Habrá aumento salarial del 24,33%, paritarias, recursos para funcionamiento e incremento de las becas. Firmaron todos los sectores, salvo Conadu Histórica.
Franco Bartolacci, al frente de la marcha de las universidades. El presidente del CIN acordó con el gobierno.
Al final, había plata: el gobierno de Javier Milei firmó este miércoles formalmente un acuerdo con las universidades nacionales que reclamaban fondos para el funcionamiento del sistema y la actualización salarial de sus trabajadores. El compromiso pone en pausa el conflicto más picante y prolongado que tiene la gestión libertaria.
El pacto, que se cocinó en los últimos días entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la cúpula del Consejo Interuniversitario Nacional, incluyó el acuerdo de sectores estudiantiles y sindicales docentes y no docentes. La CONADU Histórica se negó a formar parte del arreglo.
Aunque el Gobierno presionó para que los rectores retiraran la presentación en la Justicia, el acuerdo no suspende los plazos judiciales y sigue pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto de la demanda para que se aplique tal como fue sancionada la Ley de Financiamiento Universitario.
El acuerdo para el financiamiento implica una tregua después de casi dos años de conflicto. Es un punto de encuentro después de que ambas partes tiraran de la cuerda. Después de la última Marcha Federal, los rectores instalaron como una espada de Damocles la advertencia de que si no aparecían recursos no se podía afrontar el segundo semestre.
Aunque el Gobierno abre relativamente su billetera, también congela uno de las protestas que más golpeaba en su base de sustentación política. Ya estaba convocado un nuevo paro, que se iba a concretar durante toda la semana que viene.
Cada una de las cuatro marchas federales universitarias le hizo un daño político a la gestión libertaria y la puso a prueba. La última tuvo alto impacto en todo el país, a partir de que hay una ley vigente que determina el financiamiento de las casas de altos estudios y el Ejecutivo no la cumple.
Según datos del CIN, la situación se volvió tan acuciante en los últimos años que miles de docentes presentaron su renuncia a cargos universitarios para volcarse a otras actividades.
En ese proceso, el ataque del poder libertario fue furioso: se denunciaron “curros” y se pusieron bajo sospecha las administraciones universitarias. La respuesta en las calles fue contundente: las movilizaciones fueron masivas y transversales política, territorial y generacionalmente.
El oficialismo aspira a que este acuerdo le acerque un poco de paz en un frente donde tenía pocas victorias en su haber y que amenazaba con volverse cada vez más picante.
El secretario Alejandro Álvarez tejió una tregua en el conflicto con el presidente del CIN, el radical Franco Bartolacci (Universidad de Rosario). También participó el vice del CIN, el peronista Anselmo Torres (Universidad de Río Negro). Ese entramado terminó de rubricarse este miércoles al mediodía en el Palacio Sarmiento.
Los rectores resistieron la pretensión de que la demanda que tiene la Corte Suprema de Justicia quedara en la nada. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, destacó este miércoles a Letra P que esa presentación “no se toca” y confirmó que hubo una avanzada violeta para voltear la presentación formal.
La situación incluso activó una sospecha entre las universidades, cuando percibieron que la gestión libertaria insistió en aceitar un pacto pese a ese obstáculo. Temen que haya un medio guiño de la Corte para fallar en disidencia con las decisiones judiciales anteriores, que determinaron que debe cumplimentarse la ley que sancionó el Congreso.
Bartolacci dijo que el acercamiento con el Ejecutivo fue “producto de lo que hemos construido en el ámbito judicial y público”. El rosarino fue electo como presidente del CIN a fines de marzo de este año y sostuvo un discurso opositor cuando dijo que “nunca estuvimos tan mal como ahora”. A la vez, en ese momento abrió una puerta al diálogo cuando consideró que no se podía sostener una universidad con las puertas cerradas, en permanente conflicto y con paros sistemáticos.
Las actas determinan que habrá un aumento salarial de 21,33% en junio, con base en mayo, a lo que se sumaría otro 3% en septiembre/octubre. También se garantiza la convocatoria a una paritaria cada tres meses.
Los sectores sindicales docentes, que eran los más movilizados, miraron de reojo la propuesta, pero la mayoría de las organizaciones y federaciones rubricaron las dos actas que se elaboraron.
Conadu Histórica se corrió y mostró sus críticas. Algunas asambleas provinciales ya habían rechazado el martes la propuesta que sonaba extraoficialmente y un plenario de secretarios generales fijará posición formal este jueves.
El reclamo de los gremios docentes demandaba una actualización superior al 50% de los montos que se pagan actualmente y de manera retroactiva. La expectativa es que la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años pueda ponerse en discusión en la mesa paritaria, pero el acuerdo también desactiva el nivel de movilización callejera que despertó el avance sobre el financiamiento de la educación, la ciencia y la investigación.
La ley de Financiamiento determina que se recupere el salario perdido desde diciembre de 2023. El acta reconoce que el incremento pactado solo repone lo que se perdió en 2025 y un 7% de 2024.
“Logramos que se convoque a paritarias y haya una propuesta para empezar a recomponer el salario”, destacó la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). La organización sindical consideró que “el ofrecimiento representa un avance importante”, pero aclaró: “La lucha sirvió, pero continúa”.
Pusieron su firma también la Conadu, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Además, los rectores se garantizaron más fondos para el funcionamiento cotidiano de sus organizaciones. En la actualidad, aunque también depende de los territorios y las características de cada establecimiento, a las universidades se les hace complejo el solo hecho de sostener el mantenimiento de su infraestructura y afrontar el pago de servicios.
El acuerdo determina que esos recursos se incrementarán en un 20%. También se dispone un fondo de $50.000 millones para atender a los hospitales universitarios.
Las federaciones estudiantiles también dieron su visto bueno, o al menos rubricaron el acta, a partir de que se dispuso un incremento del 50% en las becas “Manuel Belgrano”, que son las que paga el Gobierno. Están congeladas en $81.685 desde 2024.
En cambio, no hay ninguna modificación ni mejora para las becas Progresar, que dependen de la ANSES y que están congeladas en la irrisoria suma de $35.000.