Si no pasa el filtro, no podrá intervenir ni disolver organismos. Apuesta a la abstención de radicales y una ayuda de UP. El RIGI, en capilla. Partidos provinciales y Santiago del Estero, la clave en el Senado.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Volverá a coordinar el debate de la ley ómnibus.
En el Gobierno tienen confianza en lograr la aprobación de la ley ómnibus XS, pero descuentan que, como en febrero, algunos artículos tendrían menos consenso y deberán ajustar cuentas para evitar que se caigan. Los más endebles son los referidos a la reforma del Estado, que habilitan intervenir y disolver organismos.
Decidido a no repetir la historia del verano, Martín Menem chequeó los números y está seguro de tener los votos necesarios para mandar al Senado el dictamen completo. La aprobación en general no es un problema para el oficialismo: superaría los 140 votos. El temor es la particular, cuando se define el destino de cada artículo. En febrero, Javier Milei no aceptó que en esa instancia la oposición reescriba el proyecto y ordenó suspender la sesión.
El equipo del Presidente hace cuentas para que la situación no se repita. Suman 84 voluntades fijas (LLA, PRO y aliados) y necesitan llegar a 129 para cada votación. La paleta de posibles aliados la componen Hacemos Coalición Federal (22 votos), UCR (34) y partidos provinciales, agrupados en Innovación Federal (8) y los bloques de Santa Cruz (2), San Juan (2) y Neuquén (1).
En HCF hay cuatro rechazos: Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón y Mónica Fein, los últimos dos, del socialismo. La interna radical vuelve a ser la gran condicionante, por la resistencia a apoyar el proyecto de quienes se identifican con Martín Lousteau o Facundo Manes.
En reuniones con sus colegas, el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, dijo tener 24 votos garantizados y no genera confianza. Si son menos, podrían complicarse la aprobación de algunos artículos.
La fallida sesión del miércoles, convocada para tratar el presupuesto universitario, fue un mal síntoma: De Loredo pidió a su bloque no bajar al recinto y hubo 15 bancas ocupadas.
El grupo identificado por Lousteau, liderado por Danya Tavela, decidió rechazar el artículo tres y el seis del dictamen de la ley ómnibus, que refieren a la reforma del Estado.
El primero permite organizar la estructura jurídica de los organismos públicos, si es necesario, con la fusión, escisión y disolución. El Gobierno concedió anexar una lista de dependencias que protegerá (como Innca, Incucai y Enacom), pero no conformó al radicalismo díscolo. “Van a mantener la chapa y vaciarlos”, sospechan en ese sector.
Por perdido de Margarita Stolbizer, en su disidencia, HCF pidió sumar al INTI, al Instituto de Música y al de Teatro. Este viernes, el Comité nacional de la UCR, que preside Lousteau, pidió en un comunicado proteger el Banco Nacional de Datos Genéticos, que no estaba incluida en la lista. El artículo sexto habilita al Gobierno a disolver los organismos por un año. El quinto es el que habilita la eliminación de los fondos fiduciarios. El último texto conserva el de zonas frías y garantiza el flujo de fondos a las provincias de los que hayan sido financiados con impuestos que sean coparticipables. No fue objetado por los gobernadores. Si el capítulo se vota completo, podría peligrar.
La llave para sostener este fragmento del proyecto la tienen los partidos provinciales, que en febrero pulsaron el botón rojo más de lo esperado. “Esta vez no ocurrirá y la ley va a salir”, aseguró a Letra P un referente de Innovación Federal.
La Coalición Cívica, el sello de Elisa Carrió, que tiene seis miembros e integra HCF, será otra clave de la votación en particular de la ley ómnibus. A diferencia del resto de los dialoguistas, presentaron un dictamen propio que no incluye las facultades delegadas y omite la reforma del Estado, porque no podría llevarse a cabo sin esas atribuciones.
Una sugerencia que recibió Menem es que se vote por capítulo, para agilizar la sesión y no incentivar al rechazo. En febrero, la resistencia de la UCR a respaldar la reforma del Estado obligó al riojano a votar por incisos y se fueron cayendo de a uno.
En el dictamen aprobado el jueves, la reforma del Estado es el título dos del capítulo uno. El oficialismo asegura que están los votos porque, de lo contrario, lo hubieran omitido de la versión final, como ocurrió con la privatización del Banco Nación.
Fuentes de la UCR señalan que el secreto de LLA es lograr que haya abstenciones radicales y ausencias en Unión por la Patria. El Gobierno tiene confianza en la ayuda de Santiago del Estero y Catamarca.
Como no se trata de una reforma impositiva, penal ni tributaria, la reforma del Estado necesita únicamente la mitad más uno de los presentes al momento de votar en cualquiera de las cámaras del Congreso.
El resto de la ley ómnibus tiene algunos capítulos cuestionados, aunque la expectativa mayoritaria en la cámara baja es que sean aprobados.
El Gobierno no cedió a que el Registro Nacional de Inversores (RIGI), permita la adhesión a pequeñas empresas. Sólo están habilitadas las que puedan aportar 200 millones de dólares a un proyecto.
Esta restricción fue parte de la disidencia del dictamen de HCF. El lunes, deben definir si juegan a anular el capítulo o lo aprueban y proponen agregarle un texto.
Las privatizaciones también serán rechazadas por una parte de la UCR, mientras que la Coalición Cívica propuso un esquema más ambicioso en su dictamen y no definió si lo pide después de votar el que está.
Otro árbitro de la votación serán los cuatro votos de Córdoba cercanos al gobierno provincial, que en febrero voltearon varios artículos.
El jueves, Córdoba no logró incorporar en el dictamen una ayuda a las cajas previsionales con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Para evitar que se cuele en el recinto, junto a un aumento del 8% en las jubilaciones (firmado en la disidencia), el Gobierno eliminó el artículo que permitía consolidar la deuda de ese organismo con el Tesoro.
La UCR, HCF y los partidos provinciales pedirán incorporar un artículo para gravar a Tabacalera Sarandí, aunque Unión por la Patria no definió si acompañará. “Es una pelea de lobbys en la que no vamos a entrar”, señalan en la bancada.
El Gobierno también tienen un ojo puesto en lo que harán los partidos provinciales que definen el cuórum en el Senado. Se cuentan a Misiones, Río Negro y Santa Cruz, que reúnen cinco votos decisivos en la cámara alta.
Victoria Villarruel nunca más pudo volver a reunir los 39 votos, dos más que el cuórum, que en diciembre le permitieron elegir autoridades de la cámara, porque la dupla santacruceña se rebeló y Martín Lousteau se convirtió en un opositor raso.
Además, la neuquina Lucila Crexell selló una alianza con el gobernador Rolando Figueroa, pero juega de outsider y no tiene una buena relación con la vicepresidenta.
La conducta de estos aliados dependerá mucho de cómo se lleve a cabo la sesión en Diputados. Si termina sin escándalos, al Gobierno le será más fácil tenerlos de su lado.
Para no depender de este grupo, el ministro de Interior, Guillermo Francos, busca aliados en las provincias del norte gobernadas por Unión por la Patria, favorecidas por la reversión del Impuesto a las Ganancias, parte del paquete fiscal. Santiago del Estero es la más buscada, porque aporta siete votos en Diputados y tres en el Senado. Catamarca es la otra, con cuatro y dos. Las gestiones seguirán hasta último momento.