Los últimos días de la relación entre Juan Schiaretti y los docentes parecen complicarse en el marco de la negociación paritaria. El gobernador buscaba allanar el camino en la previa a la llegada de Martín Llaryora a la gobernación y transitar sin conflictos domésticos su campaña nacional. Cuando todo el frente estatal parecía cerrado de cara al segundo semestre, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) tomó el mandato de las bases, rechazó la propuesta que contemplaba un 20% en agosto y otro 7% en septiembre y convocó a un paro para el miércoles 30 de agosto.
La situación no sólo plantea un problema para la gestión del gobernador que quiere ser presidente, sino que también enciende una luz de alerta para el llaryorismo que llegará de la mano de una nueva conducción gremial bifronte: la renovación sindical extendió el poderío de la histórica lista Celeste a nivel provincial, pero encontrará zonas conflictivas en la nueva composición de la conducción en las delegaciones de las ciudades más importantes de la provincia, puntualmente en la Córdoba Capital. Allí, la izquierda, con el dirigente del Partido Obrero, Franco Boczkowski, se impuso en las elecciones realizadas el 4 de agosto.
Hasta finales de noviembre, la mesa que negocia el salario y las condiciones laborales del personal docentes continuará integrada por Juan Monserrat; la secretaria adjunta, Zulema Miretti; el secretario de coordinación gremial, Oscar Ruibal; y el secretario de organización, Roberto Cristalli. En representación de la Mesa de la Junta Ejecutiva Central, los representantes de la UPEC tendrán como interlocutores a la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y al secretario general de la Gobernación, Julio Comello. Eventualmente, el ministro Walter Grahovac también se sumará a las reuniones.
A partir del 1 de diciembre, el panorama cambiará. Si no median modificaciones en la estructura, en las mesas paritarias que marcarán el clima del próximo gobierno se sentarán Roberto Cristalli (secretario general), Elizabeth Vidal (secretaria adjunta), María Cecilia Palacios (secretaria de organización) y Darío Ricardo (secretario de coordinación gremial). La representación provincial del gremio docente deberá negociar con responsables que el llaryorismo todavía no tiene definidos.
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Letra P ya dio cuenta de los nombres que aparecen en el menú de opciones que se manejan en la mesa del intendente que será gobernador. Entre ellos, del secretario de Educación capitalino, Horacio Ferreyra; el de la subsecretaria de Coordinación Educativa de la Municipalidad, María José Viola; y el del director General de Educación, Pablo Rodríguez Colantonio. Siguiendo la certeza de que Grahovac dejará el cargo que asumió en 2007, tampoco se descarta el nombre de Martín Gill, aunque en con las negociaciones moviéndose en paralelo a una campaña electoral que tiene al villamariense jugando para otro equipo, sus chances parecen complicarse.
Llaryora no teme
La Unión de Educadores es uno de los gremios más importantes de Córdoba, es el más grande entre los que nuclean a trabajadores y trabajadoras estatales; y uno de los sectores con mayor capacidad de movilización y poder de daño en tierras mediterráneas. Tiene, a diferencia de otras organizaciones sindicales, la capacidad de incidir en el humor social de un modo concreto, más allá del microclima político. Se trata de un sindicato que sostiene la representación de más de 80 mil docentes y cerca de 34 mil jubilados y pensionados en toda la provincia.
Llaryora llegará al Panal con un puñado de promesas que deberá empezar a cumplir en un terreno cuya conformación definitiva todavía no termina de delimitar. Una de ellas es la reforma educativa que deberá pasar por una Legislatura en la que el peronismo perdió su hegemonía y se terminará de discutir mirando a un gobierno nacional en vías de definición.
En ese marco, en el llaryorismo esperan tener una relación “madura” con la conducción gremial y aseguran que el principal objetivo del diálogo con el sector será “privilegiar siempre los intereses de los cordobeses”. “No nos gusta el conflicto, ni lo buscamos. Pero tampoco le tememos”, lanzan en señal de advertencia respecto a la posible conflictividad que surja en la relación con la conducción gremial.
Tomando como base a la ciudad de Córdoba, donde se concentra el sector más crítico a la conducción sindical provincial, Llaryora y su equipo saben de cruces con el universo sindical. De hecho, la firmeza con la que encaró las negociaciones con el sindicato de Municipales (SUOEM) y la UTA, fueron dos de los caballitos de batalla con los que el sanfrancisqueño fue moldeando su perfil de candidato a gobernador a lo largo de su gestión capitalina.
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Asamblea UEPC jueves 24 de agosto.
En ese sector del movimiento sindical docente se concentran actualmente todas las tensiones, al punto tal que la izquierda que conducirá la delegación Capital pidió un aumento del 60%, lo que fue negado desde el primer momento por el Gobierno de Córdoba, que en el tren de las complicaciones ya avisó que no otorgará a los maestros una suma que supere a lo acordado con los demás sectores que nuclean a estatales en la provincia.
Entre los reclamos históricos de la UEPC, en el pliego de condiciones elevados por la asamblea provincial, los docentes exigen un mayor porcentaje para los meses de agosto y setiembre; una clausula gatillo acumulativa para los últimos tres meses del año, y una cláusula de garantía del 10% en el mes de enero 2024 sobre el IPC enero-diciembre/2023. Si la semana que viene el schiarettismo no responde a esos reclamos, el clima de conflictividad y las asambleas volverán a ocupar el centro de la escena durante la primera semana de septiembre.
