El debate se realizó en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. El despacho de mayoría tuvo 61 firmas y, aunque hubo modificaciones hasta último momento, las diferencias se plasmaron en el papel.
La Coalición Cívica; el socialismo y Margarita Stolbizer -que están en HCF- presentaron dictámenes propios. El lilito Juan López, anunció que no impedirá la ley, aunque le reclamó a Javier Milei hablar menos. “El Presidente juega con la idea del autoboicot. Tal vez no crea que no pueda gobernar con las herramientas que le damos”, chicaneó, en referencias a las declaraciones del economista en la Fundación Libertad.
La ley ómnibus con reforma laboral
El plenario fue conducido por el oficialista Santiago Santurio, flamante presidente de la Comisión de Legislación General. Cómo en el verano, dialoguistas y libertarios cambiaron borradores hasta último minuto.
“No sea cosa que sea como en febrero, que firmaron sin saber qué era”, se burló Germán Martínez, de Unión por la Patria. El dictamen mantuvo la emergencia por un año en materias administrativa, económica, financiera y energética.
Las bases de la delegación pueden volver a caer en el recinto. Son parte de la disidencia de la Coalición y en la UCR hay al menos 15 de sus 34 miembros que podrían rechazarla y los números están justos. “El presidente negó su propia firma cuando se aumentó su salario. No podemos darle facultades especiales”, sostuvo López.
La mitad del bloque UCR no vota avala la disolución de organismos. No alcanzó con la lista de excluidos, como el INCCA, Incucai y el Enacom.
El único tema que unió a la UCR fue el pedido para eliminar las cuotas sindicales, excluido de la última versión de la reforma laboral que finalmente anexó el Gobierno al proyecto. El radicalismo quedaría en minoría, porque HCF no lo avala.
El capítulo laboral se redujo de 60 a 15 artículos. Están los fragmentos que pedía HCF, como el aumento del período de prueba -será de entre seis meses y un año-, la eliminación de multas por no registración y un fondo de cese laboral, optativo a la indemnización. La oposición rechaza las penas por bloqueos a empresas y buscará borrarlas en el recinto.
El rey de Tabaco
Las disidencias de la oposición dialoguista tuvieron una coincidencia: la necesidad de incorporar un impuesto al tabaco, para gravar a la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, favorecida por exenciones que le permiten tener una posición mayoritaria en el mercado.
La UCR, HCF y los partidos provinciales anticiparon que lo pedirán en el recinto, durante la votación en particular. “Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales, y al mismo tiempo corregir la inequidad horizontal que plantea que contribuyentes similares enfrentan distintos costos impositivos”, sostuvo el radical Lisandro Nieri.
Oscar Carreño, de HCF, ratificó que su bloque pedirá por ese artículo. “Vamos a insistir para que no haya dudas de lobbys, incorporaremos el mismo texto que mandó el Gobierno en enero. Sólo pedimos que la AFIP sea autoridad de aplicación”. Si el oficialismo se resiste, el futuro de Sarandí dependerá de Unión por la Patria.
Carreño anunció otras disidencias que buscarán incorporar en la votación en particular, el momento de mayor temor para La Libertad Avanza. Solicitó excluir al Inti y el Instituto del Teatro de los organismos a disolver.
Jubilaciones y privatizadas
Otro reclamo de HCF fue sobre jubilaciones. Piden un 8% de aumento para compensar la inflación de enero. Lo plantearán en el recinto para discutirlo en comisión. También reclamaron financiamiento a las cajas previsionales, con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El gobierno prometió giros a esas provincias en los próximos días.
Tuvo que borrarse del dictamen el artículo que consolidaba las deudas del FGS con el tesoro y flexibiliza el manejo de sus activos. Por la pelea de las cajas previsionales, no tenía los votos.
Con la exclusión del Banco Nación, el capítulo de privatizaciones quedó reducido a 11 empresas. Cuatro se pondrán vender en su totalidad: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
Otras cinco serán entregadas en concesión: Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sosfe) y Corredores Viales.
Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCF) serán privatizaciones parciales. La oposición incorporó un control del Congreso (a través de una bicameral), de la AGN y la SIGEN.
Otros capítulos de la ley bases pasaron sin problemas, como el referido a energía y gas, o la reforma de procedimientos administrativos, que permitirá poner en disponibilidad a agentes públicos de organismos cerrados. El artículo para eliminar los fideicomisos se sostuvo, pero con garantías de respetar los giros previstos a las provincias.
La moratoria previsional será eliminada, como pide el FMI. A cambio, el Gobierno aceptó una propuesta de la UCR para crear una prestación previsional para quienes no completaron sus aportes. Quedó fuera del texto el artículo que pedía Milei para desregular la economía a gusto.
Oficialismo ausente
La discusión en comisión tuvo algunas particularidades, como que no hubo oradores de La Libertad Avanza que defendieron el contenido del proyecto. Facundo Correa Llano y Gabriel Bornoroni hablaron de generalidades.
“Se eliminan trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos”, sostuvo Bornoroni.
El PRO ofició de defensor del Gobierno. “Estamos para acompañar un programa y darle herramientas al Gobierno que decidieron la mayoría de los argentinos”, sostuvo Silvia Lospennato (PRO).
“Los tiempos cambiaron. La inflación está bajando y el rumbo que marcó Milei es claro. Este Congreso tiene el deber de darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para la etapa siguiente”, sostuvo Damián Arabia, cercano a Bullrich.
El debate tuvo algunos momentos tensos cuando Santurio y José Luis Espert (presidente de la Comisión de Presupuesto), cortaron a los oradores de Unión por la Patria que se excedían en el tiempo, como Agustina Propato o Carlos Castegnetto, quien dejó de hablar porque el economista le exigía terminar.
El oficialista Martínez sostuvo que la ley ómnibus es complementaria del DNU 70/23 y anunció que pedirá sesión para derogarlo. Sería durante el debate de la norma dictaminada este jueves.