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El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio oral a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, las tres personas detenidas en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre del año pasado.
La fiscalía pidió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que de por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su novia como coautores del delito, y al llamado "líder" de la denominada banda de los "copitos", Carrizo, como partícipe secundario del hecho.
De acuerdo al escrito de 197 carillas, Rívolo entendió que la conducta del grupo acusado fue "premeditada" a partir de la puesta en marcha de "un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación"
En el caso de Sabag Montiel, de "ocupación remisero en Remitour y vendedor de algodones de azúcar", le imputó " haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo".
"Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click".
Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes en el departamento de la exmandataria, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas, entre ellas, la de los mensajes que se mandaron Sabag Montiel y Uliarte planificando el hecho desde muchos días antes, incluso, con la idea de llevarlo a cabo antes y de los que ellos tuvieron con terceras personas.
Respeto a Carrizo, detenido cuando habían pasado dos semanas del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.
En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ese punto, indicó que Sabag Montiel "apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES". Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública.
"Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir", indicó la fiscalía.
En tanto, Rívolo señaló que "no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso".
Con esto, la jueza "correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen2 y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante.