Son dos proyectos que buscan bajar la litigiosidad laboral. El radicalismo quiere avanzar y el PS pidió concentrarse en redactar un nuevo código.
Dos proyectos para bajar la litigiosidad laboral en el fuero judicial de Santa Fe causaron cruces entre el socialismo y la UCR.
Como dos hermanos que pasan del amor al odio en un instante, los bloques del socialismo y de la UCR en la Legislatura de Santa Fe volvieron a chocar. Esta vez, fue por el tratamiento de una mini reforma laboral que, dicen los radicales, está aprobada por Maximiliano Pullaro y a la que el PS intenta ponerle un freno.
La discusión se dio en la última reunión de la comisión de asuntos laborales, donde el socialismo tiene la primera minoría además de la presidencia, en manos de Joaquín Blanco. El bloque radical quiso impulsar el trámite de dos proyectos de ley que buscan bajar la litigiosidad laboral en el fuero judicial santafesino. Es un tema que preocupa a la Casa Gris y se nota en el interés que muestra el gobierno en sus movimientos: el secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, y el de Cooperación, Cristian Cunha, quedaron a cargo de la cuestión.
El choque en la Legislatura se dio cuando el socialismo pidió frenar los proyectos. No es que estuvieran en desacuerdo con tratar el tema. Por el contrario, en el partido de la rosa coinciden con el diagnóstico y creen necesario hacer algo para bajar la cantidad de juicios laborales.
Sin embargo, prefieren concentrar los esfuerzos en apurar el trámite del nuevo Código Procesal Laboral que debe ser abordado tras la reforma constitucional. Por eso, propusieron convocar a una mesa con todos los actores del sistema para escuchar sus propuestas y definir el nuevo código. “Vamos a ser rápidos”, aseguran.
La decisión no cayó bien en los radicales. Así lo hizo saber un muy enojado Martín Rosúa, uno de los autores de los proyectos que estuvo en la reunión y se fue pegando un portazo. “Habíamos llegado a acuerdos importantes y el socialismo nos obligó a dar marcha atrás”, se quejaron en el bloque boina blanca. Ese sector asegura que avanza con el apoyo de la Casa Gris luego de que sus integrantes tuvieran varias reuniones con figuras de la primera línea del gobierno.
En el socialismo se mostraron cautelosos en ese punto. “¿Por qué no fue un mensaje del Ejecutivo, entonces?”, plantearon. Más allá de eso, evitaron salir al cruce y confían en que podrán avanzar rápido en el nuevo Código Procesal Laboral. De alguna manera, quieren aportarle profundidad a la solución. "Como hicimos con la ley de necesidad de reforma constitucional", recuerdan. Aquella vez, la UCR y el socialismo coincidían en el fondo, pero diferían en los modos de avanzar.
Los proyectos en cuestión son dos y ambos buscan reducir la litigiosidad laboral interviniendo en el opaco mundo de los peritos. Uno de ellos, firmado por Rosua y José Corral, propone crear un cuerpo especializado de peritos profesionales dependiente del Poder Judicial y le impone a los jueces la obligación de priorizar a los profesionales del cuerpo a la hora de hacer pericias. Sólo en el caso de no disponer de la cantidad suficiente de profesionales o de no contar con profesiones específicas requeridas, se autoriza al magistrado a designar un perito por sorteo, tal como sucede en la actualidad.
El detalle es que, además, el proyecto propone desenganchar los honorarios de los peritos del monto del juicio en cuestión. Hasta ahora, el monto viene fijándose de acuerdo a la cuantía del litigio, que a su vez depende en su mayoría del resultado de la pericia, lo que crea un interés del perito en el resultado del mismo litigio. Para los diputados, esto afecta la imparcialidad de las pericias: cuanto más grave es el diagnóstico del perito, más caro es el juicio y, por lo tanto, los honorarios del profesional son más altos.
Con la creación del cuerpo de peritos Rosúa y Corral buscan que quienes se encarguen de esa tarea sean empleados del Poder Judicial. El proyecto busca que cobren un sueldo fijo todos los meses sin importar la cantidad de litigios en los que intervengan ni el resultado de las pericias que hagan. Para el caso de los peritos que se asignen por sorteo, el otro proyecto propone que sus honorarios también se desenganchen del monto de la demanda y se calculen de acuerdo a una tabla con valores prefijados, similar al régimen que ordena los cobros de abogados y procuradores.
La situación del fuero judicial laboral preocupa en la Bota. En el gobierno repiten que Santa Fe es la segunda provincia con mayor cantidad de juicios cada diez mil trabajadores -142-, mientras que el promedio nacional es de 62 y Córdoba, una provincia similar en tamaño y estructura productiva, acusa 68 juicios laborales cada diez mil trabajadores. El caso de la provincia mediterránea es mirado de cerca porque hace algunos años encaró una reforma similar y logró bajar los juicios en más de un 70%. También logró bajar el costo de las ART, otro indicador rojo en Santa Fe.
En ese sentido, hace algunos días el gobernador firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia y con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para coordinar acciones que tiendan a mejorar el sistema. Se dio en el marco de la ley aprobada en 2020 mediante la cual Santa Fe adhirió al sistema nacional, que establece que las comisiones médicas son instancias perjudiciales para los casos de riesgo de trabajo. Hasta ese entonces existían, pero podían esquivarse e ir directamente a un litigio en sede judicial.