La nueva ley traspasará esa función a jueces del fuero Contencioso Administrativo. Otro round de una pelea interminable.
Tras la sanción del nuevo código electoral de la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia ya no será el organismo encargado de regir los procesos electorales. La modificación comenzará a materializarse a partir de la inminente sanción de la reforma electoral, aunque su entrada en vigencia se daría recién a partir de los comicios de 2029.
Tras introducir reformas en la Corte, ampliando el número de asientos a siete y logrando la renovación casi total de los miembros del tribunal, el oficialismo logró que las disputas entre la ciudadanía y el Estado pasen a la órbita del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo y ya no dependan de los supremos.
A partir de la nueva legislación electoral, lo mismo ocurrirá con las elecciones, que serán supervisadas por magistrados con competencia contencioso administrativa.
Actualmente, quien ocupa la presidencia de la Corte, Rafael Gutiérrez, es al mismo tiempo la máxima autoridad de la Justicia Electoral. Con la reforma, el máximo tribunal sólo intervendría ante una eventual segunda instancia de apelación, y únicamente cuando haya planteos de inconstitucionalidad.
Los proyectos de los tres partidos con mayor representación en la Legislatura -el socialismo, la UCR y el peronismo- coinciden plenamente en que la Justicia Electoral sea regida por magistrados provenientes del fuero contencioso administrativo.
Los tres espacios también coinciden en que las eventuales apelaciones recaigan sobre jueces de la misma competencia y en que la totalidad de los magistrados sean designados por sorteo, a cargo de la Corte Suprema.
Las diferencias sustanciales tienen que ver con la cantidad de integrantes y la duración de los mandatos. El proyecto del PS propone la creación de un Juez único, con mandato de siete años y sin posibilidad de reelección inmediata.
El peronismo y el radicalismo, en cambio, plantean que el tribunal esté compuesto por tres miembros, cuyos cargos duren uno -en el proyecto del PJ- o dos años -en la propuesta de la UCR-.
La letra chica del apartado de reformas para las autoridades electorales se ajustará en las últimas conversaciones que mantendrán los socios mayoritarios de Unidos. Tras el acuerdo interno, abrirán el diálogo con la oposición para sumar más adhesiones.
El cambio de autoridades electorales se inscribe, además, en el marco de las disputas que enfrentan a la Casa Gris con el máximo tribunal desde los comienzos de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro.
“Esta no es una cuestión política sino netamente técnica”, le bajó el tono a esa disputa un legislador de Unidos consultado por este medio.
Desde la óptica del oficialismo, la creación de un juzgado electoral específico carecía de sentido, ya que se mantendría ocioso la mayor parte del tiempo. Por eso, se desestimó esa alternativa.
Además, en la alianza gobernante recalcan que, con el sistema actual, no existen instancias de apelación por encima de la decisión de la Justicia Electoral y, por eso, resulta necesario descentralizar el sistema.
El oficialismo planea aprobar en la Cámara de Diputados de la provincia el nuevo código electoral el jueves 20 de agosto, para darle sanción definitiva una semana más tarde en el Senado.
“Faltan detalles y pueden cambiar cuestiones técnicas, pero lo central ya está”, dicen en el oficialismo en relación con el cambio de autoridades electorales.
La coalición gobernante espera alcanzar los consensos internos necesarios un día antes de la sesión para emitir un dictamen de comisión que unifique la variedad de proyectos presentados.
Tras ordenarse internamente, Unidos buscará sumar la mayor cantidad de adhesiones al proyecto con el fin de robustecer la legitimidad de la ley que determinará las nuevas reglas del juego político en Santa Fe.
