El proyecto del Ejecutivo vio luz verde definitiva en Diputados tras los cambios introducidos por el Senado. Los casos de aplicación. Una década de debates.
Debate. El ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, en plena defensa del proyecto ante los legisladores.
Once años después de la primera discusión legislativa para implementar los juicios por jurados en Santa Fe, el proyecto que el gobernador Maximiliano Pullaro envió en extraordinarias a la Legislatura logró la sanción definitiva. La luz verde se activó este jueves en la Cámara baja luego de que la Cámara de Senadores lo devolviera con algunas modificaciones.
La ley de juicios por jurados integraba el paquete de leyes que el el Poder Ejecutivo envió en los primeros días de gestión de Pullaro. La mayoría ya fueron tratadas y aprobadas. La más importante en gateras es la que propone una serie de reformas al Código Procesal Penal.
La ley establece como modelo el jurado popular integrado por doce ciudadanos y la obligatoriedad del enjuiciamiento de esta manera para determinados delitos. El dato político es que, tras años de proyectos de ley que avanzaban en la Cámara baja pero se frenaban del otro lado del pasillo de la Legislatura, en esta oportunidad la bancada justicialista de la Cámara alta levantó la mano en unanimidad para el proyecto en general y solo se abstuvo en uno de los más de 90 artículos.
El jefe del bloque, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) justificó el cambio de posición en que fueran escuchados sus pedidos de convocar al debate a operadores judiciales y al ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni, y de reducir la cantidad de delitos que pueden ser juzgados por un tribunal popular.
En Argentina ya hay 11 provincias que tienen en marcha el sistema previsto en la Constitución nacional. También figura en la Carta Magna santafesina. Más aún, hasta el Código Procesal Penal provincial lo tiene advertido, por lo que se estima que su implementación podría ser bastante ágil.
En la Cámara de Senadores hubo dos temas que profundizaron la discusión. El primero de ellos fue qué delitos iban a caer bajo el análisis de jurados populares. De un listado original más amplio, el artículo 2 fue el más discutido y consensuado. Finalmente estableció cuatro hechos gravísimos: homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); robo calificado por homicidio (art. 165 del CP); y el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación enfrentamiento.
El otro punto en el que no hubo una posición unificada, pero que no paralizó la votación, fue la unanimidad de la sentencia. El justicialismo pedía que los doce jurados votaran al unísono el veredicto y establecía mecanismos para salir de la encrucijada si no había acuerdos. Para el frente Unidos, el voto mayoritario de 10 de los 12 integrantes del tribunal ya es suficiente para dictar sentencia, y así quedó la redacción final. En la votación en particular, el PJ se abstuvo de votar ese artículo que es el número 83 del proyecto de ley.
En ese sentido, el senador Pirola detalló que la mayoría de las provincias tiene el principio de unanimidad plena en el veredicto del jurado y que la experiencia muestra que, cuando no se llega a esa unanimidad, es por deficiencias probatorias. Además, sostuvo que los casos de jurados estancados, como se denomina la disparidad de opiniones, son situaciones escasas y que se pueden prever mecanismos para destrabarlo.
La posición quedó asentada, pero no demoró la aprobación. “Votamos de manera positiva el proyecto con las modificaciones que pudimos consensuar. Había que poner a girar la rueda, este es un camino que comienza y que podrá ser perfectible”, remató Pirola.
Más allá de que sea una carga pública, uno de los grandes argumentos a favor de este mecanismo judicial es que la integración popular del jurado achica las distancias entre Poder Judicial y la gente, y la hace partícipe de la aplicación de la ley, lo que permite, muchas veces, revertir la crítica sobre el funcionamiento judicial. Pero, además, hay otro argumento interesante que marca que la rotación de los jurados dispersa ese poder concentrado que tienen hoy los magistrados.
Esta mirada va en consonancia con la actualización judicial que prevé Pullaro con el paquete de reformas que impulsó desde que asumió y que impactará no solo en la seguridad pública sino también en el funcionamiento de un Poder Judicial que considera "caro e ineficiente". En su discurso de asunción, adelantó que tenía la voluntad política de que Santa Fe tuviera el sistema de juicio por jurados, como una herramienta más para abordar la conflictividad social y penal.
En los argumentos que se escucharon en el parlamento local, hubo coincidencias de que la complejidad de los casos de violencia altamente lesiva que se están sucediendo en la provincia requieren el veredicto de un jurado ciudadano colectivo, más que de un juez o un tribunal. Desde la Casa Gris apuntan a esas resoluciones, por ejemplo, para disputas que puedan surgir a raíz de la presencia intensificada de policías en las calles.