El Inecip respaldó la medida del ministro y propuso una hoja de ruta. ¿Faltan cargos? Los que "frenaron" el sistema acusatorio.
El cortesano Ricardo Lorenzetti le toma juramento a la jueza Silvina Andalaf Casiello en 2022 frente a otros miembros de la Cámara Federal en lo Criminal de Rosario.
La Justicia federal de Rosario trabaja contrarreloj para cumplir con la orden dictada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien la semana pasada exigió que se implemente de inmediato el Código Procesal Penal Federal para dar una respuesta a la inseguridad y la violencia que vive la ciudad.
La noticia provocó un cimbronazo entre jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales, quienes reclamaron más tiempo, cobertura de vacantes, instrumentación de la reorganización administrativa y edilicia en todo el ámbito de la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que incluye, además de esa ciudad, los juzgados federales de la capital provincial, Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás.
En medio de la apurada de tiempos que hizo el ministro Cúneo Libarona, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), organismo participó en múltiples procesos de reformas judiciales en el país y en el extranjero, puso sobre la mesa “7 medidas concretas para las próximas semanas” para la implementación del sistema acusatorio federal en Rosario y aludió a quienes apostaron en los últimos años a frenar su puesta en marcha.
Plantea en un documento público que, “tras cinco años de parálisis, el Ministerio de Justicia estableció que el próximo 6 de mayo se ponga en marcha el Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario, reanudando la implementación de este Código sancionado hace ya una década”.
“Hace cuatro años se había establecido que ese distrito y el de Mendoza serían los siguientes en poner en vigencia el sistema acusatorio tras el primer paso dado en Salta. Seguir dilatando los plazos sería un premio a quienes durante todo este tiempo apostaron por frenar esa implementación, antes que por preverla, prepararla e impulsarla”, señala el documento del Inecip.
El Inecip propone que el ministerio de Justicia conforme comisiones distritales que le otorguen previsibilidad al proceso y que la Procuración General de la Nación implemente “inmediatamente” la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, lo que implica “designar fiscales coordinadores de distrito, reorganizar las fiscalías convirtiéndolas en fiscalías de distrito, con áreas de servicios comunes y unidades especializadas en funciones críticas; y reconvertir a los ‘funcionarios’ en auxiliares y asistentes fiscales que potencien la capacidad de investigación y litigio, además de establecer equipos de investigación”.
También pretende el involucramiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que le reclama que colabore “con los recursos necesarios para la readecuación edilicia y tecnológica del Poder Judicial”.
A la Cámara de Casación Federal le reclama poner en marcha las oficinas judiciales de todo el país, “empezando por la inmediata designación de un coordinador distrital que dé inicio al proceso de creación” de estos espacios de trabajo. Esas oficinas son el corazón administrativo del nuevo sistema, desde la disposición de salas y audiencias, hasta las notificaciones.
En el caso del Consejo de la Magistratura sugiere que debe “relevar aquellos integrantes de los juzgados y tribunales que, en el nuevo sistema, deberán cambiar su función, e identificar quiénes pasarán a las oficinas judiciales y a los Ministerios Públicos, como establece la ley de implementación del Código”.
El Inecip mete el dedo en la llaga en uno de los aspectos que más cuesta cambiar: la reasignación de personas, que con el cambio de sistema dejarán de ser necesarias en los juzgados, “es llamativamente ignorada por quienes alegan una supuesta escasez de recursos humanos”, sostiene.
Al Poder Ejecutivo le pide que articule sus distintas agencias con los Estados provinciales y municipales para identificar los edificios que puedan asignarse a la implementación del nuevo sistema.
Por último, sugiere a la Defensoría General de la Nación reorganizar las defensorías públicas de acuerdo con su ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de 2015, para convertirlas en equipos de investigación, negociación y litigio, y no en tramitadoras de expedientes.
En su documento para la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción de Rosario, que incluye el norte bonaerense, plantea que es necesario el esfuerzo de todos los órganos responsables para buscar soluciones. “Sin este proceso de responsabilización, seguiremos con las eternas demoras que sólo favorecen a los grupos criminales que se beneficia.
El Inecip es una fundación que inició sus actividades en 1989. Uno de sus grandes referentes y fundador es Alberto Binder, profesor de Derecho Criminal y asesor en reformas judiciales desarrolladas en distintas provincias argentinas y países de América Latina.
Binder y el Inecip asesoraron a los ex gobernadores socialistas Antonio Bonfatti y Hermes Binner y hace diez años fueron actores muy importantes en el proceso de reforma judicial que utiliza, en el ámbito provincial, el sistema acusatorio.
La decisión del Ministerio de Justicia de implementar el lunes 18, con sólo cuatro días de anticipación, el sistema acusatorio provocó un terremoto en la Justicia Federal de Rosario. Frente a la resolución, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a Cúneo Libarona que prorrogue la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal por tres meses al menos. Cúneo Libarona les dio hasta el 6 de mayo.