El vocero del Arzobispado confirmó que elaboran una propuesta "inclusiva". Monitoreo del debate para que no quede nadie afuera. Los nexos políticos.
Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi
Tras el freno del Arzobispado de Córdoba que obligó a Martín Llaryora a retirar el proyecto de prohibición de "naranjitas" o cuidacoches mutó en una intervención eclesiástica directa. El presbítero Munir Bracco, vocero del cardenal Ángel Rossi, confirmó que la Iglesia está elaborando propuestas propias para que el texto final sea “inclusivo y serio”.
El referente de la Pastoral Social indicó a Letra P que mantuvo diálogo con legisladores con el objetivo de aportar a la discusión y que se convoquen a las partes para “no dejar a nadie afuera”. Para ello hay un equipo trabajando sobre el tema.
Además del proyecto de Gregorio Hernández Maqueda y el impulso del oficialismo, se sumaron dos nuevos más: el del radical Dante Rossi y el del presidente del PRO, Oscar Agost Carreño.
El mensaje que la Iglesia manda a la Unicameral a través de Bracco marca la cancha y lo posiciona en contra de la narrativa de "mano dura" que intenta instalar el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. "No hay que tratar a todos como delincuentes; hay gente que vive de esto y hay que ser claros", advirtió el presbítero.
La Iglesia busca que la regulación incluya la posibilidad de que los naranjitas brinden un "servicio" valorado y no sean vistos simplemente como una contravención a eliminar.
Este giro obligó en diciembre al oficialismo a recalcular. El intento de sacar la ley “entre gallos y medianoche”, como indicó en un comunicado la Arquidiócesis a fines de 2025, dejó un sabor amargo en la Pastoral, que ahora exige que se convoque a todas las partes: vecinos, especialistas y a los propios cuidacoches.
En el complejo ecosistema de la Unicameral, surgen nuevos proyectos que se suman a la discusión. Por un lado, Dante Rossi (UCR), quien confirmó a este medio que ha mantenido comunicación con Bracco, se mueve en sintonía fina con la Pastoral Social que lo coloca con una luz de ventaja en la mesa del cardenal Rossi.
Su proyecto propone prohibir a los naranjitas que se apostan en las zonas de estacionamiento medido porque genera un doble cobro y busca declarar la emergencia por ocho meses como apuesta a una transición ordenada. Mientras, pide establecer un esquema que combine el control -vía padrón y certificados de buena conducta- con una tarifa social de $500 la hora y otra especial más elevada cuando haya espectáculos.
El objetivo es que la capacitación y la reinserción a través del Programa Primer Paso (PPP) funcionen como una rampa de salida digna. “No hay que eliminarlos de la noche a la mañana. Hay gente decente que se gana el mango y que si le quitas eso lo obligas a delinquir”, dijo, marcando un límite ético frente a los reclamos de prohibición.
En una frecuencia distinta, pero igualmente alejada de la estridencia libertaria, se mueve Oscar Agost Carreño. El titular del PRO local busca dotar a los intendentes de herramientas de sanción reales mediante la tipificación penal del cobro en exceso y la regulación de los limpiavidrios, una actividad que hoy navega en un limbo jurídico absoluto.
Para el esquema de Agost Carreño, el problema no es la existencia de la actividad en sí, sino la falta de un marco de "orden administrativo" que permita a la autoridad competente intervenir cuando el servicio se transforma en extorsión.
Para gestionar este nuevo clima, Llaryora movió una pieza clave. Juan Manuel Llamosas, exintendente de Río Cuarto, asume la presidencia de la Comisión de Seguridad, en reemplazo de Nadia Fernández.
Con la exlegisladora, sumada recientemente a la cartera de Justicia comandada por Julián López, y con el ministro Quinteros, Llamosas comenzó a tener reuniones para ponerse al tanto de los temas de seguridad. También activó el diálogo con los intendentes del interior para darle al proyecto de cuidacoches un aval territorial que lo aleje de la mirada estrictamente "capitalina" y policial.
Entre sus tareas deberá prevalecer la de mediador para lograr transformar el proyecto punitivista (de Quinteros) o prohibicionista (de Maqueda) en una síntesis que el Arzobispado pueda bendecir.