¿Qué tiene de malo extranjerizar nuestras tierras? Spoiler: todo tiene de malo
La ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, autora del artículo, explica por qué el gobierno de Milei va a contramano del mundo. Qué es la ley de tierras y por qué no es una reforma aislada.
Mientras buena parte del mundo refuerza sus resguardos sobre la tierra y los recursos estratégicos, en Argentina el Gobierno nacional avanza en la dirección contraria. Este jueves va a intentar aprobar en el Senado la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales dentro del mal llamado “Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que en realidad hace exactamente lo contrario a proteger la propiedad de los argentinos: nos despoja de ella.
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La Ley de Tierras Rurales (26.737) fue enviada en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, como respuesta a un fenómeno global llamado land grabbing, una ola de acaparamiento de tierras a nivel mundial. Post crisis del 2008 y en un contexto de commodities en alza (es decir, aumento del precio de la materia prima y bienes básicos), la tierra se había convertido en un refugio de activos financieros.
La ley vino a poner orden a esa situación. Fija un tope del 15% para la venta de tierras a manos extranjeras, medido a nivel nacional, provincial y departamental (atención a esto). Además, establece que personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo; fija un máximo individual de 1.000 hectáreas en zonas núcleo; y prohíbe que extranjeros compren tierras con recursos hídricos estratégicos (lagos, humedales, acuíferos) o ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Es un sistema pensado para que ningún actor, ni ningún país, controle el agua, los pasos fronterizos o los recursos estratégicos.
Figueroa confirmó que La Neuquinidad votará contra la reforma de la Ley de Tierras en el Senado
"Queremos que nuestras tierras sean para los argentinos", afirmó. La postura alcanza a la senadora Julieta Corroza pic.twitter.com/HCcF7ShIJP
El Gobierno intentó eliminar por completo esas restricciones y luego de varios intentos fallidos de aprobarlo en el Senado, el martes por la tarde Patricia Bullrich brindó una conferencia donde presentó un nuevo proyecto con algunas “concesiones”: sube el techo del 15% al 25% a nivel PROVINCIAL. Ahí está la trampa: el nivel departamental es el que realmente importa. Según el mapa elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras CONICET-UBA, más de 13 millones de hectáreas ya están en manos de firmas o Estados extranjeros y 36 departamentos superan hoy el límite del 15%.
Los casos más críticos se registran en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), y Campana (Buenos Aires), donde la extranjerización supera el 50%. La sobreventa en esos departamentos no es aleatoria: son zonas donde hay cuencas hídricas clave como el Río Paraná, y áreas con alto potencial minero o agrícola. En ningún caso estos departamentos alcanzan el 25% de la Provincia.
¿Qué tiene de malo que un extranjero compre nuestras tierras?
Frente a este debate suele aparecer una pregunta en apariencia razonable: ¿qué diferencia hay entre que compre un argentino o un extranjero? Vale la pena revisarlo con precisión.
No estamos hablando de cualquier tierra o propiedad. Nadie está discutiendo que un extranjero pueda o no comprarse muchas casas, como planteó Patricia Bullrich. El problema es cuando lo que se vende es el control de una cuenca, un paso fronterizo o un yacimiento de minerales críticos. Ahí ya no es una transacción privada como cualquier otra, es una decisión geopolítica.
Jaldo anticipó que las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, que responden a su conducción política, votarán contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
"Los extranjeros pueden invertir, pero no apropiarse de nuestras tierras", afirmó pic.twitter.com/QPU0oKfIrG
Las grandes empresas tecnológicas necesitan enormes cantidades de agua y energía para poder desarrollar la inteligencia artificial y los centros de datos. ¿Por qué querrían desarrollar esos proyectos acá y no en sus países? Porque Argentina tiene recursos estratégicos que el mundo necesita, y se los estamos entregando a magnates sin ningún tipo de responsabilidad sobre nuestro país.
Tampoco es algo rarísimo que solo sucede en Argentina y por eso “espanta inversiones”. Cualquier país serio tiene restricciones sobre la extranjerización de sus tierras. Donald Trump, a quien Javier Milei tanto admira, en 2025 declaró a la propiedad extranjera de tierras agrícolas un asunto de seguridad nacional, a través del National Farm Security Action Plan. En Asia, África y Europa las restricciones son todavía más duras, incluyen prohibiciones directas, exigencia de residencia o predominio de la propiedad estatal.
Por último, está la cuestión de la seguridad. El dictamen deroga la prohibición de vender zonas de seguridad de frontera, las de mayor sensibilidad para el control del narcotráfico y el contrabando: territorios extensos, con escasa presencia estatal, donde la titularidad de la tierra es una herramienta de control.
No es una reforma aislada
La Ley de Tierras no viene sola. El mismo paquete normativo que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada empuja modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (27.604), sancionada en 2020 por iniciativa de Máximo Kirchner, que prohíbe cambiar el uso del suelo de tierras incendiadas durante 30 o 60 años, según su valor ecosistémico. Esa norma existe porque, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son de origen humano, y el 88% de ellos son intencionales o de causa no explicada: muchas quemas buscan devaluar las tierras para facilitar su compra a precios muy por debajo del valor de mercado. El proyecto original del Gobierno buscaba derogar esta protección por completo; el dictamen del Senado rescató la veda de 60 años para bosques nativos, pero eliminó la de 30 años para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales.
No es casualidad que ambas reformas avancen juntas. Se inscriben en el mismo movimiento que impulsó la Ley Bases, el RIGI, la modificación de la Ley de Glaciares: entregar cada porción de soberanía sobre nuestras tierras.
Lo que se decide en estas semanas es si Argentina conserva la capacidad de decidir sobre su propio territorio o si esa decisión pasa a manos de quien tenga el capital para comprarla.
