El gobierno provincial dice que tiene un interesado para quedarse con la terminal portuaria. La oferta de los actuales concesionarios que cayó pésimo.
Maximiliano Pullaro, en una recorrida por el Puerto de Rosario.
El conflicto entre el gobierno de Santa Fe y la sociedad conformada por la chilena Ultramar y el gigante caído Vicentin, concesionarios del puerto de Rosario, sigue latente. Maximiliano Pullaro avisó que no se sentará a negociar mientras los privados sigan sin cumplir con sus obligaciones y a su lado avisan que ya tienen un interesado para reemplazarlos.
El tema parece estar en un punto muerto, con las obras que necesita el puerto como núcleo del conflicto. Para el gobernador, las tiene que hacer Terminal Puerto Rosario S.A. -la sociedad que tienen los chilenos y el gigante de Reconquista-, mientras que los privados piden, a cambio, una extensión del contrato de concesión que vence en 2032. La última estimación sobre el costo de las obras data de 2019 y, en ese momento, fue de US$66 millones. Lógicamente, al no haberse hecho ningún trabajo profundo en los últimos años, el monto al día de hoy es mayor y los muelles están al borde de la inoperabilidad.
En la Casa Gris repiten una analogía para explicar el conflicto: “Es como que yo te alquile por veinte años, vos no me pagues el alquiler y rompas toda la casa, y cuando voy a verla me digas ‘te la arreglo si vos me la alquilas por treinta años más’, un delirio”. Con ese razonamiento, avisan que en esos términos ni se sentarán a negociar con TPR. De hecho, como consideran a la terminal rosarina como clave para el desarrollo productivo de la Bota, no descartan rescindir el contrato antes de su vencimiento.
El vínculo entre TPR y la administración del hughense venía teniendo altos y bajos. Tras mostrarse los dientes al principio, el privado se puso al día con el pago del cánon y del DReI que le debía a la Municipalidad de Rosario como gesto de buena voluntad. Ultramar, además, envió a sus ejecutivos más encumbrados a ponerse al frente de la firma, como una manera de demostrar su interés en la terminal clave dentro de la hidrovía, pero una oferta alejada de la realidad, que fue sentida como una tomada de pelo por la Casa Gris, volvió a tensionar el vínculo.
La disputa se desarrolla en las profundidades, y solo asoma con gestos que son interpretados y reinterpretados a uno y otro lado. Como se dijo, en el Ejecutivorechazó la primera oferta firme que hizo TPR, considerada exigua: el concesionario puso sobre la mesa una inversión de US$10 millones en reparación más otros US$20 millones a cambio de treinta años más de contrato. Sin embargo, no fue lo poco de la oferta lo que cayó mal sino que, en la previa, la cúpula de TPR dejó trascender en medios que desembolsaría US$600 millones, intentando condicionar el escenario.
Paralelamente, la empresa hizo una serie de anuncios públicos mostrando reactivación en el puerto. El primero fue el inicio de la exportación de litio desde Rosario hacia China vía la terminal, anuncio del que participó el propio gobernador dado que, en ese momento, las negociaciones parecían caminar. Luego, cuando todo ya estaba más empantanado, dieron a conocer el inicio de la conexión directa Rosario-Santos sin pasar por Buenos Aires. “Están desesperados por mostrar que son los únicos que pueden darle actividad al puerto”, dijeron, escépticos, en Santa Fe.
En ese juego de ajedrez, la Casa Gris no se queda atrás. Hace algunas semanas, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunió con TecPlata, los operadores del puerto de La Plata. La agenda oficial del encuentro fue el restablecimiento de la conexión entre las terminales de la capital santafesina y la capital bonaerense, pero, luego de la reunión, en el gobierno provincial comenzaron a decir que había un interesado en quedarse con el puerto de Rosario. ¿Casualidad? Claro que no, pero tampoco está oficializado: la provincia cantó truco sin mostrar aún sus cartas.
El del puerto rosarino es un conflicto que se arrastra desde el final de la gestión de Miguel Lifschitz. El socialista dejó preparado un acuerdo para la extensión del contrato de concesión a la espera de la aprobación de su sucesor, Omar Perotti, que nunca llegó. Durante la administración del rafaelino, la relación fue tortuosa: conflictos gremiales -según el propio sindicato, azuzados por TPR- que paralizaron la terminal portuaria y una negociación que se tensó al punto tal que el gobierno provincial le quitó al concesionario su histórica silla en el ente que administra el puerto.
Como si fuera poco, en el medio explotó el escándalo de Vicentin, la caída del gigante. La firma santafesina era dueña de la mayoría de las acciones de TPR, mientras que Ultramar se mantuvo como socio minoritario. Los chilenos aprovecharon el río revuelto para quedarse con el control de la sociedad e intentar reencauzar la situación. Sin embargo, no pudieron. Hoy en día, una de las exigencias de Ultramar que más enturbia las charlas, según la Casa Gris, tiene que ver con la quiebra de Vicentin, un tema que para el gobierno se da entre privados y avisó que no se meterá.