Martín Llaryora busca a su Pepe Pihen en medio de la tensión sindical

Llaryora también movió un puente histórico con la representación docente y cambió la cabeza del ministerio luego de 16 años. Walter Grahovac había llegado de la mano de Schiaretti en 2007 y era un hombre proveniente del riñón de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que tiene nuevo secretario general, Roberto Cristalli, y una creciente presencia de la izquierda en los distritos con más peso de la provincia, entre ellos, la capital.

El docente es uno de los gremios con mayor peso en Córdoba, casi como el que condujo Pihen hasta el año pasado, el SEP. Allí también hubo un recambio que actualizará el debate en torno al cambio de época en el gremialismo provincial. Sergio Castro, un ladero histórico de Pepe, es el encargado de continuar con un legado que, en muchos aspectos, se constituye como la representación más estrecha entre el sindicalismo y el cordobesismo.

También hubo una reciente renovación en otro de los sindicatos poderosos a nivel provincial, Luz y Fuerza, donde hace unos 20 días, Jorge Molina Herrera, un exintegrante de la conducción de Gabriel Suárez, se convirtió en el nuevo secretario general.

Luego de la última reconfiguración del mapa sindical provincial, una puerta se abre para Llaryora desde la renovada CGT Regional Córdoba, en la que conviven referentes históricos del gremialismo cordobés, y se mezclan lazos con el schiarettismo, el moyanismo y la conducción nacional. De la herencia schiarettista, también se desprende el vínculo con las 62 Organizaciones, con fuerte influencia de la senadora Alejandra Vigo; y un par de electrones sueltos que durante la última etapa de la gestión anterior se pararon más desde las trincheras opositoras.

Si bien este último lote de organizaciones gremiales representa a una buena parte de los trabajadores organizados en la provincia, en el peronismo provincial reconocen que para ordenar las fichas en el tablero deberán empezar por aquellos lugares en los que la relación es más directa. Es decir, por las organizaciones que representan a los estatales, cuyo día a día depende directamente de las decisiones que se tomen desde la administración Llaryora. Esos espacio en el que los primeros roces empezaron a sucederse.

Cómo sigue

Como ya contó Letra P, Llaryora logró la semana pasada torcer una situación que se encaminaba a su primer gran conflicto como gobernador. Los empleados estatales habían planteado un paro para este martes debido a un eventual incumplimiento en los acuerdos paritarios por parte de la Provincia. El mandatario abrió una mesa de diálogo y lo solucionó pero el estallido de un conflicto en el que la política y los recursos juegan un papel central quedó flotando en el aire.

Tanto así que la situación nacional y las medidas anunciadas por el gobierno nacional, que el Partido Cordobés todavía no sabe si apoyará o no, empujaron a los gremios a salir apenas 24 horas después. No habrá paro, pero la calle se pondrá picante el miércoles, como en casi todo el país.

Todo el movimiento es observado desde la mesa chica del llaryorismo que deberá negociar con los gremios lo que la semana pasada quiso imponer por la vía legislativa: la suba de los aportes para la Caja de Jubilaciones y la obra social provincia, Apross; con la cintura suficiente como para no agitar demasiado los ánimos ante el inminente comienzo de una discusión paritaria que no se anticipa fácil.

Como anticipo, los gremios estatales ya adelantaron no aceptarán “ninguna modificación en los porcentajes ya establecidos en los descuentos para la Caja de Jubilaciones y el Apross”.

El protocolo cordobés

Otra de las situaciones que agregan tensión a la época tuvo su primera manifestación la semana pasada, con la represión protagonizada por la Policía de Córdoba en medio del primer cacerolazo convocado contra el decretazo de Milei, el mismo que empuja a los gremios a marchar al Palacio de Justicia provincial.

Letra P ya dio cuenta de la existencia de un plan de acción mediterráneo que en el territorio se ejecuta vía judicial y que tiene el mismo objetivo que el protocolo nacional de Patricia Bullrich: no se puede cortar la circulación. Más allá de los “modos” que asumen los agentes a cargo de cada operativo, en la Provincia le tiran la pelota al fiscal a cargo, Ernesto de Aragón, y buscan desligarse de las responsabilidades.

Lo cierto es que, en tiempos en que los gremios entienden que hay un discurso oficial que los estigmatiza y un conjunto de políticas actuando en consecuencia, el tema de la represión a la protesta callejera invariablemente se meterá en la agenda de conversaciones entre el sector y el gobierno provincial.