La Casa Rosada delega funciones y manda a las provincias a hacerse cargo de obras y financiamientos. Pataleos, alianzas y rebusques de ocasión.
Los gobernadores de la Patagonia protagonizan una carrera cada vez más intensa para salvar a sus territorios del abandono de la gestión de Javier Milei. Pataleos para hacerse sentir, alianzas para fortalecerse o rebusques de ocasión, son las estrategias que tienen a mano las provincias (a veces) unidas del sur.
Ya está escrito, en la Patagonia, gobernadores y Estado no son asuntos separados. Sobre todo porque la motosierra tiene un claro efecto derrame de los costos sobre las provincias. La Nación conserva la lapicera, pero los territorios federales son los que tienen que agarrar la pala y los que reciben la factura.
Como metáfora del abandono, Milei no conoce la Patagonia, salvo por algunos pasos transitorios. Su mirada de la región se posa en los negocios de Vaca Muerta. Desde que es presidente visitó la zona solo en cinco ocasiones, ninguna fue en 2026. Dos veces fue a Tierra del Fuego, una a Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Nunca estuvo en La Pampa ni en Chubut.
Durante la semana, los sistemas de salud provinciales quedaron recargados hasta el colapso por la crisis del PAMI. Pero además, en cada una de las provincias de la región se patentizaron ejemplos concretos de ese juego para zafar del ninguneo nacional.
En Río Negro, Alberto Weretilneck decidió hacerse cargo de rutas vitales sin que Nación le garantice algún recurso. El mismo rumbo para las rutas reclamó desde Neuquén Rolando Figueroa, que además se convirtió en la cara más visible del pataleo para que no se toque la “zona fría” de la región, que impactaría de modo notable sobre las facturas de gas.
En La Pampa, Sergio Ziliotto formalizó su proyecto para cobrar peajes al transporte pesado que va a Vaca Muerta para hacerse de fondos que mejoren la infraestructura vial. En Chubut, Ignacio Torres encaró un plan para hacerse cargo de la obra pública en el marco del “Plan Canje” que firmó en su momento con el ministro Toto Caputo.
Desde Santa Cruz, Claudio Vidal alertó sobre la continuidad de la parálisis de las represas porque el gobierno nacional retiene desde diciembre 150 millones de dólares. En Tierra del Fuego, el corrimiento de la Casa Rosada suma malestares en la gestión de Gustavo Melella, una de las más golpeadas por la crisis que, como dio cuenta Letra P, pierde empleos y también población.
El “sálvese quien pueda” que es marca de época se reconfigura en un federalismo de rebusque. Los gobernadores patalean cuando no tienen plata, hacen scrum cuando la escala provincial no alcanza y provincializan funciones cuando esperar decisiones que emerjan de la Casa Rosada ya no es una alternativa.
No todos reaccionan igual, porque tampoco tienen la misma espalda. Neuquén puede echar mano a las regalías y al boom de Vaca Muerta; Chubut negocia deuda por obra y diseña mecanismos propios; Río Negro busca crédito; La Pampa trama peajes y judicializa reclamos; Santa Cruz presiona por liberar financiamiento externo y Tierra del Fuego utiliza su banco provincial como instrumento anticrisis.
Ese panorama pega fuerte y en todos los sentidos. La motosierra no sólo achica al Estado nacional, sino que agranda la desigualdad entre provincias, porque obliga a cada una a reemplazar a Nación con los recursos que tenga y allí emergen las diferencias. El costado más paradigmático de la situación expone un escenario en la que mayoría de los distritos propone rediscutir la coparticipación federal de impuestos.
A comienzos de la semana que pasó, Neuquén y Río Negro volvieron a reunir sus miradas para elaborar un plan de conectividad en Vaca Muerta. Esas alianzas también son una estrategia de supervivencia, aunque Figueroa sigue esperando a que la Casa Rosada le de el sí a su pedido de asumir corredores como la 242 hacia Pino Hachado, la 231, tramos de la 40 y la 237, además del Camino de los Siete Lagos.
El gobernador reclama que si Neuquén recibe una concesión larga, se le reconozcan después las inversiones que haga la provincia para mantener y mejorar rutas que siguen siendo nacionales. En el Ministerio de Economía, estudian la propuesta.
Como la ausencia nacional no es excepción, sino regla, los gobiernos locales también abren el paraguas ante la falta de trabajo y previsión en materia de infraestructura que derivan en tragedias, además de impactos sobre la producción.
Entre enero y julio de 2026 unos $784.000 millones vinculados al impuesto a los combustibles no se destinaron a infraestructura vial. A las provincias patagónicas les corresponderían aproximadamente $19.115 millones en el caso de Río Negro; $14.227 millones a La Pampa; $13.148 millones a Neuquén; $11.981 millones tanto a Chubut como a Santa Cruz, y $9.343 millones a Tierra del Fuego, según datos de la Consultora Galois.
Lo paradójico de la cuestión es que mientras se retira del financiamiento y de la ejecución de obras y programas, el gobierno nacional continúa cobrando impuestos específicos, conserva su potestad sobre las jurisdicciones en puga, y mantiene regulaciones y capacidad de autorización. En síntesis, no se retira del todo sino que empuja el costo operativo hacia las provincias.
