Llega este jueves. Reunión con Pullaro y camaristas que firmaron acordada pidiendo recursos. La chance de los conjueces y el edificio que ya alquilaron los fiscales.
El ministro Mariano Cúneo Libarona estará jueves y viernes en Rosario.
Mariano Cúneo Libarona llegará este jueves a Rosario para contener el revuelo generado por la repentina decisión de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal. Sin agenda definida, se supo que el ministro de Justicia encabezará una conferencia en la Universidad Católica y se reunirá con el gobernador Maximiliano Pullaro y jueces federales.
El fuero penal federal de Santa Fe todavía está en shock. No por el contenido del anuncio sino por el apuro: el gobierno de Javier Milei anunció un jueves que pretendía que entre en vigencia al lunes siguiente. Esa idea chocó con la negativa de todos los actores del sistema judicial, quienes señalaron los obstáculos técnicos -más que nada en materia de equipamiento e infraestructura-. La Cámara de Apelaciones de Rosario recogió los pedidos en una acordada que firmó el viernes a última hora.
Antes, el presidente de la Corte Horacio Rosatti viajó a Rosario el mismo jueves de urgencia y se reunió con los jueces rosarinos. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió tres meses para implementar el sistema. Cúneo Libarona aflojó pero no tanto: puso como fecha de inicio el 6 de mayo.
Según recogió Letra P, casi no hay resistencias a la aplicación del paradigma acusatorio en el sistema penal federal rosarino. Todos coinciden en que otorgaría más celeridad y transparencia a los procesos. Tampoco se muestran reticentes los dos jueces de instrucción, Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, quienes perderían la potestad de investigar a manos de los fiscales. “Esto no es como en Comodoro Py, ellos ya delegan bastantes investigaciones en los fiscales”, explicó una fuente interna.
La decisión de Cúneo Libarona fue motivada por la crisis de violencia que atraviesa Rosario. En ese sentido, no hay un consenso mayoritario sobre los efectos del nuevo sistema en el control de dicha crisis: el derecho penal, por definición, siempre llega después de los hechos violentos, para juzgarlos y condenarlos. Prevenirlos es tarea de otras instituciones del estado.
Sin embargo, hay una idea generalizada de aprovechar la situación para implementar el nuevo Código -aprobado en 2015- de una vez por todas. Ya hubo visitas de los encargados de infraestructura y tecnología de la Corte y del Consejo de la Magistratura para adaptar los recursos existentes, por ejemplo.
El problema son los recursos. Lo expresó la Cámara en la Acordada 31/2024, en la que detalló la situación de las vacantes: no solo que los cargos creados por la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe no están cubiertos -seis jueces de garantía, seis jueces de revisión y dos jueces de ejecución-, sino que siguen vacantes cargos ya existentes: tres jueces federales -Santa Fe, Rafaela y San Nicolás- y dos camaristas.
Una de las propuestas que se baraja es echar mano a la lista de conjueces, ya confeccionada y aprobada por el Senado. Son seis juristas designados para reemplazar a los jueces cuando no pueden intervenir en una causa.
Lo cierto es que la carga laboral es alta. La Cámara de Apelaciones de Rosario es la segunda que más sentencias firma en todo el país, con un promedio de 22 decisiones diarias. El detalle es que solo un 25% de esas sentencias son de materia penal. Algo similar pasa con los juzgados de primera instancia en Rafaela, Venado Tuerto, San Nicolás y Santa Fe: son multifueros, no tratan sólo cuestiones penales.
El éxito o no del nuevo sistema depende de un organismo aún no creado: la Oficina de Gestión Judicial. Polea de transmisión administrativa, la OGJ es la encargada de distribuir la carga laboral, fijar audiencias, convocar a las partes y de todas las tareas administrativas que hoy llevan adelante los juzgados que dejarán de existir con el nuevo paradigma. La Cámara señaló que no se proveyeron los cargos necesarios para crearla. Para empezar, se habla de quince empleados. Entre los dos juzgados penales hay alrededor de sesenta.
En charlas informales los representantes gremiales calcularon que la planta actual se repartirá entre el Ministerio Público Fiscal, la OGJ y los juzgados que se encargarán de ir cerrando las causas residuales del sistema viejo. Es decir, el triple de trabajo con el mismo recurso humano. Por eso, comenzaron a exigir que se contrate más personal: “Salieron a anunciar con bombos y platillos el cambio pero hay que hacerlo bien, no podemos chocar un sistema que a priori es muy bueno”, expresaron.
Con el tiempo apremiando, el Ministerio Público Fiscal ya alquiló el edificio de Litoral Gas. Para algunas cosas sí hay plata: pagará unos $5 millones mensuales por tres años, ajustables trimestralmente según el índice UVA. La idea es que el trabajo de los fiscales se centre allí y readaptar para audiencias los lugares que liberen tanto en la casona de Bv. Oroño como en las oficinas de la Cámara en Entre Ríos al 400.
La solución es provisoria: no hay margen para esperar la construcción del centro de justicia planificado en los terrenos que el Poder Judicial de la Nación compró en el barrio de Refinería hace más de una década -Canning entre Junín y Alberdi-. Ese proyecto se movió recién en diciembre del año pasado, cuando el Consejo de la Magistratura autorizó destinar fondos para su construcción.
También se descartó la cesión del edificio que fue sede del Comando del II Cuerpo de Ejército -Sarmiento 1326-, que parecía un hecho durante el gobierno anterior. “Es una idea que vino y se fue con el gobierno anterior”, dijo una fuente judicial.
El sistema residual, es decir, los funcionarios encargados de sostener el sistema viejo para ir cerrando las causas que en él se están tramitando, también clama por recursos. Creen que cuanta más inversión haya, menos echarán mano a ellos para implementar el paradigma acusatorio y más tiempo tendrán para dedicarse a las causas en trámite. “Si nos ocupamos solamente del acusatorio, las causas del residual no avanzan y terminan prescribiendo”, apuntan.
Se trata de unas 4 mil causas “con alta probabilidad de condena”. No hay un cálculo de tiempo necesario para cerrarlas, pero sí señalan que en Salta y Jujuy -donde se aplica el nuevo Código hace algo más de cuatro años- todavía siguen con el sistema residual activo. Todavía no está definido cómo se implementará la transición, pero en los tribunales federales creen que los jueces ya designados deberán repartirse entre ambos sistemas por un buen tiempo. Será otra de las cuestiones que deberá resolver el ministro de Justicia cuando pise Rosario.