Hay múltiples desarrollos con problemas hídricos en la cuenca del arroyo Ludueña. La Casa Gris busca una salida. Qué dice el empresariado. Opciones.
El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió abordar un espinoso tema donde se cruzan intereses políticos y económicos: los desarrollo inmobiliarios.
Tras un año de idas y vueltas, el gobierno de Maximiliano Pullaro empezó a buscarle una salida al embrollo en el que están unos 14 desarrollos inmobiliarios, la mayoría de ellos en el Gran Rosario, enmarañados en un limbo legal por problemas hídricos. La primera opción sobre la mesa es redactar una ley que defina las reglas de juego, aunque hay otras cartas por explorar.
No todas las urbanizaciones en cuestión están en las mismas condiciones, ni todas están dentro de la cuenca del Arroyo Ludueña -que abarca todo el Gran Rosario-, pero es para esa zona que la Casa Gris empezó a explorar una salida que podría incluir una ley que clarifique el panorama y establezca criterios claros para los desarrolladores: en criollo, si pueden avanzar o no con sus proyectos. “Hay una decisión de abordar el tema”, informó una fuente al tanto de las conversaciones.. “Hay una decisión de abordar el tema”, informó una fuente al tanto de las conversaciones. “En los últimos diez años hubo un crecimiento enorme de la urbanización en la cuenca, que es chica, y ese crecimiento hizo que se impermeabilice mucho el suelo del área”, sumó.
El problema se encuentra en el limbo en el que quedaron 14 loteos que habían avanzado en el trámite de factibilidad durante el gobierno de Omar Perotti, pero que Pullaro paralizó -en algunos casos, con decretos firmados por todo el gabinete-. En el caso de la cuenca del Ludueña, se sumó un estudio del Instituto Nacional del Agua que alertó sobre los desarrollos en esa zona -especialmente en el área de reserva de la represa- y aconsejó no alentar emprendimientos.
Los desarrollos que ingresaron luego tramitan por la ventanilla única, la respuesta que la Casa Gris ideó para estos casos, en la órbita del ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini. Allí se unifican todos los trámites que, antes, el desarrollador debía realizar uno por uno: la factibilidad hídrica -dividida en tres etapas distintas-, la evaluación de impacto ambiental y la solicitud de acceso a los distintos servicios como luz, agua potable y gas.
El tema se trató el lunes al mediodía en una reunión en la que estuvieron varios pesos pesados del gabinete. Presidida por Pullaro, se sentaron a la mesa los ministros Lisandro Enrico-Obras Públicas- y Enrique Estevez -Ambiente-, los secretarios de Recursos Hídricos, Nicolas Mijich, de Ambiente, Gustavo Leone, de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso, de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, y la secretaria de Legal y Técnica, María Julia Tonero. Allí fue que se cristalizó la intención de “establecer un plan de trabajo, de obras que tienen que hacerse y un ordenamiento a futuro”.
Maximiliano Pullaro y su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
La cuestión a definir es el contenido del proyecto de ley. Si bien corrió la versión de que incluiría una nómina explícita y taxativa de los desarrollos a autorizar, en principio esa opción está descartada. Lo que se explora por estas horas es que se aborde el tema de la cuenca del Ludueña en términos generales, “que tenga en cuenta los desarrollos trabados, pero también los que se van a querer hacer en el futuro”, explicó una garganta. La intención, dicen, es combinar las exigencias hídricas de la zona con el interés de los privados. “Ofrecer previsibilidad”, sintetizó la misma fuente.
La idea es que la normativa forme parte de “un plan de manejo hídrico y de urbanizaciones” en el que las municipalidades involucradas “tomen cartas en el asunto”, dado que son las que otorgan las prefactibilidades que son el primer paso del proceso. Además, existe un viejo plan para construir más represas en la región -ya existe una, en Funes- que serían la solución “óptima” para contener el agua en un evento de grandes lluvias. Esas represas requieren una gran inversión, pero también transformarían en urbanizables terrenos que hoy no lo son y beneficiarían a sus dueños.
En términos hídricos, las tierras se dividen en tres zonas: en la zona 1 no se puede impermeabilizar el suelo, en la zona 2 puede hacerse con obras de mitigación y en zona 3 se permite. Los 14 loteos están en zona 2 y entre ellos crece la idea de que fueron paralizados justamente por ese motivo, sin importar las obras de mitigación que ofrecieron hacer, por lo que apuntan especialmente contra Mijich. Una de las opciones sobre la mesa es cortar por lo sano: eliminar esa zona 2 y que los terrenos se dividan en urbanizables -con requisitos- y no urbanizables.
De los 14 loteos, el caso paradigmático es el de Estancia Damfield, en Funes. Fue el primero de los desarrollos paralizados, con un decreto firmado por todo el gabinete, cuando ya había avanzado su trámite de autorización e incluso había comenzado la construcción del barrio cerrado. Su paralización fue un golpe que causó un terremoto en el mundo de los negocios de Rosario y que marcó la pauta de que el gobierno pullarista iba en serio con el tema. Luego de Damfield, fueron cayendo otros en condiciones parecidas a lo largo y ancho de Santa Fe.
La foto con la que los desarrolladores de Damfield mostraron que su desarrollo no se inunda.
Damfield está ubicado dentro del área de reserva de la represa del Arroyo Ludueña. Más allá de otros condimentos que tuvo el caso -como cuestiones registrales-, su ubicación es su principal problema y por eso fue paralizado: había comenzado a construirse sin tener la evaluación de impacto ambiental aprobada. Sin embargo, sus desarrolladores iniciaron un largo proceso de apelaciones y hoy se muestran confiados a partir de nuevos estudios que realizaron en el terreno junto con técnicos del gobierno que, dicen, demostraron que el loteo no es peligroso.
En aquel momento, el affaire Damfield causó ruido entre el gobierno provincial y Roly Santacroce, el intendente peronista de Funes. "Jamás nos comunicaron a nosotros ni a los inversores que iban a tomar esta determinación. Quieren perjudicar al modelo de desarrollo que tenemos, con el Estado al servicio del privado", había dicho el alcalde en ese entonces. Ese vínculo mejoró con el tiempo, al punto tal que Santacroce formó parte del grupo de jefes territoriales peronistas que apoyaron a Gisela Scaglia como candidata de Provincias Unidas.