La cumbre del poder político y judicial estará para la foto. Cómo fue la carrera contrarreloj para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal.
Mariano Cúneo Libarona y sus funcionarios, en una de las visitas que hicieron a Rosario.
Nadie se lo quiere perder. Este lunes, con la presencia del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la Corte Suprema de Justicia de la Nación -probablemente asista su presidente, Horacio Rosatti, pero no se descartan más cortesanos-, se pondrá en funciones el sistema acusatorio en la justicia federal penal de Rosario.
La excusa es una nueva reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Será la ceremonia con la que oficialmente comience a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal, (en la práctica entró en vigencia en el primer minuto del lunes) sancionado en 2015 pero que, hasta el día de hoy, sólo rige en Salta y Jujuy. Ahora se sumará a esas dos provincias la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario que, además de la ciudad mencionada, incluye a San Nicolás, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
La reforma implica un cambio de paradigma en la Justicia Federal. En el nuevo sistema, los fiscales son empoderados y son los responsables de investigar y motorizar la acusación penal los con el rol de investigadores. Esa tarea hasta ahora lo cumplían los jueces de instrucción primordialmente, que con la llegada del sistema acusatorio pasan a cumplir funciones de garantía, controlando que el proceso se desarrolle correctamente y atendiendo las incidencias procesales, pedidos de las partes, autorizando medidas, pero ya sin el poder de pesquisa.
El evento de este lunes será el corolario de un proceso vertiginoso que primero causó polémica y luego entusiasmo entre los operadores del sistema. Cúneo Libarona había ordenado en marzo que el sistema se pusiera en funciones y dio un plazo que dejó perplejos a todos por lo escueto: cuatro días. La decisión fue en el marco de la respuesta estatal a la saga de crímenes contra inocentes que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional calificaron como “narcoterrorismo”.
La novedad causó estupor en los tribunales federales rosarinos. Ningún actor relevante estaba al tanto ni había sido consultado por la conducción ministerial. Se multiplicaron las reuniones y los llamados a un ritmo frenético. Había (hay, aún) vacantes tanto en el viejo sistema como la totalidad de las creadas por la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Rosario. Tampoco estaba creada la Oficina Judicial, corazón administrativo del sistema, y los empleados se habían puesto en pie de guerra, calificando a la decisión como “improvisada, temeraria e inconsulta”.
El cascabel al gato se lo puso el Ministerio Público Fiscal. En una comunicación oficial, Eduardo Casal -titular del MPF- le solicitó a Cúneo Libarona una prórroga durante “un tiempo prudencial”. Tenía sentido: los fiscales son los que más carga laboral concentran con la reforma y, por ende, los que más recursos necesitaban. La Cámara de Apelaciones de Rosario también firmó una acordada enumerando obstáculos técnicos a resolver. El ministro de Justicia cedió y estiró el plazo para organizar la puesta en marcha del nuevo sistema hasta el 6 de mayo.
Con un mes y medio de trabajo por delante, casi todos los actores del sistema entendieron que era una oportunidad que había que aprovechar y se pusieron manos a la obra. El Ministerio de Justicia envió equipos técnicos para realizar un diagnóstico y empezar a diseñar una solución de contingencia para la cuestión de la infraestructura. Pocos días después, el propio Cúneo Libarona viajó a Rosario para comandar el operativo. Se reunió con jueces y camaristas y visitó a Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, quienes se pusieron a disposición.
El que no dudó en ponerse al frente de la transición y demostrar su “compromiso militante” -como lo definió él mismo- fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Apenas se conoció la decisión del Ministerio de Justicia, el cortesano viajó a Rosario y mantuvo un encuentro de cinco horas con los principales actores del sistema, quienes lo pusieron al tanto de las necesidades. “Tiene que salir y salir bien”, fue el mensaje que bajó el tribunal cimero. No fue la única visita del presidente de la Corte durante ese mes y medio.
En el fuero federal rosarino compartían la expectativa por aplicar el nuevo sistema y, contrariamente a lo que se esperaba, no hubo lugar para resistencias. Ni siquiera de parte de los jueces de instrucción penal Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, quienes hasta ahora tenían la llave de la puerta de entrada de las causas y la potestad de impulsarlas, dormirlas o desestimarlas. “Esto no es Comodoro Py, ellos ya delegan bastantes investigaciones en los fiscales”, explicó un conocedor del paño. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, también reorganizó rápidamente su estructura y hasta alquiló un nuevo edificio para funcionar.
Hay tres ejes en los que se trabaja para activar el nuevo paradigma. El problema de las vacantes era uno de los más conflictivo.
La Cámara de Casación Penal solucionó el tema en una acordada conocida horas antes de que se ponga en funciones el sistema, organizó tres colegios de jueces: uno de garantías -integrado por los jueces de la vieja instrucción penal más un juez de tribunal de juicio que cumplirá doble labor-, uno de juicio y ejecución -integrado por los miembros de los actuales tribunales de juicio- y uno de revisión -integrado por quienes integran la Cámara Federal-.
El segundo eje de trabajo fue el administrativo. El sistema acusatorio necesita, como requisito casi fundacional, una Oficina Judicial que es el corazón administrativo del sistema acusatorio. La OJ se encarga de la agenda de audiencias, distribuye el trabajo entre los jueces y hasta de organizar los traslados de los presos. Para crearla, se recurrió a empleados judiciales del sistema inquisitivo, que fueron enviados a capacitarse a Salta y Jujuy, donde ya se opera con el paradigma acusatorio. También se recurrió a la Oficina de Gestión Judicial de la justicia penal santafesina, organizada de la misma manera.
Por último, la cuestión edilicia requirió maximizar recursos. Se recurrió al edificio del ex Banco Nacional de Desarrollo, en Sarmiento y San Lorenzo, para trasladar dependencias y así liberar espacios en la vieja casona de Bulevar Oroño donde hoy funcionan los tribunales penales. Allí mismo se planean construir nuevas salas de audiencia. El MPF, por su parte, alquiló el viejo edificio que ocupaba Litoral Gas -en Mitre y San Lorenzo-, pero recién tendrá la llave en julio.