Es Beatriz Anchorena, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ocupaba el cargo con el Gobierno anterior. "Nadie me consultó", se escudó.
Beatriz Anchorena, asumió el cargo con Alberto Fernández y sigue con Javier Milei.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tuvo este miércoles una situación inédita: una funcionaria convocada para exponer por La Libertad Avanza para defender una decisión del presidente Javier Milei criticó la medida y alentó a la oposición a derogarla.
Se trata de la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien ocupaba el cargo desde la administración anterior. Voceros del organismo aclararon que la funcionaria accedió al cargo por audiencia pública y lo ocupará hasta 2027 y por lo tanto no se considera funcionaria de los presidentes.
Sin embargo, la funcionaria depende de la jefatura de Gabinete, que puede pedir su remoción, con intervención de una bicameral. No estuvo entre las urgencias del Poder Ejecutivo.
El contrapunto se dio en torno al debate que ocasionó el decreto 780/2024, que reglamentó la ley de acceso a la información pública y ocasionó críticas de la oposición y organismos vinculados a la transparencia, como también la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). La consideraron un límite al derecho de la libertad de expresión.
La oposición dialoguista salió al cruce con las diputadas Karina Banfi (UCR) y Silvia Lospennato (PRO), quienes exigieron una explicación durante la visita a la cámara baja del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el 29 de agosto. El funcionario se comprometió a revisarla, pero Milei se negó.
Citada por el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, Anchorena se sumó al discurso opositor. "Materialmente y objetivamente, la agencia no redactó, no impulsó ni avaló el decreto 780 y se puede ver claramente en el expediente”, se defendió.
“No tuvimos una intervención formal con un dictamen técnico ni jurídico propio, así como tampoco participamos de reuniones ni de mesas de trabajo”, se desentendió la titular de la Agencia.
Según el relato de Anchorena, el decreto 780 surgió ante una pedido del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y sostuvo que tiene inconsistencias como la de regular "por la negativa", al negarse a dar información específica que se considera privada. "De esta manera, el decreto limita el concepto de acceso a la información y no su aplicación, introduciendo las dimensiones de privacidad e interés público".
Se refiere al artículo 3 del decreto, que es el más cuestionado, porque apunta a evitar que Milei deba informar su agenda en la Quinta de Olivos. Sostiene que se "entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley Nº 27.275 y su modificatoria”.
Ese artículo incluye a la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, que Anchorena pidió que fueran convocadas para opinar. "Este Congreso, lamentablemente, no tiene una agencia de acceso a la información", sostuvo.
Anchorena consideró que el decreto fue elaborado por la secretaría de Planificación Normativa "donde se elabora un primer proyecto de decreto que va luego a jefatura de Gabinete y se gira al buzón general de la agencia una versión preliminar que no fue el que se terminó publicando en el Boletín Oficial de modificación del decreto reglamentario. Enterada, esta agencia redactó comentarios sobre los puntos críticos", se despegó.
Anchorena no hizo más que empoderar a la oposición que pidió derogar el decreto y lo hará a través de un proyecto de ley. "Hay siete proyectos presentados y los vamos tratar. Si no, lo vamos a derogar", amenazó Banfi, una de las principales detractoras. En el mismo sentido se expresaron Lospennato y Silvina Giúdici, del PRO.
Uno de los argumentos de Milei para restringir el acceso a la información fue la cantidad de pedidos que hubo desde que asumió, un dato que su funcionaria no detalló en informe introductorio. Según informó, desde octubre de 2017 a la actualidad, hubo 53.706 solicitudes y luego se incrementaron cada año, con una tasa de respuesta del 93.8%, 14 días de promedio para dar respuesta.
"Desde 2023 empezamos a tener a los organismos que no pertenecen al ecosistema de la gestión documental electrónica. En 2024 tenemos un total de solicitudes de 9.300 con una tasa de respuesta de 95,2%. El Ministerio de Economía es uno de las entidades que más recibe consultas; jefatura de Gabinete, Capital Humano, Salud”, detalló la funcionaria.