Juan Schiaretti y Martín Llaryora, las dos puntas de una continuidad de gestión se empieza a encontrar las primeras dificultades en Córdoba.
Martín Llaryora quiere reformular las pautas salariales que el gremio de estatales de Córdoba firmó durante la última parte de la gestión de Juan Schiaretti y que se extienden hasta enero del año entrante inclusive. Se trata de acuerdos que firmara el gobierno provincial y las cúpulas de los sindicatos a fines de agosto pasado con la anuencia de quien sólo dos meses antes había sido electo para suceder al “Gringo”. Pero, a pesar de que el mandatario entrante hace gala de los números con los que recibió la administración, los tiempos parecen haber cambiado demasiado producto del Caputazo, que empieza a complicar las finanzas, inclusive, de las provincias aliadas a la Casa Rosada.
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Para solucionar un conflicto en ciernes, la provincia propondrá a los gremios estatales una revisión integral del acuerdo, que contemple la eliminación de las denominadas cláusulas “gatillo”. Ofrecerá, como compensación, mejoras salariales ajustadas a la recaudación vía tributos.
Circulante desde la pasada semana, aún extraoficialmente, la alternativa de renegociación será expresada formalmente en un encuentro convocado para la tarde de este martes en el Centro Cívico. Será encabezado por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, e iniciará horas después de la reunión del presidente Javier Milei con los 24 gobernadores, entre ellos Llaryora.
Cumplimiento
Al corriente de las intenciones del gobierno, aún matizadas como "versiones", las cúpulas de los gremios estatales salieron a exigir el cumplimiento del compromiso asumido hace sólo meses por el mismo actor formal: el Estado provincial, su empleador.
El acuerdo vigente garantiza a trabajadores y trabajadoras un aumento para el último tramo de la paritaria equivalente a la suma de la inflación de noviembre, diciembre y enero. Además incluye una cláusula que garantiza al personal, al cierre del período de paritaria, una mejora de 10 puntos porcentuales sobre el acumulado inflacionario durante el año. En diversos documentos, los sindicatos también remarcaron otros compromisos vigentes, que atañen al impacto de las mejoras salariales en las remuneraciones de los pasivos.
También urgieron al Gobierno a precisar la fecha de pago del aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año, que debería incluir una recomposición del 12,9%, cifra acorde al porcentaje de la inflación de noviembre. “Dos veces solicitamos una convocatoria para resolver esos puntos. Nos enteramos por los medios que el gobierno desconocería el acuerdo. Dijeron que nos iban a convocar y eso no ha sucedido. Oficialmente no tenemos ninguna palabra. Sería un mal comienzo para el gobernador desconocer un acuerdo que su propio espacio ha rubricado. En el caso nuestro, el propio Llaryora se involucró en la negociación, no puede desconocer lo firmado”, precisó Roberto Cristalli, titular de la Unión de Educadores (UEPC).
Atentos a la situación, tanto los cuerpos orgánicos de los gremios estatales como la comisión directiva de la CGT se encuentran en sesión permanente, analizando esquemas de acciones de protesta, aún en un contexto que reconocen desfavorable, con medidas económicas que deterioran los salarios y amonestaciones de endurecimiento contra eventuales protestas callejeras. “Si va a desconocer el acuerdo, que lo diga, para que nosotros accionemos”, advierten.
Ante las medidas económicas anunciadas por el nuevo Gobierno Nacional y frente a las presiones para que las provincias las repliquen, los gremios estatales de Córdoba reclamamos respuestas al @gobdecordoba y nos declaramos en estado de sesión permanente https://t.co/1wOFLgzuNkpic.twitter.com/hqHF5Ya2Tx
De igual manera, las voces sindicales anticipan su renuencia a aceptar cláusulas que aten sus mejoras a la recaudación de las arcas provinciales. Remarcan que se avecinan meses de recesión que tendrán como primeros impactos el consumo y el cumplimiento de las obligaciones con el Estado, entre ellas los impuestos.
También, destacan la contradicción entre la preocupación expresada por Llaryora sobre el estado de las finanzas provinciales y el balance realizado por Schiaretti en sus discursos en la Bolsa de Comercio y en la Unión Industrial. Allí, ante calificadas audiencias, remarcó que el nuevo gobernador hereda una economía saneada, con un saldo favorable de 932 millones de dólares.
Herencia
El “desconocimiento” de una pauta salarial acordada es una situación que remite a los gremios al arranque de la primera gestión de Schiaretti, que en 2008, y con similares argumentos, decidió una renegociación. “Allí quedó fijado su mote de incumplidor serial”, evocan las fuentes consultadas.
Tampoco resulta desconocido el escenario de conflictividad inicial para Llaryora. Pujas con gremios estatales marcaron el inicio de sus gestiones en el municipio de San Francisco y en la municipalidad de Córdoba. Tales cinchadas, resueltas favorablemente según su narrativa, ayudaron a consolidar su perfil de gestor responsable y prolijo administrador, atributos caros al cordobesismo que lo antecede. Y que en tiempos en los que la motosierra liberal acecha a las economías provinciales, también lo ubica en el lote de los mandatarios que accionan en sintonía con el discurso de la época.
Todavía no está del todo claro la profundidad de la crisis provincial ni los alcances que la austeridad llaryorista puede tener sobre los salarios estatales. Obligado por el contexto, el flamante gobernador debe sortear una de las herencias que su antecesor legó en plena campaña, lo mismo que él hizo con Daniel Passerini, que ya dijo que los acuerdos tal como están firmados ponen en riesgo a las finanzas municipales en la capital.
