NUEVO GOBIERNO | EL AJUSTE

No la vio: Javier Milei unió en su contra a todo el sector pesquero

La ley ómnibus generó la reacción de empresas, sindicatos y gobernadores de la Patagonia. En el medio, paro con pérdidas multimillonarias en Chubut.

“Nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar, a hacer la caña y ojalá seas tan exitoso que tengas tu propia empresa de pesca”, dijo durante la campaña el presidente Javier Milei, jugando con el viejo proverbio chino. Sin embargo, a la hora de armar la ley ómnibus, no la vio: la ofensiva que pone patas para arriba al sector pesquero unió en su contra a todos los actores de ese ámbito, que arde contra la ofensiva del gobierno nacional.

“Es una bomba que va a generar una reacción impresionante”, avisó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca). Los gremios también se pusieron en pie de guerra y encima tuvieron que aguantar la chicana de la canciller Diana Mondino, que los trató de “tarados”.

La embestida oficialista tiene destino de naufragio: generó un sector pesquero unido por el espanto, en el sur y también en Mar del Plata, con la participación de cámaras empresariales, sindicatos, astilleros, fresqueros, congeladores y de la industria naval. Tanto prendió la mecha que en la Patagonia hasta los gobernadores tuvieron que salir a plantarse en conjunto. El pampeano Sergio Ziliotto hizo pública su "solidaridad" con sus pares de la región. En el partido bonaerense de General Pueyrredón, el intendente Guillermo Montenegro también se puso en contra. "Nos complica, disminuye los puestos de trabajo", dijo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le puso más pimienta al comunicado conjunto con sus pares patagónicos. "Más que desregular, no fomenta la industria y la posibilidad de agregarle valor. La pone en jaque. Y nos preocupan las formas. De manera inconsulta y llevándose puesto el Consejo Federal Pesquero", dijo en declaraciones a Radio Splendid y añadió: "Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida". Este jueves tiene un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La furia del sur

En la Patagonia sur estalló la bronca en grande. El cóctel con asuntos locales derivó en un paro que en Chubut generó pérdidas millonarias en las últimas horas.

La ley ómnibus pretende desregulaciones de tal gravedad que atacan de modo directo la producción, la rentabilidad, las fuentes de trabajo, la soberanía y el ambiente. La industria pesquera genera unos 46 mil puestos de trabajo directos. Hay en el país más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar y más de 1.000 buques pesqueros. Entre enero y noviembre de 2023, el sector exportó U$S 1.624 millones.

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En Chubut, donde la pesca es la segunda actividad exportadora, Oscar Hughes, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), habló con Letra P y describió la iniciativa del Ejecutivo como un terremoto para el sector pesquero. “Directamente están eliminando la Ley Federal de Pesca; se perderían muchísimos puestos de trabajo, especialmente en tierra. No se puede permitir que venga cualquiera a llevarse nuestros recursos. Es un error gravísimo del gobierno nacional. Esta no es la libertad que se pretendía, la libertad es para otras cosas, no para generar la pérdida de fuentes de trabajo”, advirtió.

Hughes destacó el rol que tomaron los gobernadores y avisa: “Le ponemos el pecho a las balas en el inicio de 2024, que va a ser duro para los trabajadores y para los gremios, a los que nos quieren impedir las protestas y reclamar por los derechos que corresponden. Empezamos una lucha que no sé cómo va a terminar”.

El miércoles hubo una cumbre de gremios marítimos. Se declararon en alerta y movilización y en el reclamo se mezclan también la afectación del derecho a huelga y el retroceso de volver a pagar el impuesto a las Ganancias.

En la misma vereda, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca aseveró en un documento que la ley ómnibus “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.

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Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, cruzó directamente a la canciller Mondino. La funcionaria dijo, para justificar la desregulación del sector: “no seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos. ¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?. Si hay algo que es de tarado es la pesca”.

El gremialista respondió que “esas ciudades de barcos, de las que habla Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200. Literalmente, no tiene ni la más remota idea de lo que habla y es firmante de un paquete de medidas y un DNU que destruye el trabajo argentino”.

El mismo posicionamiento tiene Luis Núñez, de la CGT del Valle-Puerto Madryn: "este modelo es de entrega de recursos al mejor postor, termina con la pesca en nuestro país tal como la conocemos. Va contra el interés nacional".

Chubut y las empresas

La medida inserta en la ley ómnibus deroga el Artículo 40 del Régimen Federal de Pesca, que establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra argentina (capitanes, maquinistas y marinería). También le quita facultades al Consejo Federal de Pesca. Chubut denunció que esa maniobra “hace muy poco democrática la toma de decisiones en relación a la materia pesquera”. Uno de los puntos cuestionados es que se permita trabajar con una tripulación extranjera o que se pueda descargar en los puertos con el permiso del secretario de Pesca de la Nación, sin intervención del Consejo Federal.

El secretario chubutense de Pesca, Andrés Arbeletche, fue una de las primeras voces contra la embestida, también sobre otro punto: “Las retenciones son una cuestión alarmante, un 15% que nos deja afuera de poder trabajar con la merluza. Nos trastoca todo y nos condena a exportar bloque de cola para que se haga el proceso en otros países, porque los números no dan. Contrariamente a generar trabajo, se lo castiga con más retenciones”, lamentó.

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El sector empresarial organizado en Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina apuró su resistencia a la medida: lamentó que fue inconsulta, denunció la vulneración de derechos adquiridos y reclamó al Congreso una convocatoria. “Se deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada”, advirtió.

"Un tiro certero al desarrollo de la Industria Naval", define Sandra Cipolla, presidenta de Servicios Portuartios Integrados, entrevistada por el sitio especializado Pescare. También es contundente César Augusto Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel): "es un engendro".

La propuesta se rechazó de modo formal con firmas de asociaciones pesqueras de todas las regiones afectadas: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf); Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

Boiero, de la Capeca, resumió: “Es una irresponsabilidad total que genera inseguridad jurídica y va a provocar una grave crisis”.

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En ese contexto conflictivo, en Chubut el Sindicato de Empleados Portuarios Argentinos (SUPA) paralizó la actividad en forma de protesta -se mezclaron también reclamos salariales locales- y según las cuentas oficiales generó una pérdida de 350.000 kilogramos de langostinos que no pudieron descargarse en las bodegas de los barcos. El empresariado calculó el costo en unos cinco millones de dólares. El paro arrancó el jueves 28 de diciembre y obligó a suspender la temporada, que se retomó este miércoles 3 de enero a partir de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

El sector empresarial estalló tras esa medida de fuerza. Incluso formalizó una denuncia penal contra el gremio, a la que le pusieron la firma Gustavo González de la Cámara Flota Amarilla, el empresario Fernándo Álvarez Castellano (Conarpesa), la Flota Artesanal y la Fiscalía de Estado.

torres asumio en chubut y le hablo a milei: no nos pisen con un dolar ficticio
Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Sus representantes en el Congreso trabajan en sintonía.

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