Buenos Aires incorporó en el Presupuesto 2026 el pase de esos fondos al IPS, pero el tema fue judicializado y las escuelas siguen derivando las obligaciones a ANSES.
Los aportes jubilatorios de docentes de escuelas privadas bonaerenses quedaron en el centro de una pulseada judicial entre el gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei. La provincia incorporó en el Presupuesto 2026 la obligación de que esos trabajadores aporten al IPS en lugar de ANSES, pero el tema fue judicializado y los empleadores siguen pagando donde siempre.
La modificación a la ley provincial 9650 -el régimen previsional bonaerense- estableció que el personal administrativo, de maestranza y los docentes de materias extraprogramáticas de colegios privados dejarían de aportar al sistema nacional para pasar a la órbita del Instituto de Previsión Social. La medida, incluida en el presupuesto aprobado a fines de 2025, entró en vigencia en mayo de este año.
El sector empleador rechazó el cambio desde el primer momento. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) cuestionó que la decisión fuera tomada sin consulta previa y advirtió sobre su impacto económico: las contribuciones patronales pasaron del 11% al 16%, un salto que golpea a los colegios, que ya enfrentan caída de matrícula y aumento de la morosidad.
"Se tomó la decisión sin consultar al sector y trae consecuencias", dijo el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita. El dirigente fue más allá y anticipó que el asunto derivó en un conflicto legal: "Esto está judicializado, el tema del aporte de los empleados es algo que está bajo reclamo". Mientras tanto, las escuelas optaron por mantenerse en el esquema anterior. "Nosotros seguimos donde se pagó siempre, hasta que esto se resuelva", sostuvo.
En el fondo hay una tensión entre dos leyes: una provincial que obliga a aportar al IPS choca con el régimen nacional que regula ANSES. Hay dos causas abiertas: una presentada ante la Justicia provincial y otra ante la nacional, ambas con pedidos de inconstitucionalidad y cautelar. El IPS todavía no fue notificado formalmente de ninguna de las dos.
Del otro lado, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que conduce Adriana Donzelli, celebró la medida como "un logro histórico". Para el gremio, el pase al IPS completa un esquema de equiparación de derechos que la docencia extraprogramática venía reclamando desde hace años: salario, régimen previsional, licencias y estabilidad laboral acordes al resto de la docencia bonaerense.
La situación dejó a los propios trabajadores en una zona de incertidumbre. Zurita advirtió que quienes están próximos a jubilarse son los más afectados por la indefinición: "Hay trabajadores muy preocupados porque tienen un cambio de estas características a último momento y todavía la información está en proceso".
Con todo, hay señales de movimiento. Algunas asociaciones y gremios ya manifestaron voluntad de empezar a aportar al IPS y hay conversaciones en marcha para concretarlo en los próximos meses. El organismo provincial trabaja para habilitar el alta de esos trabajadores antes de fin de año.
