El ahora ex procurador del Tesoro Rodolfo Barra sintió este viernes en carne propia el filo de la motosierra del presidente Javier Milei: tras 379 días en el cargo, salió eyectado del gobierno, acusado de no defender los intereses del Estado.
En el amanecer de la gestión, el regreso a los primeros planos de este abogado peronista formado en la Universidad Católica Argentina (UCA), que fue ministro de Carlos Menem e integró la Corte de Justicia “adicta”, no pasaba desapercibido: el Presidente entronizaba como jefe del cuerpo letrado que debía defender al Estado durante la administración del achique a uno de los cerebros jurídicos del menemismo, la versión del peronismo que privatizó empresas públicas. Redondito.
La extensa trayectoria del veterano jurista de 77 años rebosa de grandes éxitos, pero quedó indisolublemente ligada al gobierno de Menem. Carrilero judicial, fue viceministro de Obras y Servicios Públicos en los inicios del mandato del riojano, para saltar luego al máximo tribunal, del que formó parte entre 1990 y 1993. Aquel paso fue producto de la ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve integrantes impulsada por el entonces mandatario. Nació así la denominada mayoría automática que le permitió a Menem controlar la cúpula de la Justicia al incorporar cuatro fichas propias al cuarto piso de Tribunales.
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Con todo, la década del 90 no se ahorraba demasías y en 1994 Barra colgó la toga suprema y volvió al Ejecutivo. No se escondió en un despacho de tercera línea: fue designado ministro de Justicia. Su regreso a la política a cielo abierto no se anduvo con chiquitas: fue también convencional constituyente representando al PJ en la reforma de la carta magna del 94, hija del Pacto de Olivos entre Menem y el líder radical Raúl Alfonsín.
Con militancia en la derecha peronista y de extracción católica, Barra fue uno de los cerebros jurídicos de la década menemista junto a quien fuera su superior en los primeros meses del regreso del peronismo al poder, en 1989: Roberto Dromi. El mendocino fue ministro de Obras y Servicios Públicos solamente dos años. Dejó el cargo en 1991, pero el proceso de privatizaciones de las empresas del Estado ya estaba en marcha. Dromi fue el arquitecto.
"Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, inmortalizó Dromi su fallido al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista compendiado en la ley 23.696 de Reforma del Estado sancionada en agosto de 1989, que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, entre ellas servicios básicos como el abastecimiento de electricidad, transporte, agua, y gas.
Privatizaciones: Menem, Cavallo, Duhalde y Dromi "Decalogo Menemista"
“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en manos de los privados”, recitó Milei en campaña, como un alumno orgulloso y aplicado que no pifia la cita histórica. Barra llegó a la gestión libertaria para traducir la motosierra en el lenguaje siempre opaco de los expedientes.
Herr Ministro
Barra fue ministro de Justicia hasta 1996. Tuvo que renunciar tras las revelaciones sobre su militancia juvenil en una organización de extrema derecha antisemita. La presión de la colectividad judía y de una opinión pública escaldada por los todavía recientes atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) forzaron su salida. La agrupación Memoria Activa y el Foro Argentino contra el Antisemitismo repudiaron la designación de Barra apenas minutos después de haberse conocido la noticia de su nombramiento, unos diez días antes de la asunción.
En los 90, cuando estalló el escándalo, también se supo que Barra había trabajado junto a Alberto Ottalagano, un dirigente autoproclamado fascista que fue interventor de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Isabel Perón. "Si fui nazi, me arrepiento", le dijo por aquellos días Barra a la revista Noticias.
Meses después del escándalo de su salida, el menemismo le dio refugio y lo nombró presidente del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Antes de abandonar la cartera judicial, en 1996, Barra había intentado aplicar la denominada Ley Mordaza, un proyecto que buscaba acorralar al periodismo, cada vez más crítico de la gestión de Menem, con el aumento de las penas por calumnias e injurias. También promovió una ley que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes del funcionariado y otra que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.
Barra, siglo 21
"El hombre de barba candado y elegante pipa Dunhill colgando de los labios acaba de resucitar de la muerte política. Esta figura emblemática del menemismo, frustrado espadachín de la pelea por la segunda reelección, recaló en la Auditoría General de la Nación y el Gobierno tendrá que acostumbrarse ahora a convivir con su presencia". Con ese párrafo conciso y elegante, el diario La Nación anunciaba el retorno de Barra a la política de primera. Fue en diciembre de 1999, para presidir el ente que debería controlar a la gestión de Fernando de la Rúa. Permaneció allí hasta febrero de 2002. Tiempos turbulentos.
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Diciembre 2011. Rodríguez Sáa presidente, Barra auditor.
Los últimos datos públicos sobre Barra reaparecen sobre 2018, cuando creció el debate sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ya en 1994, en la antesala de la Convención Constituyente, el exministro había sido el principal promotor de otorgarle rango constitucional a la defensa de la vida desde la concepción. En aquel momento, la militancia del grupo de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL) logró frenar esa decisión, que hubiera clausurado toda discusión posible sobre el derecho al aborto.
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Aquella postura se repitió en 2018 y en 2020, cuando finalmente el Congreso sancionó el proyecto. Barra fue uno de los principales oradores en contra de la ley en los plenarios de comisiones.
Pese a la intermitencia de sus apariciones en las dos últimas décadas, mantuvo su carrera docente en la UCA y en las universidades de La Matanza y Austral. Justamente en la casa de estudios que gerencia el Opus Dei tuvo a su cargo la diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública.