Después de ayudar a Javier Milei a frustrar la sesión que iba a tratar un proyecto para restringir el uso de los DNU, Mauricio Macri lanzó su propia agenda institucional, con un pedido de sesión de su bloque que tuvo firmas de miembros de su bloque de Diputados y del jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
El temario incluye temas que el PRO le reclamó al Gobierno en la segunda parte del año, pero que aún no llegaron al recinto por falta de acuerdo o desinterés del oficialismo, que priorizó otra agenda. El principal es "ficha limpia", como se llama al proyecto para prohibir candidatos condenados por corrupción en segunda instancia.
Sería el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que el Tribunal de Casación Penal ratifique este miércoles su condena. El proyecto tiene varios dictámenes y es una bandera del PRO, pero no así del Gobierno, que no se preocupó en llevarlo al recinto.
"El problema es que ellos quieren que les juntemos los votos", es la respuesta de los referentes del oficialismo a las quejas de sus socios. Por la misma razón nunca avanzó el dictamen para que voten por correo los argentinos residentes en el exterior, un derecho que tuvieron hasta la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.
El tercer proyecto incluido en el temario de sesión fue enviado por Patricia Bullrich y busca agravar penas por reincidencia o reiterancia, a quienes repitan un delito y enfrenten múltiples procesos penales simultáneos. Es parte de la agenda de la ministra de Seguridad que quedó trunca.
Los pedidos de Mauricio Macri
A través de un comunicado, el PRO anunció además que presentó un proyecto de resolución para solicitar la remoción de la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, "por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La presentación tiene respaldo de la UCR y se enmarca en la exposición de la funcionaria en la comisión de Asuntos Constitucionales sobre el decreto que reglamentó la ley de acceso a la información pública, cuestionado por la oposición y defendido por Milei.
Como explicó Letra P, Anchorena, que proviene de la anterior gestión y fue elegida por concurso, se desentendió de la medida y responsabilizó a los funcionarios del gabinete de Milei.
"Consideramos que las explicaciones no fueron suficientes, y consideramos que la titular de la agencia ha incumplido su competencia evitando su responsabilidad y que sigue siendo necesario modificar la reglamentación restrictiva de la Ley N° 27.275, sancionada durante nuestro gobierno", sostuvo un comunicado del PRO.
Detrás del planteó se esconde un futuro problema para Milei: el PRO y la UCR buscarán elegir a la reemplazante y marcarle los pasos en el control de la información pública. Es lo que no quiere el Presidente.