El concesionario que controlan Ultramar y Vicentin inició un pleito hace más de seis años para no pagar un impuesto. Tuvo dos fallos en contra. Ahora, la Corte.
Las aguas siguen turbulentas en el puerto de Rosario. Tras ceder ante las exigencias de Maximiliano Pullaro, salió a la luz un pleito que Terminal Puerto Rosario (TPR), propiedad de la chilena Ultramar y el gigante caído en desgracia Vicentin, inició contra la municipalidad que hoy gobierna Pablo Javkin para no pagar el Derecho de Registro e Inspección (DReI).
La novedad se enmarca dentro de una sucesión de reveses para la firma que administra la terminal portuaria rosarina desde hace 15 años. Tras desplegar un operativo de presión con el objetivo de lograr que le estiren la concesión que vence en 2032, gestión que no tuvo buen resultado, la empresa tuvo que anunciar una inversión de US$30 millones para refaccionar los muelles -tienen tres y dos de ellos estaban fuera de servicio- sin que el gobierno de Santa Fe les asegurara una extensión del contrato. Pullaro había frenado las negociaciones hasta que TPR se pusiese al día con las obras.
El juicio se remonta a 2018, cuando la socialista Mónica Fein aún era la intendenta de la ciudad más poblada de la provincia. En ese momento, funcionarios municipales quisieron realizar una inspección para determinar el monto que debía TPR en concepto de DReI -se calcula de acuerdo a la facturación- por un periodo de algo más de cuatro años, entre junio de 2014 y septiembre de 2018. El intento causó la resistencia de la firma, que inició el camino para impugnar administrativa y judicialmente la decisión de la municipalidad rosarina. Consideraba que no le correspondía abonarlo.
El procedimiento siguió su curso. En mayo de 2019, un decreto municipal fijó la deuda en algo más de $19 millones, sin contar intereses. Es un tema clave, ya que por la demora se transformó en el ítem más importante de la deuda. Hay, además, otro detalle: el municipio incluyó como responsables solidarios del pago de la deuda a los directores de la firma. Ya en 2021, la vía administrativa se terminó con una resolución firmada por el propio Javkin en la que se desestimaron los planteos de Terminal Puerto Rosario.
Ante esa situación, el concesionario eligió seguir el litigio en los tribunales, donde a lo largo de cuatro años recibió fallos adversos en primera y segunda instancia. TPR presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2, y por eso elevó una queja al tribunal cimero de la que aún aguarda respuesta. Sin embargo, el panorama no es bueno: ya hay un dictamen del procurador que recomendó a los supremos rechazar el planteo de TPR. En plena negociación con el gobierno santafesino, la firma administrada por Ultramar y Vicentin pagó una parte de la deuda.
TPR argumentó en el pleito que la municipalidad no le puede imponer el tributo. Dice que, como ejerce su actividad dentro del puerto, está bajo la órbita de autoridades específicas. Ante esa ausencia de potestades, según el argumento de TPR, es natural que el municipio no le preste ningún servicio, condición ineludible para después exigir el pago de la tasa. Entre los servicios que ofrece el municipio como contraprestación, surge la registración y habilitación; la preservación de la seguridad e higiene; y la inspección y control en general. Se paga, también, un adicional si se realiza publicidad.
Además de enumerar varias defensas procesales -como que se trataba de una deuda prescripta-, para TPR el DReI es directamente “un impuesto prohibido”. Entiende que las actividades que realiza son de comercio interjurisdiccional y que, por ende, es competencia del Estado nacional. Cualquier otra cosa, sostienen, significaría validar una especie de derecho aduanero municipal. Hasta creen que el cobro del DReI implica una afectación al derecho a la libre navegación de los ríos y a la libre circulación de mercancías celebrado en la Constitución Nacional.
Los argumentos de TPR no vienen convenciendo a los jueces. La Cámara en lo Contencioso Administrativo validó el planteo de la municipalidad, que sostuvo que los controles que ejercen otros organismos no son excluyentes y deben coexistir con los que realiza el personal municipal, algo que incluso ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sucede que la Constitución plantea que en los establecimientos de utilidad nacional prima la legislación nacional, pero también rige la provincial y la municipal si no interfieren con dichos fines.
Además, los funcionarios municipales también plantearon que “prestan efectiva y concretamente los servicios normativamente vinculados al DReI”, ya que “cuentan con la adecuada infraestructura, organización y personal” y realizan “las erogaciones pertinentes”. Hasta sacaron un as de la manga: TPR firmó un convenio en 2016 mediante el cual canceló una deuda por el mismo tributo acumulado entre 2009 y 2014, decisión que tomó para aprovechar ciertos beneficios. En esa oportunidad, recordó el municipio, el concesionario nunca cuestionó la validez del cobro del DReI.
Para el equipo jurídico del gobierno rosarino es un caso cuya resolución es clave a la hora de sentar jurisprudencia frente a otros pleitos similares. Un fallo en contra podría significar un golpe a las arcas municipales. No sólo por lo que se dejaría de percibir de parte de TPR: también por la catarata de reclamos que se desataría en el mismo sentido. De hecho, otras municipalidades atravesaron por reclamos similares. En 2021, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al municipio de Quilmes en un conflicto similar que mantuvo contra la petrolera Axion Energy.