El convenio que esta semana se concretó con Río Negro es casi una muestra de laboratorio. Vialidad Nacional conserva la jurisdicción y supervisión técnica, pero Río Negro financiará las intervenciones y definirá el plan de obras. La Casa Rosada define su rol con palabras de la etapa. “Delegación de competencias”, le llaman.
Al acuerdo que Río Negro firmó con el jefe de Gabinete Diego Santilli, y que con detalles contó Letra P, se sumó la potente puesta en escena que sobre la cuestión vial hicieron diversas intendencias en el Congreso.
Daniela Salzotto, intendenta de la rionegrina Catriel, incomodó cuando dijo representar "a una comunidad que está quedando aislada y que hace 66 años era la Dubái de Argentina". "No tenemos ruta y no tenemos complejidad de hospitales porque si no te morís en la ruta, te morís en el hospital”, agregó. Y preguntó, de modo retórico, quién se está llevando los millones. “Son una manga de delincuentes”, casi que respondió el intendente peronista de la pampeana Puelén, Mario Rebolledo. También estuvieron el jefe comunal de Carro Quemado (La Pampa) Oscar Gatica y la concejala Eugenia Maza, de Villa La Angostura (Neuquén).
“Tenemos una persona muerta por municipio, pero 230 mueren en las rutas”, dijo la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también de la región patagónica. Y Patricia Mazzitelli, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) confirmó que el sector “sufre el peor desmantelamiento”.
Así como las rutas se convierten en una problemática vinculada a la seguridad vial y los siniestros trágicos, entra en el radar la falta de obras de infraestructura que prevengan los efectos de las tormentas del fenómeno llamado “El Gran Niño”.
Este lunes, el gobernador pampeano concretará una alianza de gestión, que también puede ser política, con su par bonaerense Axel Kicillof. Traman una estrategia conjunta frente a los posibles efectos del cambio climático durante la primavera y el verano. Van a coordinar respuestas conjuntas y a denunciar la inacción de Milei.
Entre los fondos retenidos por el presidente y Toto Caputo para sostener el “superávit” se incluyen 293 mil millones del Fondo Hídrico. Son obras de infraestructura que no se hicieron y que aumentan el peligro de consecuencias graves o directamente fatales. De 24 obras hídricas iniciadas desde 2023 con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, hay 15 canceladas o suspendidas, ocho en ejecución y apenas una terminada.
Para la prevención, La Pampa ya tiró puentes similares con Córdoba, Santa Fe y San Luis, en el marco del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop) para implementar un sistema de alertas tempranas.
Los gobernadores de La Pampa y de Río Negro también compartieron esta semana un encuentro donde los planteos federales tallaron alto. El Consejo Federal de Inversiones los invitó a un debate centrado en una reforma tributaria, con sus pares Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza. El CFI es un actor clave y mete la cola en esa apuesta de los gobernadores a los pataleos, los rebusques y las alianzas.
Además, Ziliotto afronta otro frente abierto a raíz del desfinanciamiento. Esta semana envió a la Legislatura el proyecto para armar un Fondo Vial, cobrándole un peaje al transporte pesado que va hacia Vaca Muerta. Los grandes camiones que viajan desde Paraná hasta el sur atraviesan a La Pampa por distintos sectores y como las rutas nacionales ya son intransitables usan caminos provinciales que también se van detonando.
Chubut ya se está haciendo cargo de obras públicas en su provincia, a partir de que el gobernador Torres rubricó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Esos recursos propios que pone Chubut cancelan una deuda de unos 100 millones de dólares con el Estado nacional. Son trabajos en las rutas nacionales 3 y 40 y la futura doble vía Trelew-Rawson sobre la RN 25. La provincia también asumió la terminación de obras de viviendas que la gestión libertaria paralizó: Chubut invirtió casi 9000 millones de pesos para terminar 204 casas del ProCreAr. Figueroa firmó un acuerdo similar semanas atrás.
En Tierra del Fuego, el gobierno de Gustavo Melella también encaró por su cuenta las obras para terminar la Comisaría de Género y Familia de Río Grande. Nación se borró y la Provincia consideró que era una necesidad avanzar con recursos propios. “Nación se corrió”, lamentó el ministro de Obras Públicas Martín Moreyra. Y lo mismo ocurre con intervenciones en escuelas, hospitales, centros de salud y edificios públicos.
Santa Cruz tuvo que golpear con insistencia las puertas nacionales para que transfieran los fondos, que no faltan, para activar las represas rebautizadas como Condor Cliff y La Barrancosa.
Ya fueron enviados desde Asia los recursos, un crédito chino por 150 millones de dólares, para la reactivación del complejo hidroeléctrico. Recién este viernes la plata empezó a llegar, después de varios meses empantanada: se transfirieron 45.000 millones a Gezhouba, firma integrante de la UTE con Eling -ex Electroingeniería- e Hidrocuyo. Pero para que ese desembolso parcial fuera realidad, Vidal tuvo que repiquetear con sus exigencias.
