No se sabe si fue una provocación, un lance al estilo “si pasa, pasa” o no la vio, pero Javier Milei sumó otro conflicto con su idea de quitarle el subsidio al gas a la Patagonia. Las provincias del sur están plantadas de modo unánime contra esa ofensiva y los gobernadores de la región, de distinto signo político pero en permanente contacto entre sí, están convencidos de que es imposible que la propuesta pase el filtro legislativo.
Si el Gobierno pretende mantener esa idea, que tiene un fortísimo impacto sobre el bolsillo de las poblaciones del sur, la Patagonia rebelde pone en serio riesgo los votos que el Ejecutivo libertario necesita para aprobar la ley ómnibus. La puja forma parte de la rosca interminable que incluye aprietes, negociaciones, presiones, amenazas y reacciones en consecuencia.
La aparición de la mala nueva del gas para la Patagonia fue repentina: se introdujo un segundo párrafo en el artículo 318 del proyecto de ley, que no aparecía en la versión inicial.
La Ley de “Zonas Frías” determina subsidios de entre el 30% y el 50% en las tarifas residenciales. Existe desde la década del 90 y además de la Patagonia se fue extendiendo a otras regiones, como la mendocina Malargüe. La Ley 25.565 de presupuesto general de gastos de la administración nacional creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El beneficio, además, alcanza a zonas que son justamente productoras del recurso.
Golpe a los bolsillos
La Patagonia ya hizo su cumbre para marcar la cancha y aunque el oficialismo miró interesado esa movida y dio a entender que concedía algunas peticiones, sobre todo en relación al sector pesquero, a la hora de la verdad no hay una redacción que tranquilice a los jefes territoriales. Incluso los planteos que se hicieron en el área de los hidrocarburos parecen desatendidos.
Hasta entre los gobernadores que podrían considerarse más amigables reina la sensación de que las huestes libertarias no están haciendo los esfuerzos necesarios para que la ley salga: “no se están dejando ayudar”, dicen en las provincias patagónicas.
Ni siquiera ha conseguido alguna mano concreta el chubutense Ignacio Torres, único gobernador del PRO en la región: en su entorno ya sospechan que Milei prefiere quedarse con la épica del “no nos dejan gobernar” en vez de conseguir la aprobación de la ley. El que avisa, no traiciona: Torres ya le dijo a Letra P "queremos acompañar al Gobierno, pero tenemos volumen para ponerle freno". Por ahora, las medidas que se anuncian representan golpes al bolsillo, a la producción y al trabajo.
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En el caso de La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto sigue en pie de guerra y la nueva embestida lo puso en alerta. El beneficio gasífero, al que la provincia accedió a partir de 2002, representa la mitad de la tarifa para unas 140.000 personas usuarias. El recorte se sumaría a la quita de subsidios generales que también agita el gobierno nacional y al incremento que pretenden las empresas.
Camuzzi Gas Pampeana pidió en las audiencias públicas un aumento del 421%. Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, argumentó que hay un atraso y que la firma “es deficitaria y apenas puede pagar los sueldos”.
Si además se quitara el subsidio patagónico, el costo sería escandaloso para el bolsillo de la población: un domicilio que hoy paga $10.000 pasaría a pagar $84.000. El diputado Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) dijo que la medida centralista “desconoce la rigurosidad del clima en nuestras regiones”.
Cuentas que no cierran
Según los cálculos del gobierno neuquino de Rolando Figueroa, con el nuevo ajuste sobre el gas y la eliminación del subsidio por “zona fría”, una familia promedio de la provincia pasaría a pagar $70.000 por mes durante el invierno.
Cuentas parecidas hacen en Río Negro, donde el gobernador Alberto Weretilneck no abordó el tema públicamente porque fue internado este miércoles en Cipolletti: asistió a un chequeo preventivo que derivó en la colocación de un stent porque se le diagnosticó una obstrucción parcial de una arteria coronaria.
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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también salió con los tapones de punta a rechazar la medida. “Es grave que no exista una mirada realmente federal y que se adopten decisiones como si impactaran de la misma forma en todas las regiones”, dijo el ministro de Energía Alejandro Aguirre.
En Santa Cruz, hizo silencio la gestión de Claudio Vidal, que como reflejó Letra P, hace su propio juego en el vínculo con el gobierno nacional.
