El bloque conducido por Vischi exige modificaciones para dictaminar. Vuelve con el pedido contra la CGT que el Gobierno borró en Diputados gracias a Pichetto.
Eduardo Vischi, jefe del bloque UCR del Senado, complica la aprobación de la ley ómnibus.
La empantanada negociación para dictaminar la ley ómnibus XS en el Senado sumó un problema inesperado para el Gobierno: cansado de esperar un consenso que no llega, la conducción del bloque UCR, que hasta ahora se mostraba dispuesta a colaborar a libro cerrado, comenzó a exigir una lista de modificaciones, entre las que se cuenta incorporar la eliminación de la cuota sindical obligatoria.
Es una de las propuestas que el radicalismo hizo en la Cámara de Diputados, pero fue desechada por el Gobierno ante la imposibilidad de conseguir aliados de otras fuerzas. Miguel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, lideró la resistencia que al final logró imponerse.
Durante la sesión de la cámara baja, el bloque conducido por Rodrigo De Loredo tuvo que conformarse con elevar su propuesta contra la CGT en el recinto, donde quedó en minoría. Otra idea radical que fue rechazada en Diputados fue la de incorporar como causal de despido el bloqueo a las empresas. También forma parte del pliego de condiciones que elevó la UCR del Senado para dictaminar la semana próxima.
El Gobierno no parece interesado en enturbiar la negociación con otra pelea con los gremios. Por el contrario, entre las modificaciones que envió en borradores al Senado este miércoles, está la de suavizar la reforma laboral.
Es así porque reduce de cinco a tres la cantidad de empleados permitidos sin registrar. Ese artículo fue el más cuestionado por los líderes de la CGT cuando expusieron en la cámara alta.
El bloque de la UCR del Senado expuso las modificaciones que pide a la ley ómnibus en el plenario de comisiones del miércoles, después del primer cuarto intermedio. El encargado de leerlas fue Víctor Zimmermann, quien unos minutos antes, junto al jefe de su bloque Eduardo Vischi, se las había enumerado a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
En ese momento, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, había enviado sus propuestas de cambios, con los planteos recogidos por los bloques opositores en la última semana. Los pedidos de la UCR no fueron incluidos y, ante la imposibilidad de dictaminar, la conducción de la bancada decidió ir por todo o nada.
El bloque abandonó así su postura colaboracionista, promovida por los gobernadores, quienes hace 15 días intentaron sin éxito ablandar a los dos senadores de la bancada que se niegan a dictaminar: Pablo Blanco y Martín Lousteau. El fueguino colaboró con la propuesta de su bloque, mientras que el economista se mantuvo al margen.
Además de la reforma laboral, la UCR exige otras correcciones a la ley ómnibus. Primero, solicita que no puedan disolverse organismos de ciencia y tecnología; y que se garantice su funcionamiento, en el marco de la Agenda 2030, denostada por Javier Milei.
El radicalismo también pide sostener las rutas no comerciales de Aerolíneas Argentinas y la prestación de servicios del Correo Argentino en pueblos del interior, si es que estas empresas son privatizadas.
Incorpora una reforma al capítulo de reforma del Estado para que no puedan ponerse en disponibilidad a personas embarazadas o con licencia por matrimonio y accidente. El texto original sólo protege a delegados sindicales.
Como parte de la eliminación de los acuerdos transaccionales, la UCR solicita la reformulación de los contratos de obras públicas, previo informe de transparencia.
En el aparato laboral, además, el radicalismo sugiere artículos para definir “con claridad el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo”.
En el capítulo de energía, la UCR solicita garantizar el abastecimiento interno en hidrocarburos. Hay además un programa de incentivos para emprendedores.
La UCR requiere modificaciones al Registro de incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos más polémicos de la ley ómnibus. Plantea dejar clara la competencia de las provincias para definir si acepta la inversión; y suma artículos para proteger la industria nacional y garantizar proveedores locales.
A los inversores, además, la UCR les pide reinvertir un 20% en proyectos sectoriales y estratégicos. Y quiere que el cobro de exportaciones de productos que queden exceptuados de liquidar en el mercado de cambios sea desde la puesta en marcha del proyecto.
El radicalismo solicita, además. que a partir de los diez años de funcionamiento de un proyecto los beneficios sean decrecientes. Las comisiones volverían a reunirse el martes o miércoles en el Senado. Hay mucho qué negociar.