicos los términos de esa asistencia.
En ese período, Soldano asumió un rol dirigencial de hecho en el centro educativo. Aunque no figuraba formalmente en los registros, ejercía influencia directa en la gestión y en la toma de decisiones estratégicas.
Entre otras acciones, impulsó cambios en los planes de estudio y nuevas alianzas institucionales, como el vínculo con la Fundación Libertad y Progreso, encabezada por Agustín Etchebarne, un think tank alineado con el ideario libertario.
Sus propuestas incluían la apertura al arancelamiento universitario, la flexibilización de contenidos mínimos, la educación en casa y la implementación de sistemas de vouchers educativos.
El desembarco de la dirigente dejó una impronta en la institución, que incorporó un enfoque “holístico” con contenidos de educación financiera e inteligencia artificial, dirigido a niveles inicial y primario.
La propuesta pedagógica del establecimiento también incluyó valores como “el autoconocimiento y el despertar de la conciencia para actuar con responsabilidad y empatía”, según su comunicación institucional.
Soldano se alejó del proyecto cuando avanzó su carrera política, aunque mantuvo influencia indirecta en la estructura institucional.
Tras su salida, la conducción fue asumida por Silvina Drovandi, extitular de la ANSES de Río Cuarto, y por Darío Romero, exfuncionario municipal de Bulnes. Ambos reportaban a la dirigente libertaria del sur provincial.
Drovandi presidió la Fundación ETIM, entidad controlante del colegio, privado desde febrero de 2025 hasta octubre de ese año y Romero ejercía como regente del colegio.
El actual presidente de la Fundación ETIM, Ignacio Gatto Mazola Chalaman, denunció irregularidades en la gestión anterior y aseguró haber recibido una institución con información contable incompleta.
Según su presentación judicial, hubo maniobras de evasión tributaria, uso de facturación apócrifa y presunto vaciamiento de la entidad entre 2015 y 2025.
Las acusaciones alcanzan a Drovandi, Carolina Gallo, Rodrigo Rossi y Darío Romero, por presunta evasión de impuestos como IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social, por un monto estimado en $ 80 millones.
El juez federal Carlos Ochoa se declaró incompetente en la causa por evasión fiscal, al considerar que la institución no estaría alcanzada por esas obligaciones.
Sin embargo, mantiene bajo análisis el tramo vinculado a aportes patronales, mientras el resto del expediente fue derivado a la Justicia ordinaria de Río Cuarto, donde aún no se asignó fiscal.
Ignacio Gatto Mazola se define como un hombre de familia militar y su pensamiento político se podría encuadrar en la ultraderecha. Comulga con la ideología libertaria, pero asegura que no milita ni comparte espacios políticos con nadie.
Lejos de la organicidad del partido y de sus referentes locales, considera enemigos a quienes lo habrían traicionado cuando -según su versión de los hechos- le vendieron un buzón. O, mejor dicho, una bomba de tiempo.
El mendocino jura que la escuela voló por el aire como consecuencia de las deudas y el desmanejo heredado. SADOP, el gremio de docentes privados, habla de una maniobra de vaciamiento empresario y lo responsabiliza a él.
El instituto privado, que supo albergar a 130 alumnos en sus tres niveles, entró en crisis por el atraso con los docentes a mediados de junio, y sufrió la sangría terminal de su matrícula. Hoy no tiene ni un solo estudiante, aunque no se haya declarado el cierre.
En el plano financiero, la Fundación ETIM de Gatto Mazola acumuló 18 cheques rechazados por falta de fondos por más de $ 41 millones, entre el 19 de mayo y el 23 de junio de este año. Solo pudo levantar tres, por $ 6 millones.
La denuncia también da pistas sobre el vínculo entre Carson y aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025.
¿Cuál es la conexión? El colegio comparte medidor de luz con la administración del Loteo Ayres de La Antonia, y habitualmente la factura era cancelada por el centro educativo, que luego les cobraba su parte a los vecinos.
El empresario mendocino acusa a Drovandi y su equipo de recibir ese dinero de los desarrollistas inmobiliarios y quedárselo, sin ingresarlo a ETIM, como hubiera correspondido.
El loteo Ayres de La Antonia pertenece a la firma Antula Construcciones SAS, integrada entre otros por el empresario inmobiliario Enrique Nadal, además de Carolina Vasquetto y su hermano Diego, provenientes de una poderosa familia agroindustrial.
Esa misma razón social aparece en el informe de la Cámara Nacional Electoral como aportante de campaña. Antula SAS figura en el detalle de gastos de La Libertad Avanza de Córdoba en las legislativas de 2025, cuando Soldano integraba la lista de diputados de Bornoroni.
¿El monto declarado? No es significativo. Son apenas $ 800 mil, en el marco de un registro de donaciones de campaña donde empresas como AGD y Prodeman figuran con transferencias de solo $ 1 millón cada una en favor de LLA.
En abril de este año, Nadal quedó finalmente absuelto en una causa donde estaba procesado por malversación de caudales contra el Banco Nación de Adelia María. Se trata de la maniobra de un exempleado, el riocuartense Federico Tártara, que lo metió en el expediente al girarle un total de $ 884 mil.
Letra P consultó a Bornoroni y Soldano por la polémica que mantienen a la ciudad de Río Cuarto con atención plena. Ni la diputada, ni su jefe en la Cámara de Diputados respondieron ante las versiones y denuncias expuesta.
