Una jugada final que termina derramando hacia todo el sector del empleo público mediterráneo marcó el fin de la era de negociaciones paritarias entre Juan Schiaretti y los gremios que representan a los estatales en Córdoba. En medio de una conciliación obligatoria que la administración provincial ya tenía pensado extender por una semana más, este jueves se cerró el acuerdo con los docentes que, como colofón se extenderá a todos los trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado.
La noticia que alivia al gobernador y candidato a presidente no deja de marcar un punto de inflexión para su sucesor que, no desde tan lejos, observa como la tensión se instaló en la convivencia del cordobesismo con las bases gremiales que alguna vez le permitieron hacer gala de una administración ordenada y una convivencia cordial.
Con el recambio en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) como telón de fondo, Martín Llaryora deberá desandar un camino que se volvió espinoso y que puede encontrar nuevos obstáculos en un escenario que vaticina una conflictividad creciente debido al contexto inflacionario y las políticas nacionales rechazadas de antemano por las conducciones gremiales.
Como ya contó Letra P, el próximo gobierno asumirá con la izquierda conduciendo las seccionales más importantes del gremio estatal más grande de Córdoba. Si bien la histórica Lista Celeste seguirá al frente a nivel provincial, la nueva conducción encabezada por Roberto Cristalli y Elizabeth Vidal deberá convivir con el espacio que lidera el dirigente del Partido Obrero, Franco Boczkowski, en la capital provincial, donde se ponen de manifiesto todos los conflictos que se suceden en la provincia.
En la asamblea general de este jueves, ese escenario se adelantó en un debate marcado por una conducción que hizo valer su peso territorial con el voto positivo de 21 de las 26 seccionales provinciales. Aunque el número parecía resolverlo todo de antemano, la discusión se tensó por la sencilla razón que se explica a partir del peso específico de las tres seccionales que se opusieron y que son, no casualmente, las más populosas: Córdoba, Río Cuarto y General San Martín. La votación en el máximo órgano decisor del gremio se resolvió con 91 votos a favor; siete en contra y 17 abstenciones.
Semanas atrás, desde el gobierno provincial dejaron trascender la idea de que el acuerdo se había trabado debido a la presión ejercida por la conducción provincial que, con Juan Monserrat a la cabeza, buscaba “ensuciar el debate”. Monserrat es uno de los sindicalistas abiertamente alineado con el peronismo nacional, opositor a Schiaretti que, de hecho, fue candidato a legislador provincial en la lista del massismo-kirchnerismo.
Aún si eso fuera cierto, las proyecciones hacia un escenario dominado por posiciones mucho más combativas, que incluso acusan a la actual conducción de "pactar" con las autoridades de turno, no resultan buenas para el llaryorismo que apuesta a una “convivencia sana, en beneficio de todos los cordobeses”.
Letra chica
De todos modos, el acuerdo quedó sellado y contempla un 20% de aumento para el mes de agosto, tomando como base los salarios de julio; y un 10% en septiembre, respecto al básico de agosto. A esos números específicos se suma al acuerdo una cláusula que toma en cuenta los índices de precios de los 11 meses inmediatamente anteriores y establece que ningún docente, sea cual sea su posición escalafonaria, percibirá un aumento inferior al 10% por sobre la inflación acumulada.
El detalle para el resto de los trabajadores provinciales es que los gremios que habían acordado la suba del 7% para septiembre, también habían incluido una cláusula que indicaba que si los docentes, que extendían su negociación, lograban una mejor por encima de ese porcentaje, el mismo se aplicaría a la totalidad de la administración pública. Eso sucederá a partir del mes próximo y que marcará un formato de negociación para los meses por venir.
El acuerdo, con cláusulas automáticas incluidas, tiene vigencia hasta febrero del 2024. Será entonces momento en que una nueva conducción gremial comience su etapa de negociaciones con una nueva comitiva gubernamental que, por el momento, sólo tiene asegurado el nombre del gobernador Llaryora. Restan las definiciones sobre los responsables que podrían modificar el formato de negociación que durante ocho años tuvo a los mismos referentes: Monserrat, Schiaretti, el ministro de Educación, Walter Grahovac -no seguirá en el gabinete-; y la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, quien en las elecciones del 25 de junio fue electa como la única representante del oficialismo en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
