El magistrado denegó un pedido para enviar la fuerza pública a buscarla. Define la cámara. Reunión con el procurador Casal. Billeteras virtuales, en la mira.
Karina Milei.
Karina Milei, con Lule Menem y Sebastián Pareja
Karina Milei celebró este martes un fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que consideró "improcedente" el pedido de la comisión de Diputados que investiga el caso $LIBRA para llevar por la fuerza a testigos. La oposición no se dio por vencida y definió apelar la decisión. Además, coordinó una reunión con el procurador Eduardo Casal.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), aportó otro dato: el titular de la criptomoneda, Hayden Davis, se negó a participar de la investigación a través de un oficio que enviaron sus abogados.
La resolución de Martínez de Giorgi se firmó en la noche del lunes y sorprendió en el Congreso por la amplitud de criterios. El juez calificó como "constitucionalmente inadmisible" que una comisión legislativa amplíe sus atribuciones "por vía reglamentaria", como dispuso la oposición que domina la investigación parlamentaria de la criptomoneda.
El magistrado respondió a una solicitud realizada para garantizar la asistencia de otros testigos llamados por la comisión, como el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; María Florencia Zicavo (funcionaria del Ministerio de Justicia); el presidente de la comisión de Valores, Eduardo Silva; y Paula Stark (UIF). Con este antecedente, el resto de los testigos que falten no tendrá consecuencias. Un caso es el de la secretaria general.
La investigación continuará con la búsqueda de información de billeteras virtuales que participaron del fondo de $Libra. La oposición tiene expectativa de que haya figuras del Gobierno que participaron del movimiento de dinero en la previa del tuit de Javier Milei que subió su cotización y luego provocó su caída estrepitosa.
El pedido original para la intervención de la fuerzas públicas para llevar a los testigos fue realizado al juez Julián Ercolini, quien la derivó a Carlos Rívolo y, éste a su vez, a Martínez de Giorgi, que finalmente tomó la decisión de impedir que salgan patrulleros a buscar invitados. Previamente, hubo un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que nadie vio.
Un grupo de diputados opositores se reunió este martes con Martínez de Giorgi, cuestionó su decisión, anticipó que apelarán y exigió el acceso irrestricto a la causa. Quieren conocer los informes de OA y la Unidad de investigación que funcionó en el Ministerio de Justicia. También solicitan conocer las operaciones de 74 billeteras virtuales que operaron antes del tuit presidencial.
Algunos diputados sostenían que los argumentos del juez para no enviar patrulleros a las casas de los testigos son los mismos que usó para faltar a la comisión el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sospechan de una connivencia.
La apelación fue votada en la comisión con respaldo de toda la oposición dura: Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la salteña Yolanda Vega. La Libertad Avanza logró la ausencia de aliados como Soledad Carrizo y Lisandro Nieri (UCR), Agustín Domingo (Innovación Federal), Eduardo Falcone (Coherencia), Martín Maquieyra y Javier Sánchez Wrba (PRO), Francisco Monti (radicales violetas).
"Esta comisión no tiene control judicial y contiene amplias facultades, que no alteran los derechos individuales. Lo único que hace la justicia es un control preventivo", protestó Oscar Carreño (EF). Sabrina Selva, de UP, acusó al juez de "tratar de influir en la investigación". El pleno nos dio el mandato para armar un reglamento y dispuso un auxilio judicial", sostuvo la diputada. Recordó que la justicia en lo contencioso administrativo rechazó un pedido de Zicavo para no asistir.
Rodolfo Tailhade, de UP, desplegó antecedentes del Congreso para justificar que los testigos rebeldes asistan por la fuerza. El último de ellos fue en 2023, durante la comisión de juicio político, cuando el extitular de la obra social de la justicia, Adrián Tonón, asistió recién después de recibir una advertencia policial.
"Si un juez me llama a declarar como testigo y no voy. Llevo un escrito y digo que puedo incriminarme. Ella no lo hizo", diferenció el diputado. Ferraro también cuestionó a Martínez de Giorgi. Consideró su resolución arbitraria y una inferencia directa en el poder legislativo. "Hay antecedentes de las comisiones de AMIA y de lavado de activos con amplias facultades para citar testigos", comparó el diputado de la Coalición Cívica,
Carreño citó una comisión investigadora de 1984, cuando la oposición encabezó un allanamiento en el estudio Klein & Mairal, en el octavo piso de Lavalle 1171, de donde extrajeron documentos. LLA celebró la resolución de Martínez de Giorgi. "El juez dijo con claridad que las atribuciones de esta comisión son inconstitucionales", celebró la neuquina.
La mayoría opositora tomó otras decisiones y confirmó que el miércoles 15 se reunirán con el procurador Casal, entre otras cosas para consultarle por la actuación de Taiano. También consensuaron pedir información a Ripio, la exchange que participó del lanzamiento de $LIBRA que más usuarios tienen: alrededor de cuatro millones.
El diputado Juan Marino (UP) sostuvo que Milei mintió cuando dijo que sólo podían operar especialistas en cripto. Otro de los pedidos a Martínez de Giorgi es sobre cómo está plataforma accedió a información del token $Libra. Carreño informó que evaluarán las transacciones en Binance, enviadas a la comisión, entre las que se encuentra una billetera virtual de Mauricio Novelli.
En la oposición sospechan que pudo haberse girado dinero a funcionarios que podrían haber participado de las transacciones. Novelli no pudo ser notificado por la comisión, al igual que otros empresarios criptos, como Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Tampoco respondió a la solicitud Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina. Davis sí respondió. Dijo que no declarará.